La formación liberal busca esclarecer los hechos y que los responsables rindan cuentas: "No queremos una cacería política, queremos justicia".
El partido Ciudadanos ha sido admitido como acusación popular en la investigación judicial que busca esclarecer la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que el pasado 29 de octubre de 2024 devastó la Comunidad Valenciana y otras regiones de España, dejando un saldo de 225 víctimas mortales y tres desaparecidos, según datos oficiales actualizados hasta marzo de 2025. La decisión ha sido tomada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, quien lleva adelante una instrucción que ha puesto bajo escrutinio la respuesta de las autoridades autonómicas ante la catástrofe.
Una Participación con Fines de Esclarecimiento
La personación de Ciudadanos, liderada por figuras como Mamen Peris y Eduardo García-Ontiveros, responde a la necesidad de arrojar luz sobre los hechos ocurridos y determinar si hubo responsabilidades penales en la gestión de la crisis. Carlos Pérez-Nievas, secretario general del partido, ha subrayado que el objetivo no es político, sino moral y cívico:
La magnitud de la tragedia hace moralmente necesario que se rindan cuentas , especialmente después de que hayan trascendido informaciones muy preocupantes respecto a la respuesta del Gobierno de la Comunidad Valenciana en los primeros momentos de la crisis.
Esta postura refleja el compromiso del partido con la transparencia, un valor que ha defendido históricamente en su trayectoria.
El partido liberal mantiene firme su postura de que su principal propósito es garantizar que los ciudadanos valencianos accedan a la verdad y que se haga justicia.
No nos fijamos en la afiliación política de nadie; lo único que exigimos es que se esclarezcan los hechos para que la sociedad conozca qué ocurrió, qué errores se cometieron y si estos pueden tener consecuencias legales.
Afirmó Pérez-Nievas. En esta línea, la formación insta a todas las partes implicadas a actuar con «responsabilidad y respeto», subrayando la necesidad de que la investigación avance con rapidez y eficacia «en beneficio del interés general de los valencianos y del conjunto de los españoles».
Proceso Judicial por la DANA
El proceso judicial, que comenzó a centralizarse en el juzgado de Catarroja a finales de enero de 2025, ha avanzado con rapidez bajo la dirección de la jueza Ruiz Tobarra. La investigación se centra en posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con especial atención en la tardía emisión de la alerta masiva ES-Alert, enviada a las 20:11 del 29 de octubre, cuando «gran parte de las víctimas ya habían fallecido», conforme apuntaba la jueza en un auto. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la causa acumula ya más de 170 fallecidos registrados y cuenta con la participación de diversas acusaciones populares, entre ellas Podemos, Vox y ahora Ciudadanos.
La Gestión de la Crisis en el Punto de Mira
La actuación de la Generalitat Valenciana, encabezada por el presidente Carlos Mazón, ha sido objeto de fuertes críticas desde el inicio de la tragedia. Informes periodísticos y declaraciones de la jueza Ruiz Tobarra han puesto de manifiesto que las autoridades autonómicas contaban con información suficiente sobre la gravedad de la DANA, proveniente tanto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pero «no actuaron con la diligencia necesaria». En un auto fechado el 10 de marzo de 2025, la magistrada señaló que:
El problema no residió en la ausencia de información, que era sobrada, sino en que esta se ignoró o no se comprendió su alcance.
Apuntando directamente a una posible negligencia con relevancia penal.
En este contexto, Ciudadanos ha destacado la importancia de que la investigación avance sin interferencias políticas.
No se trata de señalar a un partido, sino de garantizar que se haga justicia para las víctimas y sus familias. Pedimos responsabilidad y respeto a todas las partes implicadas.
Insistió Pérez-Nievas.
Un Proceso Judicial en Marcha
La admisión de Ciudadanos como acusación popular fue formalizada el pasado 22 de marzo de 2025, según un auto notificado por el TSJCV. La jueza impuso una fianza de 6.000 euros, una cantidad que el partido dispone de diez días hábiles para consignar, demostrando así su compromiso con el proceso. Esta participación se suma a la de otros actores, como asociaciones de damnificados y partidos políticos, que buscan respuestas ante una tragedia que ha conmocionado al país.
Fuentes oficiales del Ministerio del Interior y la AEMET han confirmado que las alertas meteorológicas se emitieron con varios días de antelación, incluyendo una advertencia de nivel rojo el 28 de octubre de 2024. Sin embargo, la Generalitat Valenciana ha defendido que la magnitud del fenómeno fue imprevisible y que la responsabilidad no recae exclusivamente en sus manos. Por su parte, la jueza ha citado como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, cuya declaración está programada para el 11 de abril de 2025.
Un Llamado a la Celeridad y la Justicia
Ciudadanos ha hecho un llamamiento a que la investigación se desarrolle con rapidez y eficacia, en aras del “interés general de los valencianos y el conjunto de los españoles”. La formación considera que el esclarecimiento de los hechos no solo es un deber hacia las víctimas, sino también una oportunidad para mejorar los protocolos de emergencia y evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.
La labor de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, respaldada por el refuerzo de personal aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 18 de marzo de 2025, será clave para determinar si las muertes y lesiones pudieron evitarse con una mejor gestión. Mientras tanto, la participación de Ciudadanos en el proceso judicial subraya la importancia de la sociedad civil en la búsqueda de respuestas, reafirmando que la justicia y la verdad son demandas que trascienden las fronteras partidistas.
