Nos han bajado los salarios sin bajarnos los salarios. Esta es una realidad dolorosa fruto de la alta inflación que estamos sufriendo. Todos hemos salido del supermercado echándole un vistazo al ticket de compra al observar que el importe de un carro lleno de los mismos productos se ha encarecido de forma alarmante.
La situación preocupa, y mucho, porque, además, nuestra cuenta corriente se ve machacada cada mes por las facturas de la electricidad y del gas, situadas en niveles insólitos, y la tarjeta de crédito arde tanto como nuestro motor de combustión cada vez que llenamos el depósito del vehículo, con precios que superan en casi un 1 euro/litro a los de hace tan solo un año.
Y estos cuatro productos o servicios (alimentos, electricidad, gas y combustible para la automoción) no son artículos de lujo, sino elementos básicos para la vida que hemos construido en la actual sociedad. Pero, por añadidura, son muchos otros los efectos que nos cuestan más como consecuencia del incremento del IPC: los alquileres, un gasto también necesario para los que no tienen vivienda en propiedad, los bonos de los transportes públicos y muchas otras mercancías y servicios que hemos convertido en parte esencial de nuestras vidas.
Si las Constituciones de los diferentes países y la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantizan en su articulado una serie de derechos fundamentales de las personas como son el acceso a la alimentación, la salud, la vivienda, etc., la realidad es muy distinta. La precariedad que ha traído la pandemia del COVID-19, que ya propició que en 2020 alrededor de 12,5 millones de personas, es decir, el 26,4 % de la población española, estuvieran en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social, con un aumento de más de un punto porcentual con respecto al año anterior, según el informe de AROPE, y que cerráramos 2021 con un incremento de IPC del 6.7%, nivel desconocido desde 1992, se ha visto agravada por el conflicto bélico en Ucrania y las sanciones que la UE ha impuesto a Rusia. La subida continuada y sustancial de los precios se ha pronunciado en el primer semestre de 2022 ya que, al incremento de las tarifas eléctricas, se ha sumado un vertiginoso incremento de los combustibles de los vehículos y del gas.
La inflación es el cáncer de cualquier economía porque trae unas consecuencias nefastas, integrales y conectadas peligrosamente como si de una metástasis se tratara. Los ciudadanos ven disminuido su poder adquisitivo, los bienes a los que se podía acceder se vuelven inalcanzables, especialmente para los grupos sociales más desfavorecidos. La pobreza energética, la dificultad para adquirir alimentos saludables y de calidad (como frutas y verduras, que han visto disparados sus precios en los últimos meses), el sangrante coste de trasladarse al puesto de trabajo con el vehículo propio, la imposibilidad de que el salario alcance para disfrutar de los servicios de ocio, el incremento de los alquileres, etc., provoca un descontento social inevitable. Los trabajadores, que ven como los salarios no se incrementan en la medida que lo hacen los precios, exigen subidas que, por otra parte, son difíciles de asumir por muchas de las empresas que también han visto disminuidos sus beneficios ya que, de la misma manera, son presa de las consecuencias de la inflación en general y de la de las energías en particular; que han padecido un incremento muy grande del transporte de contenedores; que sufrieron la carencia de componentes electrónicos y de ciertas materias primas y que, en muchos sectores, vieron disminuidas sus ventas o, anuladas totalmente, por las restrictivas medidas adoptadas debido a la pandemia. Una difícil papeleta para los Gobiernos, pero, sobre todo, una grave situación para la población.
La incertidumbre en el futuro más próximo es enorme. Las empresas, sometidas a la inseguridad en el coste de las materias primas, de la energía y de los salarios, disminuyen sus perspectivas de realizar inversiones. El 55% de las empresas españolas consideran que van a tener dificultades para crecer, según el informe europeo de pagos de INTRUM. El consumo de las familias cae en la misma medida en que aumenta su descontento y su preocupación.
Hemos creado un mundo globalizado en el que el transporte de mercancías es un factor imprescindible en la economía. Diariamente cruzan los océanos en todas direcciones transatlánticos con mercancías, el cielo vuelve a estar poblado de aviones quemando enormes cantidades de queroseno y millones de camiones de mercancías se desplazan por las autovías de todo el mundo. Independientemente del efecto sobre el medioambiente —que da para un extenso artículo— la forma globalizada con la que hemos articulado la economía en el mundo necesita de los combustibles fósiles para mantenerse. Y en el momento en que sube el precio del petróleo, la repercusión sobre las tarifas de todas las mercancías y de todos los servicios es automática. Pero, ¿por qué suben tanto los precios de gasolinas y gasóleos si el incremento del barril del Brent no lo hace con esa desmesura? Son varias las causas: es cierto que la materia prima se ha encarecido por el veto internacional al petróleo ruso, que supone el 10% de la producción mundial; pero, además, la demanda se disparó al reactivarse la economía tras eliminar las restricciones provocadas por el COVID-19, lo que repercute en el precio. Y, en un pérfido círculo vicioso, el propio transporte de los combustibles se encarece en la medida en que lo hacen estos. También hemos de saber que el producto que echamos en los depósitos de los coches y camiones no es el crudo, sino combustibles refinados, y las refinerías han encarecido sus procesos. Además, la actual paridad euro/dólar provoca importaciones más caras. Junto a todo eso hay que saber que, con los actuales precios, casi un euro por litro de la gasolina se debe a los impuestos, con un IVA del 21% (en 2008 era del 16%) y con el Impuesto Especial de Hidrocarburos también mayor. Lo que no consigo entender es que la OPEP anuncie un incremento de extracción de crudo para suplir al ruso y esto, en lugar de paliar el ascenso de precios, provoque una mayor cotización del petróleo.
El Gobierno español emprendió algunas medidas, provisionales, que aliviaran el bolsillo del consumidor de combustibles. La realidad ha sido que los 20 céntimos/litro subvencionados han sido absorbidos de sobra, desde la fecha en que se implantó la medida, por nuevos incrementos, que parecen no tener fin. Como visión positiva de este desastre está la esperanza de que, de una vez por todas, se le dé un impulso al vehículo eléctrico y a las energías renovables que convertirían al planeta en un lugar más habitable. También sería muy positivo para la naturaleza y para las economías familiares que se potenciara el transporte público con nuevas líneas y mayores frecuencias; y que los usuarios adquiriéramos el hábito de compartir vehículos para los desplazamientos al trabajo y a otros lugares.
Esta situación de inflación interanual descontrolada está ocurriendo en toda la UE, cuya media en mayo, según Eurostat, ha sido del 8.8%, 3 décimas por encima de la española, si bien la media en la Eurozona ha sido de 8.1%, inferior a la de España. Países como Bélgica se encuentran en el 9.9%, mientras que Francia lo está en el 5,8%, supongo que por el impacto de la procedencia nuclear en la producción de energía eléctrica.
El Gobierno de España ha prorrogado hasta final de año las medidas anticrisis y ha disminuido al 5% el IVA de la luz. Esperemos que estas disposiciones alivien la situación, si bien el tope al gas, la llamada excepción ibérica, aunque ha supuesto una minoración en el precio de la electricidad con respecto a lo que habría supuesto de no existir dicho tope, no está alcanzando la repercusión que preveía el Gobierno.
No soy economista y mucho menos experto en energías, pero, a la vista de la trascendencia de la situación, creo que muchos lectores coincidirán conmigo en que es necesario un Pacto de Estado, en lugar de la actual discrepancia y cruce de acusaciones entre partidos políticos, para hacer frente a este problema, más grave de lo que muchos creen, sobre todo si se alarga en el tiempo.
Es inasumible que, mientras la población se empobrece, los proveedores de un servicio esencial, como la energía, se enriquezcan cada vez más. Las tres grandes compañías eléctricas españolas, Endesa, Iberdrola y Naturgy cerraron 2021 con unos beneficios de 6.551 millones de euros netos en total, un 40% más que en 2020, según reflejan los datos de los informes de la CNMV para cada empresa. En mi humilde entender, esto es irracional y vergonzoso. Y se debería de corregir con impuestos a estas grandes corporaciones para que no solo fuera el ciudadano de a pie y la pequeña empresa los que tengan que hacer un esfuerzo, sino también las multinacionales y grandes compañías que, paradójicamente, son las suministradoras de esos servicios imprescindibles que tanto se han encarecido. Pero, curiosamente, muchos de los que fueran altos cargos políticos (de distintas ideologías y partidos) forman parte, hoy en día, de los Consejos de Administración de algunas de estas empresas y mantienen una alta influencia sobre los actuales gobernantes, que son los responsables de legislar. Una estrategia perfecta para un indecente beneficio mutuo.
Además, en mi opinión, la cosa no se queda ahí. Se trata de un asunto que sobrepasa nuestras fronteras y hay que afrontarlo de manera global, en el ámbito europeo y en el ámbito mundial, empezando por poner fin al conflicto ucraniano (y a cualquier otro, son muchos los que siguen activos en el planeta) y siguiendo por la imperiosa necesidad de sustituir la dependencia del petróleo por energías infinitas y limpias, como el sol, el viento o la fuerza del mar, entre otras.
Mientras tanto, la tormenta perfecta continúa. Confiemos en aguantar el temporal y en que escampe lo antes posible.
Vicent Gascó
Escritor y docente.
