Este viernes, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, comparecen como investigados por su gestión en la DANA.
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha evitado este viernes hacer cualquier tipo de comentario sobre las declaraciones de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quienes han comparecido como investigados ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. Ambos están siendo investigados por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia en relación con la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que el pasado 29 de octubre dejó 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia.
A preguntas de los periodistas a su llegada y salida de un acto institucional en el centro Doctor Esquerdo de Sant Joan d’Alacant, donde se firmó un convenio entre la Generalitat y la Diputación de Alicante para la atención sanitaria integral en salud mental, Mazón se limitó a subrayar su «total respeto al proceso» judicial. »
Ya sabéis que los procesos se respetan siempre y hoy no es una excepción.
Afirmó mientras se dirigía a su vehículo, insistiendo en que «es lo que corresponde». El president declinó entrar en detalles sobre las comparecencias, centrando su discurso en la importancia del acuerdo firmado, al que calificó de «histórico» para la salud mental en Alicante.
El acto en Sant Joan d’Alacant, único evento en la agenda pública de Mazón este viernes, sirvió para destacar el compromiso de su Ejecutivo con cuestiones sociales, según sus palabras.
Hoy es un día muy importante para la salud mental en Alicante. Seguimos trabajando en todos los sentidos.
Apostilló, subrayando que el convenio permitirá mejorar la atención integral en esta área.
Contexto judicial de las declaraciones de Carlos Mazón
La comparecencia de Salomé Pradas y Emilio Argüeso ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra marca un punto clave en la investigación penal sobre la gestión de la DANA, que devastó numerosos municipios valencianos y generó una profunda conmoción social. La magistrada ha centrado su pesquisa en la tardanza del envío de la alerta masiva a móviles (Es-Alert), que no se activó hasta las 20:11 horas del 29 de octubre, cuando ya se habían registrado numerosas víctimas. Según la instructora, esta demora, junto con el contenido «erróneo» del mensaje, pudo contribuir a la magnitud de la tragedia.
En autos previos, la jueza ha señalado que la DANA «no fue un fenómeno meteorológico imprevisto», dado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido avisos de nivel rojo desde primera hora del día. Además, destacó que instituciones como la Universitat de València suspendieron sus actividades preventivamente, afectando a unas 50.000 personas, «lo que evidencia que existía información suficiente para actuar con mayor rapidez». Insiste la magistrada.
La investigación apunta a posibles responsabilidades en la falta de convocatoria temprana del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), que no se reunió hasta las 17:00 horas, y en la inacción ante las alertas recibidas, incluyendo las 19.821 llamadas al 112 aquel día.
Salomé Pradas, quien ostentaba conforme insiste la jueza, el «mando único» de la emergencia según la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat, y Emilio Argüeso, su número dos, fueron destituidos por Mazón a finales de noviembre de 2024, tras semanas de críticas por su gestión. Pradas ha defendido públicamente que actuó conforme a sus funciones «desde el primer minuto», mientras que la defensa de Argüeso ha argumentado que carecía de competencias directas para activar alertas, apuntando a posibles fallos en otros niveles, como el servicio del 112.
La posición de Mazón y el debate político
Carlos Mazón, protegido por su condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), no ha sido citado como investigado, aunque la jueza le ofreció la posibilidad de declarar voluntariamente.
La postura de Mazón ha generado tensiones políticas. La oposición, especialmente Compromís y el PSPV-PSOE, ha criticado su negativa a asumir responsabilidades, señalando que, aunque no asumió formalmente el mando único al no declarar la «emergencia catastrófica», su liderazgo como president le otorgaba un rol clave en la coordinación. Por su parte, el PP ha mantenido que la Generalitat actuó con diligencia y ha apuntado a supuestos fallos del Gobierno central, como un presunto «apagón informativo» de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), una tesis que la jueza ha desmontado al considerar que la información estaba disponible a través de múltiples canales.
Reacciones y próximos pasos
La jornada de este viernes ha estado marcada por la expectación ante las declaraciones de Pradas y Argüeso. La investigación sigue abierta, con próximas citaciones previstas, como las de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que declararán como testigos el 14 de abril, así como dos técnicos el 29 del mismo mes.
El caso de la DANA continúa siendo un tema sensible en la Comunitat Valenciana, donde las víctimas y los damnificados exigen respuestas claras. La Generalitat, por su parte, ha solicitado personarse en la causa, una petición que la jueza denegó, recordando que dos de sus antiguos cargos están investigados, lo que podría generar un conflicto de intereses.
Mientras el proceso judicial avanza, Mazón busca mantener el foco en la acción de gobierno, como quedó patente en el acto de Alicante. Sin embargo, la sombra de la DANA y sus consecuencias sigue marcando el debate político y social en la región, con una sociedad que espera justicia y medidas para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.
Fotografía portada: Archivo/GVA.
