Camarero: "Se trata de una decisión hecha a la medida de los intereses de los socios independentistas de Pedro Sánchez que genera desigualdad entre las autonomías".
La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha comunicado que la Generalitat Valenciana se opondrá a la propuesta del Gobierno central de establecer un mecanismo para acoger a menores migrantes no acompañados sin contar con las comunidades autónomas.
Camarero ha declarado esto antes de asistir el lunes 5 de mayo a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la cual se presentará a las comunidades autónomas para su votación el Real Decreto que el Gobierno central ha propuesto para la distribución de los menores migrantes.
La consellera ha expresado su firme rechazo a este decreto, calificándolo de una falta de respeto institucional, ya que, en su opinión, esta convocatoria burla el reglamento y tiene como objetivo atropellar nuevamente las competencias autonómicas, algo que la Comunitat Valenciana no aceptará.
Sobre el contenido del decreto, Camarero ha criticado que la distribución de menores establecida en el Real Decreto responda a los intereses de los aliados independentistas de Pedro Sánchez, lo que, a su juicio, crea una desigualdad injustificable entre las comunidades autónomas. Ha lamentado que Sánchez intente que las autonomías respalden un decreto-ley que considera inconstitucional,
Invadiría competencias autonómicas y representaría un intento del Gobierno de negociar con los menores migrantes para satisfacer las demandas del independentismo catalán.
Camarero ha subrayado que la crisis humanitaria provocada por la falta de una política migratoria adecuada del Gobierno está empeorando desde hace años, y que el Real Decreto ha sido aprobado en el Congreso sin el consenso de las comunidades autónomas, a las que se les pretende echar la culpa de esta incapacidad política. Por todo ello, ha anunciado que la Generalitat presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que esta decisión del Gobierno de Sánchez es una intromisión en las competencias de la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores.
La consellera también ha expresado su desacuerdo con los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados que llegan desde Canarias, señalando que no toma en cuenta a las comunidades como la Valenciana, que han hecho un esfuerzo considerable para acoger a estos menores a lo largo de los años.
Camarero ha detallado que el sistema de protección de la Comunitat Valenciana se encuentra en una situación crítica, con una ocupación cercana al 160%, a pesar de que el año pasado se ampliaron las plazas disponibles. Ha asegurado,
Aunque la Comunitat Valenciana es una región solidaria, no puede seguir absorbiendo más menores bajo el modelo propuesto por Sánchez, que solo busca parchear la situación sin una estrategia migratoria seria.
Ha defendido que este tipo de política migratoria requiere de una actuación efectiva en los países de origen y no de decisiones que sigan favoreciendo a las mafias.
Finalmente, ha insistido en que la Generalitat votará en contra de la distribución de menores propuesta, ya que pone en peligro el sistema de protección y la atención de los menores. Camarero ha afirmado que la propuesta perpetúa una distribución injusta que no reconoce el esfuerzo y compromiso de las comunidades autónomas que han asumido una carga importante en la protección de estos menores, y ha resaltado la importancia de una política de acogida justa y solidaria a nivel nacional.
La vicepresidenta también ha instado al Gobierno a dejar de usar la crisis de los menores migrantes como una herramienta política y a asumir su responsabilidad como Estado, ya que las comunidades autónomas son las que han estado asumiendo toda la carga, mientras el Ejecutivo de Sánchez sigue sin una respuesta efectiva.
Por último, Camarero ha lamentado que el Gobierno haya convocado de «manera ilegal» la Conferencia Sectorial de Infancia,
Sin cumplir con el reglamento ni convocar la comisión correspondiente para fijar el orden del día, lo que ha impedido que las comunidades autónomas participen en la preparación de la misma.
La consellera ha calificado esta situación como una vergüenza, denunciando el uso partidista de un órgano de coordinación como las conferencias sectoriales para ceder constantemente a las demandas del separatismo catalán. Además, ha recriminado el intento del Gobierno de que las comunidades respalden «una distribución política de los menores, en la que Madrid, Andalucía y Valencia asumirían el 50% de los 4.000 menores no acompañados actualmente en Canarias, mientras que Cataluña recibiría solo 30 menores, lo que representa apenas el 0,62% del total». Ha calificado de intolerable este trato, ya que el Real Decreto-ley fue aprobado sin consulta, información o negociación con las comunidades autónomas, y considera que es una nueva cesión al separatismo catalán con el único fin de mantener al Gobierno en el poder. Concluye.
