Entre las principales reivindicaciones se encuentra "una reforma constitucional que prohíba de manera explícita la privatización total o parcial de las pensiones públicas".
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), integrada por 517 organizaciones, ha organizado una serie de concentraciones en 70 poblaciones de toda España bajo el lema “Somos 48 millones para Blindar las Pensiones en la Constitución”. La convocatoria, que también tiene como objetivo “defender las pensiones públicas de los ataques que está sufriendo y para decirle a Bruselas que no vamos a aceptar nuevos recortes”, ha sido respaldada por multitud de ciudadanos, entre los que se incluyen tanto pensionistas como jóvenes.
En Valencia, la concentración se ha llevado a cabo frente al Ayuntamiento, y portavoces de la plataforma han expresado que el lema “somos 48 millones de pensionistas” es una clara declaración de intenciones, que busca “unir generaciones de forma solidaria, como hacen nuestras pensiones”. Además, recalcan que el esfuerzo conjunto de toda la sociedad es el que hace posible la existencia de un sistema de pensiones como el actual.
Las organizaciones de la MERP, que han recogido casi 3 millones de firmas, consideran que “ahora se hace más necesario que nunca defender el Sistema Público de Pensiones”. Denuncian,
Los intentos de enfrentar a jóvenes con pensionistas y lanzar bulos para justificar la supuesta insostenibilidad de las pensiones y su privatización.
Además, subrayan que “no solo los pensionistas no son responsables de la precariedad de la juventud”, sino que gracias a las pensiones, “una parte de la juventud ha tenido un colchón en sus familias, durante la crisis del 2008 o durante la pandemia”.
La MERP también cuenta con más de 30 organizaciones de juventud entre sus miembros, habiendo recabado una parte de las firmas en las 45 universidades públicas del país.
Durante las concentraciones, los participantes también han querido reivindicar la unidad entre pensionistas, destacando que “el 50% de las pensiones son de menos de 1000 euros, y el 30% de menos de 600”, y que “comparaciones serían posibles con alguien que tenga un fondo de pensiones de 5 millones de euros, pero no entre quienes cobran una pensión pública o deben cobrarla en el futuro”.
Otro de los puntos clave de las concentraciones ha sido la preocupación por la incertidumbre que genera la posibilidad de nuevos ajustes exigidos desde Bruselas. En el comunicado leído en todas las ciudades y en las cartas entregadas al Congreso de los Diputados, las organizaciones de la MERP afirman que “la sostenibilidad de las pensiones públicas depende exclusivamente de la voluntad política”, y reclaman,
Una reforma constitucional que prohíba explícitamente la privatización total o parcial de las pensiones públicas.
Además, solicitan que las pensiones sean tratadas como un derecho fundamental y no como una mera expectativa de derecho.
Actualmente, las pensiones públicas no están consideradas como un derecho constitucional, sino como una expectativa cuyo cumplimiento depende de los poderes públicos, algo que las organizaciones de la MERP consideran necesario cambiar.
En su carta enviada a los grupos parlamentarios, los representantes de la MERP han solicitado una reunión “para valorar los resultados de la revisión del sistema que va a hacerse en marzo y avanzar en la propuesta de reforma constitucional”. Los portavoces de PSOE, PP, Bildu, Junts, ERC, IU, Compromís, Els Comuns, Chunta, Podemos, Coalición Canaria y BNG han recibido la carta y se han acercado a saludar a los 500 representantes de las organizaciones concentradas frente al Congreso, aunque VOX no ha participado en la recepción de la misiva.
