Aunque la norma se centra exclusivamente en asociaciones, su diseño tiene en cuenta "posibles estrategias de elusión" por parte de otras entidades.
La previsión era que esta norma, la cual inició su proceso de tramitación en el mes de octubre, fuera presentada ante el Pleno del Congreso de los Diputados durante la segunda semana del mes de abril, con el objetivo de ser remitida posteriormente al Senado. Dado que se trata de una ley orgánica, será necesario contar con el respaldo de al menos 176 diputados, es decir, la mayoría absoluta de la cámara, para que pueda ser aprobada. Esta reforma tiene como finalidad dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, y lo que plantea es incorporar como una causa de disolución la apología del franquismo en aquellos casos en los que esta provoque menosprecio o humillación a las víctimas de la Guerra Civil española o de la dictadura franquista.
La Fundación Nacional Francisco Franco en el punto de mira
La Fundación Nacional Francisco Franco que durante casi medio siglo «ha rendido homenaje y glorificado al dictador de ideología fascista que gobernó España desde el año 1939 hasta 1975», se encuentra en «proceso de disolución impulsado por el actual Gobierno». Esta organización es conocida por «ensalzar públicamente el régimen dictatorial, oponerse activamente a la exhumación del dictador, tratar de mejorar la percepción pública del partido político de extrema derecha Vox, y obstaculizar la implementación de la Ley de Memoria en España».
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado en diversas ocasiones que “la exaltación de la dictadura carece del interés general”, un argumento que respalda la decisión gubernamental de proceder a la extinción de la fundación. A lo largo de su existencia, esta entidad ha protagonizado múltiples enfrentamientos legales y sociales en defensa de la figura de Francisco Franco Bahamonde.
Ley de Memoria Histórica
En el año 2007, la Ley de Memoria Histórica estableció que las instituciones públicas debían eliminar todos aquellos símbolos, placas, insignias, escudos o menciones conmemorativas que exaltaran la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista. Sin embargo, la aplicación de dicha ley ha avanzado de forma muy lenta. Aún en el año 2022, más de 5.000 elementos de este tipo continuaban expuestos en espacios públicos. La Fundación Francisco Franco ha sido una de las entidades más activas en la defensa de estos vestigios, oponiéndose especialmente a su retirada en calles y espacios urbanos.
Una de sus acciones más destacadas fue la campaña emprendida contra la aplicación de la ley en la ciudad de Madrid. Bajo la alcaldía de Manuela Carmena, se puso en marcha un plan para cambiar nombres de calles vinculados al franquismo. La fundación respondió con una estrategia de litigios masivos, presentando recursos judiciales en cadena para bloquear las modificaciones. La táctica resultó tan evidente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid intervino, concluyendo que «la organización carecía de legitimidad para presentar tales demandas». Según señalaron los magistrados, “la conexión entre los fines fundacionales y el cambio de nombre de unas calles en Madrid es tan débil que debe considerarse inexistente”. Esta postura fue ratificada por el Tribunal Supremo en el mes de abril del año 2023.
En otra controversia, la Fundación también mostró su rechazo a la decisión del Ministerio de Defensa de cambiar el nombre de una unidad de la Legión, que pasó de denominarse “Bandera Comandante Franco” a “Bandera España”, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Memoria Democrática. La entidad calificó esta modificación como un acto de “sectarismo”.
No obstante, el mayor enfrentamiento entre la fundación y el Estado comenzó en el mes de junio de 2018, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, poco después de haber ganado la moción de censura que desalojó del poder a Mariano Rajoy, anunció su intención de trasladar los restos mortales de Francisco Franco fuera del entonces llamado Valle de los Caídos. La organización, presidida por el general retirado de Infantería de Marina Juan Chicharro, quien ha firmado manifiestos en favor de Franco y contra el supuesto deterioro de la democracia, interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo alegando que la exhumación causaría daños irreparables a la moral, el honor y la dignidad del rey emérito Juan Carlos I, dado que este había elegido el lugar de entierro en el monumento de Cuelgamuros.
Asimismo, la Fundación argumentó que el Gobierno pretendía usar esta acción como su principal “bandera electoral” de cara a los comicios que se celebraron el 28 de abril del año 2009. En paralelo, la organización encargó un informe técnico sobre el plan de trabajo de exhumación, el cual alertaba sobre posibles riesgos físicos para los operarios. Este documento fue utilizado como base para una ofensiva judicial compuesta por múltiples denuncias presentadas de forma coordinada en diferentes juzgados, con la esperanza de que algún tribunal acogiera sus argumentos.
Finalmente, el magistrado José Yusty Basterreche ordenó la paralización de la licencia urbanística necesaria para la exhumación, basándose en dicho informe. Este juez ya se había manifestado públicamente con respecto a la Ley de Memoria Histórica, a la que consideraba fuente de “polémicas políticas intensas” y una forma de «reabrir heridas del pasado». Posteriormente, la fundación también trató de impedir que el panteón de Mingorrubio, donde se reubicaron los restos del dictador, pasara a manos de la Administración General del Estado, en lugar de mantenerse bajo Patrimonio Nacional. En sus declaraciones, calificaron esta medida como una “afrenta” y una “burla”.
Pese a sus esfuerzos, el día 24 de octubre del año 2019, los restos de Francisco Franco fueron finalmente trasladados desde Cuelgamuros hasta el cementerio de El Pardo.
Llega al congreso la ley para disolver asociaciones franquistas
Llegados a este punto, este jueves día 10 de abril, el Pleno del Congreso de los Diputados votará la reforma de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, un proyecto impulsado por el PSOE que busca facilitar la disolución de entidades que hagan apología del franquismo. Al tratarse de una ley orgánica, su aprobación requiere una mayoría absoluta de al menos 176 votos, lo que obliga al Gobierno a mantener el respaldo de sus socios habituales –Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu– para sacar adelante la iniciativa. Una vez superado este trámite, el texto será remitido al Senado para continuar su proceso legislativo.
El dictamen que se someterá a votación fue aprobado el pasado 25 de marzo en la Comisión Constitucional del Congreso, donde obtuvo el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu. El PP y UPN optaron por la abstención, mientras que Vox fue el único partido que votó en contra. Esta reforma responde a la disposición adicional séptima de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que desde su entrada en vigor en 2022 instaba al Ejecutivo a modificar la normativa de asociaciones para combatir la exaltación del franquismo.
Aunque la norma se centra exclusivamente en asociaciones, su diseño tiene en cuenta posibles estrategias de elusión por parte de entidades como la Fundación Nacional Francisco Franco. Según fuentes parlamentarias, el PSOE ha impulsado esta reforma en paralelo a los esfuerzos del Ministerio de Cultura, liderado por Ernest Urtasun (Sumar), que desde junio de 2024 trabaja en la extinción de dicha fundación por una vía administrativa distinta, amparada en la misma Ley de Memoria Democrática. Ante el riesgo de que la Fundación Franco pueda transformarse en una asociación para evitar su disolución, la nueva ley introduce salvaguardas específicas.
El texto añade una disposición adicional a la Ley de Asociaciones que establece como causa de disolución “la realización de actividades que constituyan apología del franquismo”. Esto incluye ensalzar el golpe de Estado de 1936, la dictadura posterior o sus dirigentes, siempre que se produzca “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas” o “incitación directa o indirecta al odio o violencia” contra ellas. Además, la norma aclara que esta medida se aplicará independientemente de los fines declarados en los estatutos de la entidad o de su inscripción registral, evitando así subterfugios legales.
Disolución por vía penal y legitimación activa
La propuesta inicial establecía que la disolución debía realizarse mediante resolución judicial, con el Ministerio Fiscal como encargado de iniciar el proceso. Sin embargo, una enmienda transaccional pactada entre PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, incorporada durante la fase de ponencia, amplió las posibilidades al abrir la puerta a la vía penal. Según el texto,
El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia.
Además, la reforma reconoce la “legitimación activa” de asociaciones, entidades y personas jurídicas dedicadas a la defensa de la memoria democrática y las víctimas del golpe de 1936 y la dictadura, permitiéndoles participar en estos procesos. Esta novedad refuerza el papel de la sociedad civil en la aplicación de la ley.
Contexto y fuentes oficiales
La Ley de Memoria Democrática, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de octubre de 2022, ya preveía en su disposición adicional séptima la necesidad de reformar la Ley de Asociaciones para incluir la apología del franquismo como causa de disolución. Según el artículo 1 de esta disposición,
El objetivo es garantizar que las asociaciones que realicen actividades contrarias a los principios democráticos puedan ser disueltas, en línea con los valores de reparación, justicia y dignidad hacia las víctimas del franquismo.
Por su parte, el Ministerio de Cultura informó el 18 de junio de 2024, a través de un comunicado oficial, que había iniciado los trámites para la extinción de la Fundación Franco bajo la disposición adicional quinta de la misma ley, que considera contrarias al interés general las fundaciones que enaltezcan la dictadura o inciten al odio. Este proceso, aún en curso, depende de una resolución judicial tras la intervención del Protectorado de Fundaciones, adscrito al ministerio.
Debate y próximos pasos
El camino hacia la aprobación definitiva no está exento de tensiones. El PP, pese a su abstención en la comisión, ha criticado que la reforma se centre solo en el franquismo y no en otros regímenes totalitarios, mientras que Vox la rechaza de plano, acusándola de atentar contra la libertad de asociación. Por otro lado, algunos socios del Gobierno, como ERC y Junts, han expresado dudas sobre su efectividad práctica, señalando que su aplicación dependerá de la interpretación judicial.
Si el Pleno del Congreso aprueba la reforma este jueves, el texto pasará al Senado, donde podría sufrir modificaciones antes de regresar a la Cámara Baja para su ratificación final.
Fotografía portada: Archivo/Pleno del Congreso.
