Dicen los viejos del lugar que “Solo hay un animal que tropieza dos veces con la misma piedra”.
Anda estos días el “patio revuelto” con el tema de la dimisión de Mazón. Eso es lo que quiere la izquierda y por lo oído y leído, también gran parte del electorado de derechas.
Sería importante que analizáramos el qué y el porqué.
Tras la tragedia de la DANA en Valencia, la zona afectada sigue sufriendo y por ello hay que trabajar en su reconstrucción y recuperación económica. Habrá que esperar un tiempo para ver si se están haciendo las cosas bien, confiemos en que sí.
Pero además surge la demanda de responsabilidades y dada la magnitud de lo acontecido, en la que por desgracia estamos hablando de vidas humanas, se tendrá que dilucidar en dos espacios diferentes: el judicial y el político. Este último va acompañado de la opinión pública y de la publicada. Así como también y dadas las circunstancias, de la tristemente o miserablemente manipulada.
Las historias de este tipo, siempre tienen un antes y un después.
Al igual que en su día se decidió, tras una tragedia de la mismo índole, desviar el río Túria a su paso por Valencia (en esta ocasión ha salvado miles de vidas), ya hace años que los técnicos de la Confederación Hidrográfica solicitaron y proyectaron dentro del Plan Hidrológico Nacional, toda una serie de obras públicas que debían paliar futuras catástrofes en la zona actualmente afectada, concretamente el adecuado encauzamiento del Barranco del Poyo.
El gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero, paralizó el Plan hidrológico Nacional, por lo que estas obras que hubieran salvado vidas y bienes no se hicieron. ¿Qué parte de responsabilidad o culpa se le debería asignar?
El Molt Honorable President Ximo Puig con sus socios de COMPROMÍS, aprobaron la Ley de Protección de la Huerta, impidiendo la conexión entre el barranco y el nuevo cauce del Túria, cuyo alivio de aguas hubiera supuesto una gran minoración de la tragedia.
¿Qué parte de responsabilidad o culpa se les debería asignar?
Los jueces y también la opinión pública dilucidarán la culpa de las personas implicadas en el Centro de Emergencias, así como la de las que debieron asesorar al CECOPI adecuadamente.
El máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, parece ser que no lo hizo, manteniendo al CECOPI dos horas sin información adecuada. Y si leemos el cronograma que, a base de mensajes de WhatsApp, ha presentado el jefe de Climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, vemos como indica que la situación a las cinco y media de la tarde es “crítica”, con el embalse de Forata casi desbordándose, pero sin embargo en ningún momento habla de la situación en el Barranco del Poyo. Por cierto dichos cargos dependen del Gobierno de España.
La máxima responsable del CECOPI era la Consellera Salomé Pradas y por ello tendrá que asumir su responsabilidad en la causa judicial que ya se ha iniciado, cuando acabe el procedimiento tendremos que aceptar la sentencia, tanto sea en un sentido como en otro; en cuanto a la política, ya ha pagado el precio.
Ella, podía haber decretado la Situación 3 que supone la consideración de Emergencia Nacional y no lo hizo, pero el Gobierno de España, representado por su Delegada en Valencia Pilar Bernabé y que según ella misma manifestó, estuvo en todo momento comunicada con el Centro de Emergencias, también lo podía haber hecho por medio del Ministerio pertinente, según indica la normativa vigente sobre la cuestión, asumiendo a partir de ese momento la Dirección de la Emergencia y el Plan de Actuación, así como la aportación de los medios necesarios para paliar en lo posible las consecuencias de la catástrofe natural.
¿Fue falta de visión técnica, incompetencia o utilización con fines políticos de la tragedia humana?
Así pues, según fuentes consultadas, el Ministerio de Interior, cuyo titular era Fernando Grande-Marlaska, puede y debe cuando las circunstancias lo exijan (en este caso no había duda) asumir el control de la emergencia decretando una “emergencia de interés nacional”. Al igual que Mazón es quien delega en la consellera Pradas, Sánchez es el que delega en el ministro Marlaska. ¿Qué parte de responsabilidad o culpa se les debería asignar?
Puestos estos datos sobre la mesa, políticamente hablando, la responsabilidad última podría ser, de Mazón, de Sánchez o de ambos, pero no exclusivamente del President de la Generalitat.
La izquierda va a lo suyo que es recuperar el Gobierno de la Generalitat Valenciana, y para ello no duda en utilizar todas las “armas”, del tipo que sea y sin ningún miramiento ni condescendencia.
Dentro de los “opinantes” de derechas, ¿no habrá nadie con un poco de sentido común, que piense que deberíamos haber aprendido la lección con el caso de Francisco Camps? Después de diez años de calvario judicial ha sido exculpado de todos los cargos.
En aquel caso, la estrategia de la izquierda fue clara y determinante, “no podemos en las urnas, pues podremos con la calumnia” que no es otra cosa que “una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño”.
Y así lo hicieron. Y así lo consiguieron, insistiendo “machaconamente” en les Corts, con el “ètic i estètic, Sr. Camps”, “WANTED” y otras lindezas.
El siguiente paso fue condicionar la opinión pública, debidamente “ilustrada” por los medios de comunicación afines y las manipuladas manifestaciones callejeras, consiguiendo su objetivo. Logrando también que tanto los medios independientes y/o de derechas, como los votantes de centro derecha, se apuntaron a la condenatoria duda razonable.
A continuación el Partido Popular también se sumó a la duda, para pasar a la acción “invitando” al President Camps a la dimisión. Hay que recordar aquí el juego de la izquierda con las líneas rojas de la imputación, totalmente contrario al derecho a la presunción de inocencia, y que por supuesto la izquierda no se auto-aplica en ningún caso de los muchos que tiene pendientes de resolución judicial.
El resto ya lo conocen ustedes, Camps cesa y Alberto Fabra deja el Ayuntamiento de Castellón, para pasar a presidir la Generalitat en el peor momento económico. Resultado: el Partido Popular perdió la Generalitat Valenciana y por supuesto Castellón capital, así como otras muchas poblaciones. Objetivo conseguido.
Por cierto, si Alberto no se hubiera ido, aún sería alcalde; por el reconocimiento a su buena gestión y por el cariño de los castellonenses consecuencia de su buen talante político y personal.
Al igual que lo hizo la Consellera Salomé Pradas. El Ministro Grande-Marlaska, la Delegada del Gobierno, los responsables de la Confederación Hidrográfica, la Agencia Meteorológica y algunos más, ¿ya deberían haber dimitido?
Que nadie dude que si el Presidente Mazón dimite y no lo hace al mismo tiempo el Presidente Sánchez, la izquierda al completo DICTAMINARÁ en paralelo juicio mediático, que es la confirmación de que Carlos Mazón es el “culpable total de la tragedia”.
Dicen los viejos del lugar que “Solo hay un animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. ¿Será posible que el centro-derecha en particular y la sociedad en general caigan en la misma trampa?
Pronto lo sabremos.
Miguel Ángel Mulet i Taló.
