Las entidades locales contarán con un marco normativo actualizado y financiación para gestionar los servicios sociales, prestaciones y centros consolidados.
La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha convocado al Órgano de Coordinación y Colaboración Interadministrativa (OCCI) en Servicios Sociales para tratar el proceso de configuración del nuevo contrato programa 2025-2028 y dar cuenta de las principales actuaciones llevadas a cabo en 2024 bajo este modelo.
La reunión del OCCI fue presidida por la secretaria del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, quien estuvo acompañada por el director general del Sistema Sociosanitario, José Vicente Anaya. En el encuentro, participaron también representantes de la administración local, incluidos miembros de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), de las diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón, y de los ayuntamientos de Alicante, València, Castellón y Elche, junto con representantes de municipios con menos de 100.000 habitantes.
El OCCI es el encargado de coordinar las acciones y la financiación entre la Generalitat y las entidades locales en el ámbito de los servicios sociales, a través del instrumento de financiación denominado ‘contrato programa’.
Este contrato se articula mediante un convenio plurianual firmado entre la Generalitat y las entidades locales, y tiene como objetivo financiar los servicios de atención primaria básica, así como los servicios de competencia local relacionados con la atención primaria específica. Además, también cubre la financiación de la atención primaria específica de competencia de la Generalitat, junto con los servicios de atención secundaria.
Con el fin de preparar el terreno para el próximo periodo, y debido a la finalización de los contratos programa correspondientes al periodo 2021-2024, la secretaria autonómica ha explicado que en 2025 las entidades locales contarán con un marco normativo actualizado y la financiación necesaria para atender los servicios, las prestaciones y los centros consolidados bajo el nuevo contrato programa 2025-2028.
En palabras de Elena Albalat, este nuevo modelo garantiza la continuidad de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana. Además, destaca la colaboración de las administraciones provincial, municipal y supramunicipal, “con las que trabajamos de manera conjunta para desarrollar el contrato”, puntualizó.
Como novedad, Albalat ha señalado que el contrato programa 2025-2028 incluye la posibilidad de prorrogar el contrato más allá del 31 de diciembre de 2028, “cuando resulte necesario para asegurar la continuidad de la prestación de servicios sociales en caso de que concurrieran dificultades para la firma del siguiente contrato”.
Asimismo, la secretaria autonómica indicó que, con el fin de proporcionar certeza administrativa y presupuestaria a las entidades locales sobre la continuidad de la financiación de los servicios sociales en el periodo 2025-2028,
Ya se ha iniciado de oficio por la Generalitat, la tramitación de más de 200 expedientes de convenio de colaboración con esta finalidad y también se han emitido más de un centenar de acreditaciones de financiación mínima en 2025 a petición de las entidades locales que lo han solicitado.
Evaluación de los resultados
Durante la reunión, las comisiones técnicas y mixtas provinciales presentaron un informe sobre el grado de ejecución y evaluación del funcionamiento del contrato programa en cada zona durante 2023. Las conclusiones de este informe se utilizaron para mejorar y hacer más eficaz este tipo de financiación.
En este contexto, Elena Albalat destacó los “buenos resultados obtenidos por este modelo de cooperación interadministrativa” y subrayó la importancia de su continuidad, ya que “este sistema de financiación dota de estabilidad a los puestos de trabajo que conforman los equipos de atención primaria, que son servicios esenciales para la población”.
Por otro lado, Albalat confirmó que se han tramitado y firmado un total de 124 adendas, por un valor superior a los 26,4 millones de euros, a favor de municipios y mancomunidades. Estas adendas implican un aumento de los módulos de la atención primaria básica municipal y atención secundaria vinculados al contrato programa, específicamente para residencias y centros de día para personas mayores, dependientes y en el sector de la infancia y adolescencia.