La magistrada señala que la instrucción no está agotada y se ha dado la posibilidad de declarar como investigado" al 'president'.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado en un auto fechado este lunes atribuir la condición de investigada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, así como elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para la «imputación» del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el marco de la investigación por la gestión de la DANA que el 29 de octubre de 2024 dejó 228 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales en la provincia de Valencia.
La jueza que instruye la causa penal de la dana de octubre ha rechazado elevar en el presente momento, al no estar agotada la fase de instrucción, una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia valenciano para la posible imputación como investigado del president de la Generalitat, Carlos Mazón, dada su condición de aforado.
La decisión responde a una solicitud presentada por una acusación particular que argumentaba que ni Bernabé ni Mazón solicitaron la declaración de emergencia nacional durante la catástrofe. Sin embargo, la magistrada ha reiterado en su resolución que la competencia en materia de protección civil recae en la administración autonómica, conforme al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias. En este sentido, ha subrayado,
La patente inactividad, conectada con los fallecimientos y lesiones del 29 de octubre, se produjo en el ámbito autonómico.
Competencia autonómica y ausencia de nexo causal
La jueza ha enfatizado que la imputación de cualquier persona en la causa debe basarse en un “nexo causal” entre la inactividad de los investigados, su posición de garantes y los resultados trágicos de la DANA. En el caso de Bernabé, la magistrada ha descartado su responsabilidad penal, argumentando que la normativa aplicable establece que el Consell, como órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana, tenía la responsabilidad principal. Además, ha señalado que la declaración de emergencia nacional, que podría haber sido impulsada por el Ministerio del Interior, requería previa comunicación con la comunidad autónoma afectada, algo que no se produjo ni fue propuesto por la Generalitat.
Ni se declaró estatalmente ni se propuso por la administración autonómica valenciana, de la que formaban parte los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso, como consellera y secretario autonómico.
El auto también aclara que existió un consenso entre los niveles autonómico y central en que no era necesaria la declaración de emergencia nacional, ni el 29 de octubre ni en los días posteriores. Asimismo, la jueza ha recordado que Mazón no declaró la situación de emergencia catastrófica, una competencia exclusiva del presidente de la Generalitat según el artículo 12.4 de la Ley Valenciana de Protección Civil. En cualquier caso, la magistrada ha insistido en que dicha declaración “no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección”.
La investigación sobre Mazón y el aforamiento
En cuanto a Carlos Mazón, la jueza ha desestimado la petición de elevar una exposición razonada al TSJCV para investigarlo, dado su estatus de aforado.
En este caso, la instrucción no está agotada, sigue su curso y se ha dado la posibilidad de declarar como investigado al ‘president’ a la vista de las denuncias y querellas formuladas contra él y, por tanto, debe rechazarse esa petición de elevar una exposición razonada al TSJCV.
La magistrada ha argumentado que la instrucción de la causa aún no ha concluido y que, según un auto del TSJCV del 23 de diciembre de 2024, la remisión de una exposición razonada solo procederá cuando se hayan agotado las diligencias de investigación y existan “indicios sólidos” de responsabilidad penal.
Hasta el momento, Mazón ha declinado declarar voluntariamente como investigado, una posibilidad que la jueza le ha ofrecido en varias ocasiones.
La investigación sigue su curso, con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, como principales investigados por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. La jueza ha criticado en autos previos la “evidente pasividad” del Consell ante la gravedad de la situación, destacando que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) parecía operar como una “burbuja aislada del mundo exterior” durante la crisis.
Contexto de la investigación
La causa, que indaga en la gestión de la DANA que devastó la provincia de Valencia, ha recopilado hasta la fecha unas 250 declaraciones testificales, principalmente de familiares de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida. La jueza ha señalado en resoluciones anteriores que la alerta enviada a la población a las 20:11 del 29 de octubre fue “notablemente tardía” y “errada en su contenido”, lo que contribuyó a la ausencia de medidas de autoprotección por parte de la ciudadanía.
Además, la magistrada ha descartado que los eventos posteriores al 29 de octubre, como la devastación de poblaciones, la falta de recursos esenciales o la tardanza en la ayuda, sean objeto de esta investigación penal, que se centra exclusivamente en los fallecimientos y lesiones ocurridos durante la jornada de la riada.
Reacciones y críticas
La decisión de la jueza ha generado reacciones encontradas. Desde el entorno de la Generalitat, Carlos Mazón ha reiterado su “respeto” al proceso judicial, pero ha reprochado a quienes, según él, intentan “intoxicarlo” con cada novedad en la causa. Por su parte, Pilar Bernabé ha instado a Mazón a declarar voluntariamente para aclarar su actuación, criticando la gestión autonómica como una “inacción” seguida de una “calamidad”.
En el ámbito político, el PSPV-PSOE ha calificado el auto de la jueza como “demoledor” para el relato del Consell, instando a Mazón a asumir responsabilidades. Mientras tanto, organizaciones como Liberum y Hazte Oír han intentado sin éxito dirigir la investigación hacia el Gobierno central, alegando fallos en la coordinación estatal, pero la jueza ha rechazado sistemáticamente estas peticiones por carecer de base legal.
Fotografía portada: Archivo – Reunión Cecopi DANA Valencia 2024.
