La jueza ha rechazado la petición de Podemos para citar a Carlos Mazón como investigado o testigo por la DANA del 29 de octubre.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana, ha acordado citar a declarar como investigados a la que era consellera de Justicia e Interior el 29 de octubre, Salomé Pradas, y al que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
Así lo ha determinado en un auto dictado este lunes en el que acepta la declaración como querellados de ambos, solicitud que había sido presentada por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud.
La jueza llama a declarar a ambos como «partícipes en el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población» y señala que, por el momento, se atribuye dicho proceso «a la máxima autoridad», la consellera «que tenía en dicho momento atribuidas dichas facultades, así como por su relevancia orgánica y por ende decisoria» al secretario autonómico.
En este contexto, el juzgado de Catarroja, que instruye la investigación sobre la gestión de la dana en Valencia, ha citado como investigados a la entonces consellera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano, Salomé Pradas, y al secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat aquel 29 de octubre, Emilio Argüeso.
Estas son las primeras citaciones como investigados que acuerda la magistrada.
La decisión ha sido comunicada este lunes a las partes involucradas en el procedimiento, que investiga «posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia». En una de sus resoluciones, la jueza ha elevado a 225 el número de víctimas mortales e incorporado el caso de una mujer con leucemia que falleció tras quedarse sin asistencia respiratoria durante la emergencia.
Además, la magistrada ha reiterado que el aviso a la población mediante el sistema Es-Alert, emitido a las 20:11 horas del 29 de octubre, fue «tardío y erróneo«. Ha enfatizado que la DANA no fue un fenómeno meteorológico inesperado, pues su evolución había sido advertida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo que llevó a la Universitat de València a suspender sus actividades.
Según el auto,
Las previsiones meteorológicas debieron motivar la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) en la mañana de ese día para alertar a la población.
También recoge la cobertura informativa realizada por la televisión autonómica À Punt, que informó en directo sobre la emergencia, incluyendo el desbordamiento del barranco del Gallo y del río Magro en localidades como Chiva y Utiel.
Según el auto judicial, la jueza considera que la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se realizó con un retraso significativo. En concreto, la magistrada subraya que la reunión de este órgano de emergencia se llevó a cabo a las 17:00 horas del día de la catástrofe,
Lo que representó una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor.
La jueza recuerda que el Cecopi «es un órgano de coordinación» en materia de emergencias que involucra a distintas administraciones, pero enfatiza que «ello es completamente independiente de las decisiones que se pueden tomar en el ámbito de protección civil por quien ostenta no solo la competencia exclusiva, sino la posibilidad de llevar a cabo la comunicación a la población de las medidas de protección«.
La instructora sostiene que la gravedad de la situación fue advertida con suficiente antelación a través de diversas fuentes, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las llamadas recibidas en el servicio de emergencias 112 de la Generalitat, los medios de comunicación y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). No obstante, considera que la respuesta institucional fue tardía y deficiente. «El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real (…), sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (…) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión«, enfatiza la magistrada en su resolución.
En cuanto a la decisión de citar a Pradas y Argüeso como investigados, la jueza argumenta que la exconsellera de Justicia y Emergencias era la máxima autoridad responsable de adoptar medidas de autoprotección para la población. Por su parte, considera que la declaración de Emilio Argüeso también es necesaria «dada su relevancia orgánica y por ende decisoria» dentro del departamento.
En este sentido, la jueza ha admitido la querella presentada por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud contra Pradas y Argüeso. Sin embargo, ha rechazado la querella respecto a otros responsables autonómicos, incluyendo al director general de Emergencias, una jefa de servicio, el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La instructora argumenta que no existen indicios suficientes para imputar responsabilidades a estos cargos.
Asimismo, la magistrada ha inadmitido la querella presentada por la entidad Hazte Oír contra el presidente y otros cuatro altos cargos de la CHJ. En su auto, sostiene que no hay «indicios de responsabilidad» que justifiquen su investigación en el marco de la causa.
Por el momento, la fecha para la declaración de Pradas y Argüeso como investigados aún no ha sido fijada. La investigación sigue en curso con el objetivo de esclarecer posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia derivados de la gestión de la emergencia.
Salomé Pradas se personará en la investigación sobre la gestión de la DANA
La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha asegurado que siempre estará dispuesta a colaborar para que se conozca «toda la verdad» sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre en la Comunidad Valenciana. En un comunicado, Pradas ha subrayado que durante aquellos días cumplió con sus funciones institucionales «desde el primer minuto hasta el último«.
Pradas ha informado que se personará en el procedimiento abierto en el juzgado de Catarroja, que instruye la investigación sobre la gestión de la emergencia. Hoy, el juzgado ha citado a declarar como investigados tanto a la exconsellera como al exsecretario autonómico de su departamento, Emilio Argüeso.
«Siempre estaré en disposición de poder ayudar a que se conozca toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon la gestión de la emergencia de la catástrofe natural, la verdad de unas horas y unos días en los que me mantuve, desde el primer minuto hasta el último, atendiendo las funciones institucionales que me correspondían según la normativa aplicable», ha manifestado Pradas.
Asimismo, la exconsellera ha afirmado que se ha enterado de su citación como investigada a través de los medios de comunicación. Ante la relevancia informativa del caso, sus abogados y su procuradora procederán a su personación en el procedimiento con el fin de conocer los detalles de la instrucción y las resoluciones emitidas en los últimos meses. «A fin de hacer valer los derechos que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico me confieren«, ha indicado.
Por último, Pradas ha anunciado que no hará más declaraciones hasta el momento de su comparecencia judicial, «por respeto a las víctimas, a los damnificados y a la instrucción judicial«.
La jueza rechaza citar como investigado a Carlos Mazón
Por otro lado, la jueza ha emitido un auto en el que inadmite la petición de Podemos de que se cite a declarar como investigado ni como testigo al ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, por lo ocurrido aquel 29 de octubre. La instructora ha rechazado la solicitud de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud y otras acusaciones particulares para que el ‘president’ Mazón, declare como testigo o investigado. Sin embargo, «se le permite solicitar su comparecencia si así lo desea».
A pesar de esta decisión, la juez ha comunicado la resolución a Mazón, dado su carácter de aforado, para que tenga conocimiento del proceso y pueda personarse en la causa si lo considera oportuno, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Fotografía portada: La exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso/GVA.
