Entre las peticiones, la jueza ha ordenado a la Guardia Civil elaborar un informe detallado sobre las instalaciones del centro, incluyendo los sistemas de videovigilancia.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, encargada de la investigación sobre la gestión de la Dana que afectó al territorio el pasado 29 de octubre, ha tomado nuevas decisiones en el proceso. En un auto notificado este jueves, la magistrada ha acordado requerir a la Conselleria de Emergencias que remita nueva documentación relacionada con los hechos y ha encargado a la Guardia Civil la elaboración de un informe detallado sobre las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias, ubicado en la localidad de L’Eliana.
Esta decisión responde a la petición de diligencias de investigación planteada por una de las acusaciones populares personadas en la causa, específicamente la ejercida por Acció Cultural del País Valencià.
En otro auto relacionado con el caso, la juez ha desestimado la solicitud del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio A.T., de declarar como investigado a través de medios telemáticos el próximo 11 de abril. En su resolución, la magistrada ha justificado su postura en la “gravedad de los hechos objeto de la investigación, homicidios y lesiones imprudentes”, así como en el elevado número de fallecidos, la intervención de un gran número de partes en la causa y la “ausencia de razones de orden público ni de seguridad” que justificaran que dicha declaración no se realice de forma presencial.
Además, la juez ha considerado que no hay dificultades para que el investigado se persone en el juzgado, por lo que su declaración debe llevarse a cabo en el propio tribunal.
Respecto a las diligencias de investigación solicitadas, la magistrada ha ordenado que la Conselleria de Emergencias y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) remitan al juzgado la relación de puestos de trabajo de los empleados que prestaron servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias. En esta documentación, deben especificarse las tareas, formación y datos personales de los trabajadores, así como identificar a los que estuvieron presentes en el centro entre las 06:00 y las 23:59 horas del 29 de octubre del pasado año 2024.
Asimismo, la jueza ha requerido que se facilite información sobre el Plan Especial de Inundaciones y los detalles de la información remitida el día de la Dana a los ayuntamientos y diputaciones que pudieran haberse visto afectados por la crecida del barranco del Poyo.
En este sentido, también se ha solicitado al director general del Medio Natural y Animal un informe sobre las acciones desarrolladas en relación con el control del barranco y el momento en que estas medidas finalizaron el 29 de octubre.
En cuanto a la solicitud de una inspección ocular en el Centro de Coordinación de Emergencias, planteada por la acusación popular de Acció Cultural, la jueza ha decidido no llevarla a cabo. No obstante, ha acordado librar un oficio para que la Guardia Civil elabore un informe exhaustivo sobre las instalaciones del centro. Este informe deberá incluir información sobre los sistemas de videograbación en la entrada y en distintas estancias interiores del edificio, los datos compartidos en las pantallas instaladas, el sistema de cobertura de red para telefonía móvil y el sistema de gestión geográfica, entre otros aspectos técnicos.
Finalmente, la magistrada ha denegado la práctica de otras diligencias de investigación solicitadas por la acusación popular, como la conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas emitidas o recibidas desde el Centro de Coordinación de Emergencias, al considerar que no se pueden incorporar a la causa, ya que esta no se refiere a delitos dolosos.
Fotografía portada: Centro de Coordinación de Emergencias/GVA.
