Su intervención busca "garantizar la defensa de los intereses de los valencianos, especialmente porque en el caso están implicados dos ex altos cargos que están siendo investigados".
La Generalitat Valenciana ha solicitado formalmente a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja personarse en la causa que investiga la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) del pasado 29 de octubre de 2024, un fenómeno meteorológico que causó devastadoras inundaciones y dejó un saldo oficial de 228 fallecidos en la Comunidad Valenciana.
Según han confirmado fuentes del Gobierno valenciano, esta decisión responde al interés de la administración autonómica por tener acceso completo al procedimiento judicial y estar preparada ante posibles responsabilidades civiles subsidiarias que pudieran derivarse de la investigación.
La solicitud, adelantada inicialmente por el medio Vozpópuli, será ahora evaluada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, quien lleva las pesquisas sobre los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia relacionados con la gestión de la catástrofe. Desde la Presidencia de la Generalitat han explicado,
El objetivo de esta personación es participar activamente en el proceso judicial, garantizar la defensa de los intereses de los valencianos y estar presentes desde el primer momento.
Además, han destacado que la implicación de dos ex altos cargos del Ejecutivo autonómico, actualmente investigados, podría derivar en responsabilidades civiles, lo que refuerza la necesidad de esta medida.
Los ex altos cargos en cuestión son Salomé Pradas, quien fuera consellera de Justicia e Interior durante la tragedia, y Emilio Argüeso, su número dos como secretario autonómico de Emergencias. Ambos están citados a declarar como investigados este viernes, 11 de abril, en el marco de una causa que ha puesto bajo escrutinio la respuesta institucional ante las inundaciones. La investigación judicial ha apuntado a posibles negligencias, como la tardanza en el envío de la alerta masiva a la población a través del sistema ES-Alert, que no se activó hasta las 20:11 horas del 29 de octubre, cuando ya se habían producido numerosas víctimas.
Un cambio de estrategia del Consell
Hasta ahora, el Gobierno valenciano, liderado por Carlos Mazón, había mantenido una postura de no intervención directa en la causa, limitándose a expresar su disposición a colaborar con la justicia. Sin embargo, este movimiento supone un cambio de estrategia que, según fuentes oficiales, busca anticiparse a las posibles consecuencias legales y económicas derivadas del proceso.
Hay dos ex altos cargos investigados y podrían derivarse responsabilidades de tipo civil.
Han insistido desde Presidencia, subrayando que la Generalitat quiere estar en posición de defenderse y proteger los intereses públicos.
El president Mazón, al llegar esta mañana al Palau de la Generalitat para presidir la reunión semanal del pleno del Consell, ha evadido responder directamente a las preguntas de los periodistas sobre esta solicitud. No obstante, ha reiterado su «máximo respeto» y «máximo nivel de colaboración» con la investigación judicial, una declaración que ha repetido en múltiples ocasiones desde el inicio de las pesquisas.
Mazón ha preferido centrar su intervención en anunciar su asistencia, este mismo martes, a la firma del primer Pacto del Agua por L’Albufera, un acuerdo que ha calificado de «histórico» para la gestión hídrica de la región.
Acusaciones populares y particulares en la causa
La causa judicial, que acumula ya más de un centenar de testigos y analiza la muerte de al menos 225 personas, cuenta con una notable participación de actores sociales y políticos. Varios partidos, como Podemos, Vox, PSPV-PSOE y Ciudadanos, se han personado como acusaciones populares tras abonar una fianza de 6.000 euros cada uno. Asimismo, asociaciones como Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Hazte Oír y Mai Més, junto al sindicato FTAP-CGT, también forman parte de esta categoría.
Por su parte, diversas asociaciones de familiares de las víctimas han optado por personarse como acusaciones particulares, buscando justicia por la pérdida de sus seres queridos.
La jueza Ruiz Tobarra ha rechazado hasta el momento citar a Mazón como investigado, argumentando su condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Sin embargo, le ha ofrecido la posibilidad de declarar voluntariamente, una opción que el president ha descartado en reiteradas ocasiones.
Según la información disponible en el portal oficial de la Generalitat Valenciana (gva.es), el Gobierno autonómico tiene competencias exclusivas en materia de protección civil, tal como establece el Estatuto de Autonomía. Este marco legal ha sido clave en la instrucción judicial, que ha descartado responsabilidades penales de organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y ha centrado su foco en la actuación de las autoridades autonómicas.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha informado que las diligencias previas se encuentran en una fase avanzada, con más de 160 fallecimientos ya incorporados a la investigación. La jueza ha destacado en sus autos que la alerta emitida por la Generalitat fue «tardía y errónea», y ha subrayado que existía información suficiente por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el servicio de emergencias 112 para haber actuado con mayor antelación.
Este nuevo paso de la Generalitat Valenciana abre un capítulo más en una investigación que sigue conmocionando a la sociedad valenciana, mientras las familias de las víctimas y la ciudadanía esperan respuestas sobre lo ocurrido aquel fatídico 29 de octubre.
Fotografía portada: Archivo Dana Valencia – Carlos Mazón asiste a la reunión del CECOPI a 05/11/2024.
