Fernández: "Representa un perjuicio para muchas familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda a las que la administración no puede entregar estas viviendas".
La Vicepresidencia Primera y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), ha redoblado sus esfuerzos para prevenir la ocupación ilegal de las viviendas del patrimonio público de la Generalitat, destinando una inversión anual superior a los 850.000 euros.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha destacado que “la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un fenómeno que está afectando a muchos propietarios que se encuentran desamparados por una legislación del Gobierno de España que no da seguridad jurídicas ni garantías”. Además, Fernández ha señalado que este fenómeno representa “un grave problema que afecta al mercado de la vivienda”.
El secretario autonómico ha puntualizado que las ocupaciones ilegales generan “numerosos problemas de convivencia en los bloques de viviendas públicas, inseguridad para los inquilinos de viviendas sociales y un sobrecoste a la administración autonómica, que se ha visto obligada en los últimos años a redoblar esfuerzos implementando mecanismos de prevención como alarmas, puertas antivandálicas o la contratación de servicios de seguridad privada en muchos bloques de vivienda titularidad de la Generalitat”. Además, ha subrayado que,
Representa un perjuicio para muchas familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda a las que la administración no puede entregar estas viviendas.
Por este motivo, ha insistido en que el Consell trabaja “intensamente para no tolerar nuevas ocupaciones ilegales, ya que vulneran los derechos de muchas personas, impiden la adecuación y rehabilitación de las viviendas y además suponen un riesgo por falta de seguridad para sus ocupantes y el resto de los vecinos”.
Medidas de seguridad para la protección de viviendas públicas
La EVha, encargada de la gestión de las viviendas públicas de la Generalitat, tiene entre sus principales objetivos la reparación y adjudicación de viviendas para destinarlas a alquiler social. Sin embargo, en muchas ocasiones, las labores de valoración y reparación no pueden completarse debido a que algunas viviendas son ocupadas de manera ilegal durante los periodos de adecuación, lo que impide su posterior adjudicación a las familias necesitadas.
Ante esta situación, se ha implementado una serie de medidas preventivas para disuadir la ocupación ilegal. La instalación de puertas antivandálicas ha sido una de las principales iniciativas. Durante 2024, se instalaron 223 puertas con una inversión de aproximadamente 100.000 euros. No obstante, en algunos casos, esta medida ha resultado insuficiente, lo que ha llevado a la contratación de sistemas de seguridad más sofisticados, como la instalación de 250 alarmas individuales sin conexión al suministro eléctrico para evitar que las viviendas sean ocupadas ilegalmente.
Los sistemas de alarma, que están conectados a una central de alarmas con aviso inmediato a la Policía, refuerzan la prevención de ocupaciones ilegales. Este servicio tiene un coste anual de 125.000 euros. Una vez que la vivienda es reparada y adjudicada a la familia correspondiente, la alarma se traslada a otra vivienda en proceso de rehabilitación.
Contratación de seguridad privada
Como parte de las medidas de protección, también se ha contratado seguridad privada las 24 horas en algunos edificios de vivienda pública, con el objetivo de evitar actos vandálicos y ocupaciones ilegales de edificios finalizados mientras se lleva a cabo la adjudicación de las viviendas.
En los casos en los que se detecta la ocupación ilegal de una vivienda en el momento de su ejecución, la EVha actúa de forma inmediata exigiendo el desalojo de los ocupantes y abriendo un expediente administrativo para ello. En situaciones donde la ocupación ilegal es reiterada o se sospecha que está relacionada con el tráfico ilegal de viviendas o actividades delictivas, se interpone una denuncia por usurpación. Este procedimiento activa las diligencias urgentes del juzgado y, en ocasiones, puede dar lugar a un juicio rápido y al desalojo inmediato de los ocupantes ilegales.
