La Fiscalía acusa a las médicas de infringir "normas básicas de su profesión" en el ejercicio de sus funciones, lo que habría causado la muerte del menor.
Este lunes 24 de marzo de 2025, a las 10:00 horas, comenzará en el Juzgado de lo Penal número 2 de Alicante, ubicado en el Palacio de Justicia de Benalúa, un juicio que ha conmocionado a la opinión pública. La Fiscalía de Alicante solicita penas de prisión de entre un año y diez meses y dos años y cuatro meses para dos médicas pediatras, M.R.R., del Hospital General de Elda, y M.B.S., del Centro de Salud de Petrer II, por su presunta responsabilidad en la muerte de Aitor E.G., un niño de 8 años que falleció de peritonitis el 28 de octubre de 2020 tras acudir cinco veces a Urgencias en menos de cuatro días.
Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público pide inhabilitaciones profesionales de cuatro años y medio y tres años y medio, respectivamente, así como indemnizaciones para la familia del menor por un monto superior a 143.000 euros.
El caso, que también cuenta con la acusación particular de los abuelos maternos y la madre biológica del menor, representados por el despacho de abogados de Raquel Sánchez Navarro, ha puesto en el foco la actuación de las facultativas, a las que se les imputa un delito de homicidio por imprudencia. Las sesiones del juicio están previstas para los días 24, 27 y 28 de marzo de 2025.
Los hechos: un desenlace trágico tras múltiples visitas a Urgencias
Los hechos se remontan al 24 de octubre de 2020, cuando Aitor, un niño de 8 años que vivía en Petrer con sus abuelos maternos —quienes tenían su custodia legal cedida por la madre biológica—, comenzó a sufrir dolores abdominales intensos acompañados de vómitos.
Según el escrito de la Fiscalía, ese mismo día fue llevado al Centro de Salud de Petrer II, desde donde se le derivó al Hospital General de Elda. Allí, la pediatra M.R.R. lo atendió y diagnosticó un «dolor abdominal sin signos de alarma con vómitos por posible inicio de un virus», dándole el alta sin realizar pruebas diagnósticas adicionales.
El estado de Aitor no mejoró. Los vómitos persistieron, y el 26 de octubre los abuelos lo llevaron nuevamente al ambulatorio de Petrer, desde donde fue derivado otra vez al hospital. En esta segunda visita, M.R.R. no consignó en su informe datos clave como la frecuencia cardíaca del menor, ni ordenó pruebas como una ecografía abdominal o una analítica sanguínea, pese a que el niño ya había sido remitido previamente por su pediatra. La Fiscalía considera que esta omisión constituye una «mala praxis», especialmente porque la médico recomendó a los abuelos volver a Urgencias «si el niño vomitaba mucho», cuando ya lo hacía entre 7 y 8 veces al día, y sugirió un seguimiento con el pediatra que ya lo había derivado al hospital en dos ocasiones.
La situación se agravó aún más en la madrugada del 28 de octubre, pocas horas antes del fallecimiento de Aitor. Ante la persistencia del dolor, descrito por el menor como «insoportable», los abuelos lo llevaron de nuevo al Centro de Salud de Petrer II. Allí, la pediatra M.B.S. lo atendió, pero no realizó una exploración física, no tomó constantes vitales (como tensión arterial o frecuencia cardíaca) y administró Buscapina Compositum intramuscular, un medicamento no recomendado habitualmente en pediatría.
Pese al «grave estado» del niño, no lo derivó al hospital, una decisión que, según la Fiscalía, elevó un 70% el riesgo de muerte. Horas después, a las 9:00 de la mañana del 28 de octubre, Aitor falleció en el Hospital de Elda a causa de una peritonitis derivada de una apendicitis aguda no diagnosticada.
La postura de la Fiscalía: negligencia y homicidio por imprudencia
La Fiscalía sostiene que ambas médicas infringieron «normas básicas de su profesión» en el ejercicio de sus funciones, lo que resultó en el fallecimiento del menor.
En el caso de M.R.R., se le acusa de no haber realizado las pruebas diagnósticas necesarias para detectar la apendicitis aguda que evolucionó a una infección en el tracto digestivo y, finalmente, a una peritonitis. Para M.B.S., el Ministerio Público destaca la falta de exploración y la administración de un medicamento inadecuado, así como la omisión de derivar al menor al hospital en un estado crítico.
Por estos hechos, la Fiscalía califica la conducta de las pediatras como un delito de homicidio por imprudencia grave, regulado en el artículo 142.1 del Código Penal español, que establece penas de prisión de uno a cuatro años para quien «por imprudencia grave causare la muerte de otro».
Además, solicita la inhabilitación profesional como pena accesoria, conforme al mismo artículo, que prevé entre tres y seis años de suspensión para el ejercicio de la profesión en casos de imprudencia profesional.
Las acusaciones particulares: hasta 21 años de cárcel
Los abuelos maternos, quienes criaron a Aitor como si fuera su hijo, y la madre biológica, representados por la abogada Raquel Sánchez Navarro, han elevado la gravedad de las acusaciones.
Solicitan que el caso sea tramitado por un Tribunal del Jurado y clasificado como un delito de homicidio por comisión por omisión, castigado con penas de hasta 21 años de prisión según el artículo 11 del Código Penal en relación con el artículo 138.
En subsidio, plantean un homicidio imprudente agravado (6 años) o imprudente grave (4 años).
Además, las acusaciones particulares reclaman indemnizaciones significativamente mayores: los abuelos piden 1,5 millones de euros, mientras que la madre solicita 350.000 euros, frente a los 143.000 euros planteados por la Fiscalía. También exigen la inhabilitación de las médicas durante el tiempo de la condena y multas por omisión del deber de socorro.
La defensa: no hubo delito penal
Las defensas de M.R.R. y M.B.S., por su parte, niegan que exista responsabilidad penal en la actuación de las pediatras y solicitan su absolución. Argumentan que no hubo mala praxis, sino que las decisiones tomadas se ajustaron a los protocolos médicos y al cuadro clínico presentado por el menor en cada visita.
Este planteamiento choca con las conclusiones de la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal de Alicante, que señaló la peritonitis como causa de la muerte y apuntó a una apendicitis no diagnosticada como origen del cuadro.
Contexto legal y social
Este caso se enmarca en un debate más amplio sobre la responsabilidad penal de los profesionales sanitarios en España.
El juicio, que se desarrollará en el Juzgado de lo Penal 2 de Alicante, será un punto de inflexión para determinar si las pediatras actuaron con la diligencia exigible o si, como sostiene la Fiscalía, su negligencia fue determinante en el trágico desenlace de Aitor.
Fotografía portada: Archivo.
