La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament en Valencià organizó protestas en varias ciudades de la Comunitat Valenciana con el lema “Sí al valencià”.
La tensión en la Comunidad Valenciana no cesa a pocos días del inicio de la consulta telemática que permitirá a las familias elegir la lengua base —castellano o valenciano— para la educación de sus hijos en centros públicos y concertados, desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta los tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Este proceso, impulsado por la Conselleria de Educación en el marco de la Ley de Libertad Educativa, arrancará el próximo martes 25 de febrero y se extenderá hasta el 4 de marzo. Sin embargo, la propuesta ha desatado una oleada de protestas por parte de docentes, familias, sindicatos y plataformas educativas, que consideran que esta medida amenaza el uso del valenciano en las aulas y genera un conflicto innecesario.
Este sábado, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament en Valencià, que agrupa a más de 20 entidades, convocó concentraciones en varias ciudades de la región, como Valencia, Castellón y Alicante, bajo el lema “Sí al valencià”.
Según los organizadores, unas 600 personas se reunieron en Castellón para expresar su rechazo a la consulta, argumentando que pone en riesgo el modelo educativo en valenciano y vulnera los derechos lingüísticos del alumnado.
Nos manifestamos para defender la enseñanza en valenciano y oponernos a una ley que arrincona nuestra lengua, complica la labor docente y desestabiliza la organización de los centros educativos.
Señalaron en su manifiesto en la plaza María Agustina de la capital de la Plana.
Protestas contra la ‘Ley de Libertad Educativa’ por toda la provincia de Castellón
Las protestas se extendieron por toda la provincia de Castellón, donde familias, junto a representantes políticos del PSPV y Compromís, se sumaron a la movilización.
Desde el ámbito sindical y educativo, voces como las de Comisiones Obreras (CCOO), UGT y Famílies pel Valencià han calificado la consulta como “un ataque frontal” al valenciano y al sistema educativo.
CCOO ha ido más allá al presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), solicitando la suspensión cautelar de la votación. El sindicato argumenta que la medida, derivada de la controvertida Ley de Libertad Educativa, busca “arrinconar” el valenciano, ignorando las competencias del profesorado, los Consejos Escolares y la autonomía pedagógica de los centros.
Esta norma pone en peligro los derechos educativos de una parte significativa del alumnado y resuelve un problema que nunca existió.
Han afirmado desde CCOO, que espera que el recurso paralice el proceso mientras se resuelve el fondo del asunto.
La oposición a la consulta también subraya que el valenciano, como lengua cooficial, no había sido hasta ahora un motivo de conflicto en los centros educativos. “La Conselleria ha creado una problemática artificial con una clara intención ideológica”, denuncian los portavoces sindicales y de las familias, quienes critican que se traslade a los padres una decisión que, en su opinión, debería recaer en los profesionales de la educación y en los proyectos pedagógicos de los colegios.
La Generalitat insiste en la «libertad de elección»
En contraste, el ‘president’ de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha instado a las familias a participar libremente en la consulta, afirmando que permitirá a 570.000 familias elegir la lengua vehicular en las aulas y criticando la política anterior por utilizar el valenciano como herramienta ideológica.
Desde la Generalitat, se insiste en que la consulta garantiza la “libertad de elección” de las familias.
Esta ley permite a las familias elegir entre castellano y valenciano como lengua base en la educación de sus hijos.
Asevera la Generalitat.
«Ataque frontal a nuestra lengua y a nuestro sistema educativo»
A medida que se acerca el 25 de febrero, el debate sigue polarizando a la comunidad educativa y política. Las movilizaciones y los recursos judiciales reflejan la profunda preocupación por el futuro del valenciano en las aulas, en un contexto en el que la Ley de Libertad Educativa, aprobada por el gobierno de PP y Vox, continúa generando controversia y resistencia en distintos sectores de la sociedad valenciana.
Los manifestantes argumentan que el valenciano nunca ha supuesto un problema en los centros educativos y que esta decisión no debería recaer en los padres.
Desde los sindicatos, junto a Famílies pel Valencià, han señalado que:
«Nos oponemos al que supone un ataque frontal a nuestra lengua y a nuestro sistema educativo. La Consellería de Educación, en una maniobra claramente ideológica, ha decidido malograr el modelo de enseñanza en valenciano, creando una problemática que no existía.»
UGT Castelló también se ha concentrado a favor del valenciano y «en contra de la consulta impulsada por Rovira y Mazón», a la que califican de segregadora y que arrincona el valenciano en la escuela. La organización sindical defiende un modelo de educación pública en valenciano, considerando que la consulta supone un ataque a la normalización lingüística y a los derechos del alumnado.
Por su parte, la coalición Compromís ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la consulta, alegando que es inconstitucional y que dificultará la matriculación de los alumnos, advirtiendo de un posible colapso en el proceso educativo.
Impacto en niños con necesidades educativas especiales
La consulta también ha generado tensiones entre los padres y madres en los grupos de WhatsApp, preocupados por la estabilidad de los grupos de alumnos y el impacto en niños con necesidades educativas especiales. Vicent Mañes, de la Associació de Directors de Primaria, ha indicado el riesgo de romper los grupos estables, mientras que Rubén Pacheco, portavoz de FAMPA, ha insistido en cancelar la votación y ha advertido que la abstención podría ser peligrosa, recomendando votar considerando el bienestar de los hijos.
Sumem Biar ha manifestado su rechazo absoluto a la «Llei de llibertat educativa» y a la consulta sobre la lengua base en la enseñanza, argumentando que dicha ley supone un retroceso en la normalización del valenciano, fomenta la segregación escolar y genera cargas administrativas innecesarias. Señalan que la consulta no responde a necesidades educativas o demandas sociales, sino a una estrategia política para debilitar la lengua y cultura valenciana.
En este contexto, diversas organizaciones y colectivos han hecho un llamado a la participación activa en la consulta, instando a las familias a votar en favor del valenciano para proteger la lengua y cultura propias, y garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos los estudiantes.
Fotografías: UGT – Ensenyament País Valencià.
