La jueza encargada de investigar la gestión de la DANA ha citado a declarar como investigados a Pradas y Argüeso el 11 de abril.
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), encargada de investigar la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ha citado a declarar como investigados el próximo 11 de abril a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Según una providencia, notificada este lunes a las partes, la magistrada también ha fijado el 14 de abril para tomar declaración como testigos a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Además, ha convocado a dos técnicos para el día 29 de abril en calidad de testigos.
Por otro lado, la instructora ha dictado este lunes un auto en el que deniega la solicitud de la acusación popular ejercida por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que pedía datos sobre los vehículos oficiales utilizados por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y sus escoltas entre las 8:00 horas del 29 de octubre y las 8:00 horas del día siguiente. La magistrada justifica esta negativa en la condición de aforado de Mazón, argumentando que «no es factible» la «realización de diligencias de investigación sobre su actuación».
En este sentido, la instructora recuerda que el presidente de la Generalitat tiene la condición de aforado,
Lo que impide que el juzgado de Instrucción pueda ordenar la realización de diligencias de investigación sobre su actuación en este caso.
De igual forma, la magistrada rechaza la solicitud de diligencias en relación con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su secretario autonómico, Emilio Argüeso, ya que «no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión» del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) «o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso». La solicitud también se extiende al director y subdirector general de Emergencias, quienes «no ostentan la condición de investigados».
Grabaciones CECOPI
Respecto a las posibles grabaciones de audio de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, la instructora ha indicado que debe ser a los integrantes de la reunión a quienes corresponde manifestar si poseen dicho material y si «voluntariamente prestan su conformidad» para aportarlo al proceso, una vez sean citados a declarar.
Tanto la providencia como el auto notificados este lunes aún no son firmes, por lo que contra ellos cabe recurso, según ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, investiga los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia en una catástrofe que dejó 225 fallecidos, 3 desaparecidos y miles de afectados. En sus escritos, la magistrada ha sostenido que este fenómeno meteorológico no fue «imprevisto», pero que el Cecopi se reunió con «gran demora» y adoptó decisiones con retraso. Asimismo, ha indicado que era responsabilidad de las autoridades autonómicas alertar a la población, coordinar medidas de protección civil y minimizar las consecuencias de las lluvias, que desbordaron ríos y barrancos, pusieron al límite las presas y causaron una «sucesión trágica de fallecimientos».
La magistrada también ha calificado de «tardío y errado» el mensaje masivo de alerta enviado a la población a las 20:11 horas del 29 de octubre, cuando ya se habían producido numerosas muertes en bajos y garajes.
Fotografía portada: Dana Valencia 2024 – X/@EjercitoTierra.
