LA UNIÓ ha trasladado su preocupación al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la Secretaria de Estado, Begoña García.
LA UNIÓ ha mostrado su firme rechazo a la obligación de registrar electrónicamente los tratamientos fitosanitarios a partir del 1 de enero de 2026, argumentando que esta medida solo aumentaría la carga administrativa para los agricultores sin aportar mejoras significativas. Esta preocupación ya ha sido trasladada al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, a través de un escrito y en una reciente reunión.
Según LA UNIÓ, la administración ya dispone de toda la información necesaria para el control del uso de productos fitosanitarios gracias a la interconexión de registros a través del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas (SIEX). Este sistema incluye el Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones (RETO), que permite conocer en tiempo real las compras de productos fitosanitarios por parte de los agricultores, el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO), que garantiza que los agricultores cuenten con la formación y habilitación necesarias para aplicar estos productos, y el Registro de Explotaciones Agrarias (REA), que contiene toda la información sobre las explotaciones agrarias y vincula las compras de fitosanitarios con la superficie y cultivos declarados. Además,
Desde 2013, los agricultores ya están obligados a registrar las aplicaciones de fitosanitarios en su Cuaderno de Explotación.
La organización destaca que, además de estos registros oficiales, existen certificaciones privadas como GlobalGAP, que imponen requisitos estrictos sobre el uso de fitosanitarios para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, lo que complementa los controles administrativos.
Desde el punto de vista de LA UNIÓ, la obligación de registrar electrónicamente los tratamientos fitosanitarios “supone una duplicidad de datos y un aumento injustificado de la burocracia, sin una mejora real en la trazabilidad ni en la seguridad alimentaria”. La organización también critica que esta medida se haya impuesto sin haberse cuantificado su impacto en el sector agrario.
En lugar de la nueva obligación, LA UNIÓ propone una solución que considera más eficiente y menos burocrática. La organización sugiere que el Ministerio de Agricultura utilice la información ya contenida en el RETO (relativa a compras, ventas, importaciones, exportaciones y tratamientos de productos fitosanitarios) e incremente su vinculación con el identificador de la explotación agraria (REA) para no hacer necesario el registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios. De esta manera, el control podría hacerse de forma más eficaz sin recargar de tareas a los agricultores.
Para llevar a cabo esta propuesta, LA UNIÓ plantea varias medidas:
- Eliminar la obligatoriedad del registro electrónico de tratamientos fitosanitarios, sustituyéndolo por un sistema automatizado que vincule las compras de fitosanitarios registradas en el RETO con las explotaciones declaradas en el REA.
- **Mejorar la interoperabilidad del SIEX para que la administración pueda cruzar estos datos automáticamente, garantizando la trazabilidad sin necesidad de registros adicionales por parte del agricultor.
- Establecer un sistema de alertas o verificaciones automáticas que detecte incoherencias entre las compras de fitosanitarios y las superficies/cultivos declarados en el REA, lo que permitiría una fiscalización más efectiva sin sobrecargar de burocracia a los agricultores.
- Ampliar el RETO con la identificación de Explotaciones Agrarias, eliminando así la obligación del registro electrónico de tratamientos fitosanitarios.
Finalmente, el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha manifestado que “la obligación de registrar electrónicamente los tratamientos fitosanitarios a partir del 1 de enero de 2026 es totalmente descabellada porque, entre otras cosas, va a suponer una burocracia extra debido a los numerosos tratamientos que tenemos que hacer debido a la implantación de nuevas plagas por no controlar adecuadamente en frontera las importaciones, y confío en que el Ministerio de Agricultura entre en razón y contemple nuestras demandas”. Concluye.
