Carlos Mazón ha acusado al Gobierno de España de no estar "moviendo ni un dedo" para arreglar o encauzar los barrancos afectados por las inundaciones de la DANA.
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha centrado su atención en la «inseguridad» que sufren los damnificados por la devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) del pasado 29 de octubre, que dejó graves inundaciones en la región. En un acto celebrado este martes tras la presentación de la campaña de la Renta 2024, Mazón ha expresado que su mayor preocupación no es su propia seguridad personal —tras haber recibido amenazas de muerte por su gestión de la crisis—, sino la de los ciudadanos que «siguen viendo que no se está moviendo ni un dedo» por parte del Gobierno de España para prevenir futuras catástrofes.
Mazón ha denunciado la falta de acción del Ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez, para poner en marcha obras esenciales en los barrancos y cauces de la Comunidad Valenciana, como los de Poyo o La Saleta, «cuya precaria situación contribuyó a la magnitud del desastre».
La seguridad que me preocupa es la de los afectados de la DANA, porque las obras para evitar que esto vuelva a ocurrir no han arrancado, no se han puesto en marcha, no se hicieron antes y nadie nos está trasladando que se estén poniendo en marcha.
Ha afirmado con rotundidad.
Según el president, esta inacción genera una «sensación de inseguridad» entre los valencianos, que temen que las inundaciones puedan repetirse ante la falta de medidas preventivas.
El líder del Consell ha urgido al Gobierno central a iniciar «de manera inmediata» proyectos para «desviar, adecuar o aliviar el trayecto de esos barrancos«, una demanda que, según ha recalcado, no es nueva.
No han hecho nada durante años, pero después de la riada no han movido ni un solo músculo.
Ha criticado, señalando que ni siquiera se han iniciado los trámites administrativos necesarios para abordar la situación.
Amenazas de muerte y prudencia personal
En el ámbito personal, Mazón ha confirmado haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, un hecho que ha derivado en la detención de una persona. Sin embargo, ha optado por mantener un perfil bajo respecto a su seguridad, delegando la gestión del asunto en los expertos. «Soy el menos indicado para valorar los asuntos de seguridad«, ha declarado, añadiendo que, por «prudencia y responsabilidad«, prefiere no situarse «en el medio del foco, ni para bien ni para mal«. Esta postura, según ha explicado, responde a su convicción de que el verdadero foco debe estar en la recuperación de las víctimas y los damnificados.
Llamada a la calma en el debate político
Preguntado por el clima de crispación política, Mazón ha defendido su trayectoria,
Nunca me habrán visto insultar ni amenazar a nadie, ni mandar a ningún sector de mi partido a hacerle un escrache a nadie.
En este sentido, ha instado a todas las partes a realizar «un esfuerzo» para que el debate político sea «lo más razonable posible«, aunque ha dejado entrever que no todos los actores han mostrado el mismo compromiso en este aspecto.
Mazón insistió en que «el Gobierno de España no ha puesto en marcha ni siquiera el más mínimo trámite para poner en marcha las obras que necesitamos», subrayando la urgencia de actuar en barrancos clave como el Poyo y La Saleta, cuyos desbordamientos causaron estragos en municipios como Paiporta, Aldaia y otros de la comarca de L’Horta Sud.
La DANA del 29 de octubre dejó un saldo de más de 228 fallecidos y daños materiales incalculables en la provincia de Valencia, siendo el desbordamiento de barrancos como el del Poyo uno de los principales factores de la tragedia. Según datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el caudal del barranco del Poyo alcanzó los 2.282 metros cúbicos por segundo a las 18:55 horas de ese día.
Informes, como el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 2022-2027, ya habían identificado la necesidad de obras de «adecuación ambiental y drenaje» en el Poyo y de una «vía verde» para conectar La Saleta al río Turia, proyectos que, sin embargo, no se han ejecutado.
Mazón ha reiterado que estas infraestructuras son esenciales para «desviar, adecuar o aliviar» el trayecto de los barrancos y evitar futuras inundaciones. En este sentido, la Generalitat aprobó en febrero de 2025 un decreto ley que modifica la Ley de Protección de la Huerta de 2018, eliminando trabas administrativas como los informes vinculantes del Consell de L’Horta, con el objetivo de agilizar las actuaciones. No obstante, el president ha cargado contra el Ejecutivo central, al que acusa de no haber avanzado en la licitación ni ejecución de estas obras, competencia que recae en gran medida en el Ministerio para la Transición Ecológica y la CHJ.
Respuesta del Gobierno central y tensiones políticas
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han defendido que las confederaciones hidrográficas, como la del Júcar, no tienen la función de lanzar alertas públicas ni de ejecutar obras sin la coordinación con las administraciones autonómicas y que la responsabilidad de emitir avisos a la población recae en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.
Además, destacaron que proyectos como el encauzamiento del barranco del Poyo han enfrentado obstáculos legales y ambientales, como los señalados en 2021 por la entonces ministra Teresa Ribera, quien paralizó una iniciativa por «problemas ambientales» y una evaluación de coste-beneficio desfavorable.
Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha evitado entrar en una confrontación directa este miércoles, pero en declaraciones previas ha cuestionado la gestión de Mazón durante la crisis, afirmando,
El president no es el más indicado para hablar de la seguridad de los valencianos frente a una DANA.
Bernabé también confirmó que, hasta la fecha, la Policía Nacional no ha registrado nuevas denuncias por amenazas contra Mazón.
Las palabras de Mazón llegan en un contexto de creciente tensión política y social. Este pasado 29 de marzo marcó cinco meses desde la catástrofe, y las manifestaciones contra la gestión de la Generalitat se han sucedido, con una sexta protesta masiva celebrada recientemente en Valencia. Los afectados reclaman responsabilidades por la tardanza en las alertas —el aviso masivo a móviles no se envió hasta las 20:11 del 29 de octubre.
Organismos oficiales como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han respaldado que las previsiones de lluvia extrema estaban disponibles desde el domingo 27 de octubre.
