La magistrada, además, ha dictado dos autos y una providencia para unificar la causa, rechazar pruebas y añadir nuevas diligencias.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), encargada de investigar la gestión de la devastadora DANA que dejó 227 víctimas mortales y una persona desaparecida el 29 de octubre de 2024, ha rechazado citar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La decisión, notificada este martes 22 de abril de 2025, responde a una solicitud presentada por una acusación popular y reafirma que la competencia en la gestión de la emergencia recaía principalmente en la Generalitat Valenciana.
En el auto, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra argumenta que el Consell, según la normativa vigente, es “el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias”. La jueza critica la pretensión de trasladar la responsabilidad al Gobierno central, afirmando,
Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal.
Esta resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), refuerza la tesis de que «la inactividad en la gestión de la emergencia se produjo en el ámbito autonómico».
Otras resoluciones judiciales
Además de eximir a Bernabé, la jueza ha dictado dos autos adicionales. En el primero, desestima la solicitud de otra acusación popular que pedía obtener grabaciones de los vehículos y sus matrículas que accedieron al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) entre las 16:30 y las 23:59 del 29 de octubre. La magistrada considera que esta información no es relevante para la investigación, centrada en los fallecimientos y lesiones causados por presuntas negligencias.
En el segundo auto, ordena la acumulación de denuncias y diligencias remitidas por otros juzgados, como los de Valencia, Picassent, Alzira y Torrent, en una pieza separada, consolidando así la investigación en Catarroja.
Por otro lado, una providencia notificada el mismo día da cuenta de varias actuaciones: la incorporación de un atestado de la Guardia Civil sobre el fallecimiento de dos agentes en el cuartel de Paiporta durante la DANA, la renuncia de una representación letrada que defendía a familiares de 64 víctimas, y la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València. También se ordena la inclusión de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes del Instituto de Medicina Legal (IML) para evaluar las secuelas psíquicas y daños morales de los familiares de los fallecidos.
Avances en la investigación
La investigación, iniciada en diciembre de 2024, ha avanzado significativamente. El juzgado ha tomado unas 250 declaraciones testificales, principalmente de familiares de las víctimas, y ha aceptado inhibiciones de otros juzgados que elevan a más de 160 los fallecimientos investigados de los 227 registrados oficialmente. La causa cuenta con unas 40 acusaciones, de las cuales ocho ejercen la acción popular y el resto la particular, incluyendo partidos como Vox, Podemos y FTAP-CGT, además de asociaciones como Liberum.
La jueza ha destacado en resoluciones previas la “palmaria ausencia de avisos a la población” y el carácter “notablemente tardío” y “errado” del mensaje ES-Alert enviado a las 20:11 del 29 de octubre, cuando el barranco del Poyo ya se había desbordado y decenas de municipios estaban inundados. Estas observaciones han puesto el foco en la actuación de la Generalitat, especialmente en figuras como la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos investigados.
Contexto y reacciones
La decisión de la jueza ha generado reacciones en el ámbito político. Desde el PSPV-PSOE, se ha destacado que el auto “exonera absolutamente” a Bernabé y critica la “manifiesta pasividad” de la Generalitat, señalando que un mensaje de alerta en tiempo y forma podría haber salvado vidas. Por su parte, la Generalitat ha insistido en atribuir responsabilidades a organismos estatales, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), aunque la jueza ha descartado responsabilidades penales en este ámbito.
Bernabé, en su declaración como testigo el 14 de abril de 2025, aseguró haber ofrecido la Unidad Militar de Emergencias (UME) a Pradas a las 12:23 del día de la DANA, y señaló que el Cecopi no abordó el riesgo del barranco del Poyo hasta las 19:00, cuando la alcaldesa de Paiporta alertó de la gravedad de la situación. Estas afirmaciones han sido clave para reforzar la tesis de la jueza sobre la responsabilidad autonómica.
Fotografía portada: X/@pilarbernabe.
