Centra la investigación en "la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse".
La jueza de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja (Valencia), encargada de la investigación sobre la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, ha determinado en un auto que el aviso enviado a los móviles de la población valenciana a las 20:11 horas de ese día fue «notablemente tardío» y «errado en su contenido«, dado que muchas víctimas fallecieron en sus casas, en los garajes o en la vía pública.
En el documento judicial, la magistrada subraya,
Los daños materiales, que afectaron a cientos de miles de personas, no se podían evitar, las muertes sí.
Además, recalca que «la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos», 224 personas perdieron la vida y aún hay tres desaparecidos, centra la investigación en «la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse«.
La jueza también indica que «es evidente la imposibilidad absoluta de los cuerpos de bomberos de evitar o simplemente reducir el altísimo número de fallecimientos o las lesiones que tuvieron lugar el 29 de octubre, aun en el supuesto de una correcta y adecuada organización y despliegue de dichos cuerpos».
En este sentido, el auto judicial descarta la existencia de una relación de causalidad entre las muertes y la presunta inactividad de los bomberos señalada por algunos denunciantes, explicando que «el torrente de agua y barro que anegaba las calles, la altura a la que llegó el agua, hacía inviable que los vehículos de bomberos se introdujeran por las calles al objeto de salvar a la población que perecía ahogada».
El auto también describe el impacto de la DANA, detallando cómo «el volumen de agua arrastraba automóviles, furgonetas, que chocaban entre sí, contra las viviendas, flotaban y arrastraban en muchas ocasiones a conductores que no podían escapar de su interior» y enfatiza que «mucho menos era factible que de manera individual los bomberos se desplazaran entre las calles».
Sobre la falta de coordinación y la demora en la llegada de ayuda a las poblaciones afectadas, la jueza considera que este aspecto debe dirimirse «en otros ámbitos, en la jurisdicción contenciosa, o en el político», mientras que la investigación penal se centrará en determinar «el nexo causal» de los hechos.
La exconsellera de Justicia esperó al president Mazón para emitir la alerta
Por otro lado, según ha informado este miércoles La Vanguardia, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, esperó a que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, llegara a la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación de Emergencia) y mantuviera una reunión a solas con él antes de lanzar la alerta el día de la DANA.
En relación con esto, la jueza ha requerido a la Generalitat que informe si «alguna otra autoridad» distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte del Cecopi el día de la DANA se integró en el Centro de Coordinación Operativa Integrado entre su convocatoria, a las 17:00 horas, y las 20:11, cuando se envió el mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert.
La jueza investiga si concurrió otra autoridad en la decisión de enviar la alerta por la DANA
La magistrada encargada de la investigación sobre la gestión de la DANA ha solicitado a la Generalitat que aclare la posible intervención de otra autoridad en el Cecopi antes del envío del mensaje de alerta a la población. En un requerimiento formal, la jueza ha solicitado: «Requiérase a la Conselleria de Interior y Emergencias al objeto de que informe, de forma sucinta, si concurrió alguna otra autoridad al Cecopi previamente a la remisión del mencionado mensaje de alerta a las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024, más allá de la relación de 29 personas y organismos, y se integró en el mismo».
Aunque en el escrito judicial no se menciona explícitamente, la autoridad en cuestión podría ser el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien no se incorporó al Cecopi hasta las 19:30 horas y cuya presencia no fue reflejada en la información remitida al juzgado por la Generalitat.
Este requerimiento se produce tras el recibimiento, la semana pasada, de un escrito de la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat. En dicho documento se detallaba la composición del Cecopi y se indicaba los funcionarios que finalmente redactaron y validaron el informe de alerta que se envió a las 20:11, cuando toda l’Horta Sud ya estaba inundada.
El escrito de Emergencias subrayaba la presencia de organismos estatales y destacaba que el Cecopi contaba con un «comité de dirección», presidido, según los protocolos, por la entonces consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas. Además, la Generalitat mencionó que en este comité de dirección también estaba presente la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
La jueza ha dado un plazo de tres días hábiles a la Generalitat para que responda a este nuevo requerimiento y aclare si alguna otra autoridad, además de las ya listadas, formó parte de la toma de decisiones en el Cecopi antes del envío del mensaje de alerta.
La jueza exige informes a la CHJ, Aemet y 112 sobre la DANA
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha requerido nuevamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que aporte la información solicitada en su último auto sobre los caudales del barranco del Poyo en un plazo improrrogable de tres días. Según fuentes del TSJCV, el contenido del CD remitido recientemente por la CHJ no se corresponde con lo solicitado. Sin embargo, fuentes del organismo de cuenca afirman que la información ya ha sido enviada tanto por vía telefónica como postal, por lo que en este último caso llegará próximamente al juzgado.
Sobre el CD en cuestión, la CHJ ha explicado que contiene información sobre las presas de Forata y Buseo, cuyos detalles ya se facilitaban en los dos primeros informes remitidos a la causa. El tercer informe aportado detallaba los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), en el que se especifica el caudal que alcanzó el barranco del Poyo durante el temporal.
En otras resoluciones dictadas en la misma jornada, la magistrada ha solicitado a la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud que informe sobre el número de lesionados o familiares de fallecidos que representa. Asimismo, ha rechazado la personación de cuatro personas que únicamente sufrieron daños materiales en la catástrofe, pero ha aceptado la personación de un familiar de un fallecido y la de la asociación Liberum como acusación popular.
Además, la jueza ha admitido la petición del partido Podemos, que reclama información a Aemet sobre las actuaciones llevadas a cabo el 29 de octubre, así como a 112 para conocer a partir de qué momento comenzaron a recibirse llamadas de emergencia y desde qué poblaciones se realizaron.
Las muertes de la DANA eran «evitables» y la emergencia «competía a la Generalitat»
La jueza de la DANA insiste y ha manifestado en varios autos notificados que «los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí». Según la magistrada, el desastre que causó la tragedia pudo haberse evitado en términos de vidas humanas, pero las pérdidas materiales fueron inevitables dada la magnitud del fenómeno.
Además, subraya que «el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la Administración Central». De esta manera, la jueza continúa con la investigación de las 227 víctimas mortales y las lesiones sufridas por dos personas debido a las barrancadas del Poyo y Pozalet-Saleta, así como la riada del Magro.
Uno de los puntos clave de la instructora, según lo reflejado en sus escritos, se centra en la demora del mensaje a través del sistema Es Alert.
Este mensaje tardó tres horas en ser emitido desde la convocatoria del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), que se reunió a las 15 horas, se constituyó a las 17 horas, y finalmente envió el mensaje a las 20:11 horas.
En cuanto a la competencia de la emergencia, la magistrada se pronunció en respuesta a una solicitud de Podemos, personados como acusación popular, que pidió una serie de diligencias. Entre ellas, se solicitó un informe a la dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior sobre sus actuaciones del 29 de octubre. La jueza, sin embargo, ha pedido a Podemos que explique el vínculo entre este organismo y «los hechos objeto de la investigación». Además, añadió que «el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la Administración Central».
Estas diligencias buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en la gestión de la crisis provocada por la DANA en la Comunitat Valenciana.
Fotografía portada: Dana Valencia – X/@EjercitoTierra.
