Han solicitado una regularización extraordinaria para todos los migrantes en situación irregular como medida de urgencia.
En un esfuerzo por abogar por la igualdad y la justicia social, un grupo compuesto por 19 entidades sociales activas en la Comunitat Valenciana y otras regiones de España ha elevado una petición formal al Gobierno central, a la Generalitat Valenciana y al Defensor del Pueblo. Su demanda principal es que las ayudas destinadas a las víctimas de la devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se extiendan también a las personas migrantes, especialmente aquellas en situación administrativa irregular.
La solicitud ha sido oficialmente presentada mediante un escrito dirigido a la Secretaría de Estado de Migraciones, la Secretaría de Estado de Trabajo, la Presidència de la Generalitat Valenciana, y el Defensor del Pueblo. Este documento, difundido este jueves, subraya,
A pesar de haber pasado tres meses desde el desastre natural, aún no se ha atendido adecuadamente a uno de los grupos más vulnerables: los migrantes sin regularización.
Las entidades critican que los actuales requisitos para acceder a las ayudas, tales como la necesidad de poseer un DNI o NIE, un contrato de trabajo, un contrato de alquiler y una cuenta bancaria, excluyen a aproximadamente 40.000 personas en situación irregular que residen en las áreas afectadas. Estos individuos, según el comunicado, se encuentran entre los más desprotegidos socialmente, quedando al margen de diversas medidas de apoyo, incluyendo:
Protección laboral. Beneficios de la Seguridad Social. Apoyo educativo y de formación para trabajadores. Ayudas por fallecimiento, incapacidad, daños en enseres y viviendas o por vehículos siniestrados.
En respuesta a esta situación, las entidades han solicitado una regularización extraordinaria para todos los migrantes en situación irregular como medida de urgencia. Además, proponen adaptaciones en los procedimientos de concesión de ayudas para que estas personas puedan también beneficiarse de ellas mientras se resuelve la regularización.
El Servicio para la Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, parte del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), ya ha elaborado dos informes que denuncian no solo esta exclusión, sino otras formas de discriminación detectadas en el proceso de ayuda post-DANA.
Las medidas aprobadas son vitales para las personas afectadas, pero es inaceptable que excluyan a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad.
Concluyen las entidades, urgiendo a una adaptación inmediata en los procedimientos de ayuda tanto a nivel estatal como autonómico para asegurar que nadie queda atrás en momentos de crisis.
Este reclamo refleja un esfuerzo más amplio por parte de la sociedad civil para garantizar que las políticas de ayuda y recuperación sean inclusivas y justas, reflejando verdaderamente los principios de equidad y solidaridad que deberían guiar las respuestas gubernamentales a las catástrofes naturales.
Fotografía portada: X/@EjercitoTierra.
