La investigación busca identificar posibles negligencias en la gestión autonómica de la emergencia que "habrían contribuido al alto número de muertes".
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha manifestado este lunes su postura de prudencia y respeto hacia el proceso judicial que enfrenta a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien está citada a declarar como investigada el próximo viernes 11 de abril en relación con la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024, dejando 228 víctimas mortales. «Ante el proceso, mucho respeto», ha declarado Mazón tras asistir al ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea‘, un evento protagonizado por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, celebrado en Valencia.
El presidente autonómico ha evadido responder directamente a las preguntas de los medios sobre si le «preocupa» la comparecencia de Pradas, quien fue la máxima responsable de Emergencias durante la tragedia, o si contempla la posibilidad de declarar voluntariamente en la causa, como le permite su condición de aforado.
Mazón se ha limitado a reiterar su confianza en el desarrollo del procedimiento judicial, evitando valoraciones que puedan «interferir en la investigación».
Citaciones judiciales en curso
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, encargada de investigar las posibles responsabilidades penales en la gestión de la catástrofe, ha citado a declarar como investigados a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, el próximo 11 de abril.
Estas son las primeras citaciones en calidad de investigados que acuerda la jueza Nuria Ruiz Tobarra en el marco de esta causa, que se sigue por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.
Además, la instructora ha programado para el 14 de abril las declaraciones como testigos de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Asimismo, el 29 de abril está prevista la comparecencia de dos técnicos cuya identidad no ha sido precisada por el TSJCV. Estas citaciones buscan esclarecer las decisiones tomadas antes y durante la DANA, especialmente en relación con el envío tardío del mensaje de alerta ES-Alert a la población, que la magistrada ha calificado previamente como «tardío y erróneo» en un auto del pasado 10 de marzo.
Contexto de la investigación
La investigación judicial se centra en determinar si hubo negligencias en la gestión autonómica de la emergencia que pudieron contribuir al elevado número de fallecidos. La jueza Ruiz Tobarra ha señalado en resoluciones anteriores que existía información suficiente y en tiempo real sobre el riesgo del temporal, proveniente tanto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como de otros organismos, y que la Generalitat tenía la competencia exclusiva para adoptar medidas de protección civil.
En este sentido, el foco está puesto en el retraso en la activación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y en la emisión de la alerta a las 20:11 horas del 29 de octubre, cuando las inundaciones ya habían causado estragos en numerosas localidades.
Salomé Pradas, quien fue cesada por Mazón el 22 de noviembre de 2024, ha defendido su actuación argumentando que siguió los criterios técnicos y que carecía de información suficiente por parte de otros organismos, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Por su parte, Emilio Agüeso, destituido el 3 de diciembre del mismo año, también está bajo escrutinio por su papel como número dos en la consellería durante la emergencia.
Reacciones y próximos pasos
La imputación de Pradas y Argüeso ha estrechado el cerco judicial en torno a la gestión del Consell durante la DANA, aunque por el momento la jueza ha rechazado citar a Carlos Mazón como investigado, debido a su condición de aforado ante el TSJCV. No obstante, la magistrada le ha ofrecido la posibilidad de declarar voluntariamente, una opción que el presidente no ha descartado ni confirmado hasta la fecha.
Fuentes cercanas al procedimiento, indican que la defensa de Pradas, podría argumentar que no existió un «mando único» claro y que la responsabilidad fue compartida con otros organismos, incluyendo la Delegación del Gobierno. Esta línea de defensa ya fue esbozada en un recurso presentado el pasado 24 de marzo, en el que Pradas se consideró a sí misma como «cabeza de turco» de la tragedia.
Con las declaraciones previstas para esta semana, el proceso judicial entra en una fase clave que podría derivar en nuevas diligencias o incluso en una eventual elevación de la causa al TSJCV si se hallaran indicios que impliquen a Mazón. Por ahora, el presidente de la Generalitat mantiene su apuesta por el respeto institucional mientras la justicia sigue su curso.
Fotografía portada: Carlos Mazón asiste a la conferencia del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina en ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’.
