La magistrada subraya que está analizando la "evitabilidad" de la catástrofe, un tema que ha abordado en resoluciones previas.
La tragedia ocurrida el pasado 29 de octubre, conocida como la dana de Valencia, sigue siendo objeto de investigación judicial. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha ordenado la realización de una valoración forense para aquellos familiares de las víctimas mortales que hayan sufrido daños psicológicos. Esta decisión busca evaluar las secuelas psíquicas y el daño moral que ha quedado tras la devastadora tragedia.
La instructora del caso de la DANA de Valencia califica el 29 de octubre como,
Un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad.
Valoración Forense de los Familiares de las Víctimas Mortales de la DANA en Valencia
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) ha decidido encargar una valoración forense a los familiares de las víctimas mortales de la DANA que sufrieron daños psicológicos durante el trágico evento ocurrido el pasado 29 de octubre. Esta medida tiene como objetivo evaluar los daños morales y las secuelas psíquicas de aquellos afectados por la catástrofe.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los familiares perjudicados serán citados en el Instituto de Medicina Legal de Valencia para que presenten la documentación médica necesaria para proceder con la evaluación forense de su estado psicológico. La resolución judicial también contempla la evaluación de las personas que sufrieron lesiones y que necesitaron tratamiento médico posterior a la asistencia inicial.
Una tragedia que dejó 224 muertos y 3 desaparecidos
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado que la dana dejó 224 víctimas mortales y tres desaparecidos, que ya pueden considerarse fallecidos tras haberse cumplido tres meses desde el suceso. Además, la catástrofe ha causado daños materiales millonarios en las poblaciones afectadas. En este contexto, la instructora está evaluando la «evitabilidad» de la catástrofe, un aspecto crucial en la investigación.
El Daño Psicológico y la Necesidad de Valoraciones Forenses
La instructora del caso ha destacado que el análisis de la catástrofe no solo se limita a los fallecimientos, sino que también abarca a las personas que sufrieron lesiones graves, tanto físicas como psicológicas. En sus resoluciones anteriores, la magistrada había puesto énfasis en la «evitabilidad» del desastre y subrayado que la investigación sobre los fallecimientos es “la esencia” de este procedimiento, dado que se trata de un daño irreparable.
A pesar de ello, la magistrada considera que las diligencias también deben incluir la valoración de los daños sufridos por quienes enfrentaron lesiones más severas. Además, en su resolución, la instructora aclara que, aunque la jurisdicción penal no se ocupa de los daños materiales, estos deben ser reparados por otras vías, dado que la destrucción causada por las inundaciones afectó a miles de personas.
Investigación de los fallecimientos: «El daño absolutamente irreparable»
La magistrada, en su resolución, destaca que la investigación de los fallecimientos es el «objeto sobre el que versa esta investigación, el daño absolutamente irreparable». No obstante, también se contempla el daño físico y psicológico sufrido por las personas que sobrevivieron a la tragedia. Aunque se reconoce la magnitud de los daños materiales y la destrucción sufrida por las poblaciones afectadas, la magistrada aclara que ni el proceso judicial ni la jurisdicción penal son competentes para tratar estos aspectos materiales.
«Un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad»
El auto judicial describe el 29 de octubre como un «episodio dantesco», al que se le atribuye la calificación de «un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad». Muchos testigos presenciaron cómo sus seres queridos eran arrastrados por las aguas, entre ellos «padres, cónyuges o hermanos que vieron cómo se les escapaban literalmente entre sus manos» sus familiares.
La resolución recoge casos desgarradores, como el de un hombre que, después de salvar a su esposa, murió «tras luchar largo tiempo contra el arrastre del agua». Otros testimonios relatan cómo familiares descendían a sus garajes y «jamás volvieron». También hay casos de personas que vieron a sus familiares perecer debido a su edad avanzada o por la fuerza de la corriente. La tragedia dejó, además, a algunas víctimas enviando mensajes de despedida a sus hijos antes de perecer.
El daño moral y el «síndrome del superviviente»
A este «daño moral inherente a la pérdida de cualquier familiar cercano» se suman las circunstancias excepcionales vividas durante la tragedia, las cuales pueden haber generado «un síndrome de estrés postraumático», especialmente el «síndrome del superviviente». La magistrada subraya que este daño debe ser adecuadamente valorado en el proceso judicial.
El relato de los testigos de la catástrofe describe un “episodio dantesco” lleno de sufrimiento, muerte y desesperación. Muchas personas fueron testigos de cómo sus seres queridos eran arrastrados por el agua y el barro, con algunos perdiendo la vida de manera trágica ante los ojos de sus familiares. Según se detalla en la resolución judicial, «un número relevante de personas vio desaparecer a sus allegados delante de sus ojos», destacando casos como el de un hombre que, después de salvar a su mujer, perdió la vida tras luchar contra el torrente de agua. Otros vieron cómo sus familiares desaparecían al intentar refugiarse en sus garajes.
En algunos casos, las víctimas mortales enviaron mensajes de despedida a sus hijos, mientras que otros familiares encontraron los cuerpos de sus seres queridos sin vida al llegar a sus hogares. Según la magistrada, estas circunstancias tan traumáticas pueden haber originado un síndrome de estrés postraumático, específicamente un “síndrome del superviviente”, el cual debe ser objeto de una evaluación forense detallada.
Fianzas para las Formaciones Políticas
Por otro lado, la jueza de Catarroja también ha acordado exigir una fianza de 6.000 euros a los partidos políticos Vox y Podemos, así como al sindicato CGT, para que puedan ejercer la acusación popular en la causa. Aunque estas formaciones no han interpuesto querella, la magistrada ha citado jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para justificar la exigencia de las fianzas, dado el estado inicial del procedimiento.
