La Guardia Civil descubre una nueva modalidad de estafas en inscripciones registrales que falsificaban notas de los Registros de la Propiedad en localidades de Castellón y Madrid

La Guardia Civil descubre una nueva modalidad de estafas en inscripciones registrales que falsificaban notas de los Registros de la Propiedad en localidades de Castellón y Madrid

Ha sido investiga una persona física y una jurídica

La Guardia Civil, en el marco de la Operación NUS, ha investigado a una persona física y otra jurídica por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil en Madrid.

El Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos (EDITE) junto con el Equipo de Policía Judicial de Oropesa del Mar de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón en el marco de la Operación NUS inició durante el pasado mes de enero una investigación a raíz de una denuncia presentada por la registradora de la propiedad de una localidad de Castellón, donde manifestaba que a finales del año 2018 trataron de inscribir en su oficina de Registro una escritura de compraventa y una escritura de préstamo hipotecario sobre una finca ubicada en la provincia pero, finalmente, ambas escrituras no se practicaron al no justificar ni acreditar el pago de los impuestos correspondientes.

Posteriormente presentaron una segunda copia del documento de compraventa, siendo calificada negativamente por la misma Registradora, notificándole tal extremo a la gestoría que presentó el trámite.

La citada gestoría al conocer lo anteriormente expuesto, comenzó los contactos con el Registro de la Propiedad, aportándole la documentación obrante en el expediente, percatándose la denunciante de la falsedad de la nota simple, de la nota de despacho, y de dos facturas a nombres de registradores residentes en Málaga y Madrid, a los cuales se les informó y tomó declaración por parte de los guardias civiles como perjudicados de los hechos.

Investigación

Las alarmas saltaron cuando los agentes investigadores, en el momento de la denuncia, además de los documentos presentados por la Registradora de la Propiedad, comprobaron la posible falsificación de los modelos 600 vinculados a los pagos de los impuestos, tanto de la compraventa como los de la hipoteca.

Ante estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación integral para determinar el origen de esta posible conducta delictiva, y a la vista de la posible transcendencia de los hechos investigados, se creó un grupo de trabajo conjunto de Guardia Civil con la Agencia Tributaria Valenciana, al objeto de localizar y determinar otras operativas de impago de impuestos mediante el mismo modus operandi.

Relacionados  Detenido en Moaña por homicidio tras acelerar el coche para caer al mar

A lo largo de la investigación, la Guardia Civil de Castellón ha realizado actuaciones y requerimientos judiciales en Madrid y Barcelona y ha analizado más de cincuenta cuentas bancarias, pudiendo identificar a la presunta autora de los hechos, una mujer que trabajaba en una gestoría en la provincia de Madrid.

Esta persona valiéndose de su experiencia laboral y su posición como encargada de la tramitación de los expedientes vinculados a una de las empresas de servicios para entidades financieras más importantes de España, estuvo, durante más de cinco años, realizando la falsificación de documentos registrales y facturas, dando una apariencia de legalidad a las operaciones y así poder justificarlas de esa manera ante los departamentos de control y la propia entidad bancaria, obteniendo un beneficio económico del impago de los impuestos de dichas operativas que ha podido ascender a más de 110.000 euros.

La Guardia Civil procedió a la investigación de la presunta autora así como a la investigación de la gestoría como persona jurídica, por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.

A lo largo de la investigación, se han podido identificar otras operativas fraudulentas con el mismo “modus operandi” en la que se han visto afectados el Registro de la Propiedad Nº 2 de Navalcarnero (Madrid), con el impago de los impuestos correspondientes a la Agencia Tributaria de Madrid, y el Registro de la Propiedad Nº 1 de Pozuelo de Alarcón.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Castellón.