Esta solicitud surge a raíz de la declaración que Pilar Bernabé prestó este pasado lunes en el contexto de esta investigación judicial.
La Asociación Liberum, que actúa como acusación popular y particular en el proceso judicial relacionado con los efectos de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), ha solicitado a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, en la provincia de Valencia, que impute a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Esta petición se produce tras la declaración que Bernabé realizó el pasado lunes en el marco de dicha causa. En el escrito presentado, la asociación argumenta,
Excluir a una de las Administraciones hace un flaco favor a las víctimas.
Dicho requerimiento se basa en la intervención judicial que tuvo lugar el miércoles, en la que compareció la delegada del Gobierno. Además de pedir su imputación, la Asociación Liberum solicita que también declaren como testigos el alcalde del municipio de Algemesí, José Javier Sanchís; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán; el jefe del Servicio de Policía de Aguas, Ricardo Domínguez; el director técnico y responsable del Área de Calidad de las Aguas de la CHJ, Manuel Torán; así como Ignacio Valero, quien está al frente del Sistema Automático de Información Hidrológica, dependiente del citado director técnico.
Respecto a la actuación de Pilar Bernabé, Liberum subraya que, sin restar importancia a la posible responsabilidad penal de los representantes de la Generalitat Valenciana, no se puede ignorar que también existen deberes compartidos con la Administración General del Estado, en el contexto de los hechos analizados.
Según expone la asociación, durante su comparecencia, Bernabé reconoció no haber solicitado en el momento adecuado al Ministerio del Interior la declaración de situación de emergencia de carácter nacional. En este sentido, la entidad considera que sus decisiones, ya sean por acción u omisión, deben ser objeto de investigación. Asimismo, señalan que, al ser preguntada sobre si comunicó la situación a sus superiores jerárquicos, admitió que no lo hizo.
De su declaración se deduce que no solicitó al ministro del Interior la declaración de emergencia nacional en el momento oportuno y, por tanto, por sus acciones u omisiones debe ser investigada», estima. «Ante la pregunta de si informó a su superior jerárquico, reconoció que no.
Apunta la Asociación.
Por otra parte, Liberum considera relevante destacar que la primera información oficial sobre la convocatoria de una reunión del Gobierno de España para abordar la crisis provocada por la DANA no se produjo hasta las 23:03 horas. En ese momento, se constituyó un comité de crisis con el objetivo de coordinar las labores de asistencia y desplegar los medios disponibles, tales como la Unidad Militar de Emergencias, la Policía Nacional, la Guardia Civil y Protección Civil.
La asociación manifiesta que, a su juicio, dicha reacción fue tardía, ya que para ese momento la tragedia ya había provocado un gran número de víctimas. Aunque reconocen que la activación de estos recursos pudo ser útil en fases posteriores, estiman que una movilización anticipada, especialmente de las Fuerzas Armadas, podría haber tenido un mayor impacto preventivo y operativo.
Además, Liberum cuestiona si el Ministerio del Interior elaboró algún informe relacionado con la posible declaración de emergencia de nivel nacional. En su análisis también critican el retraso en el envío de los mensajes de alerta, señalando que estos fueron enviados con demora y que su contenido era insuficiente, ya que no se advertía claramente sobre la necesidad de buscar zonas elevadas para resguardarse.
Asimismo, la organización pone de relieve otras deficiencias, como la falta de datos durante varias horas en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) atribuida a la Confederación Hidrográfica del Júcar. También señalan que no se informó adecuadamente sobre el aviso emitido a las 18:43 horas relacionado con el Barranco del Poyo, y denuncian carencias tanto en el sistema de alertas como en la comunicación sobre los efectos de los aliviaderos de presas como la de Forata. Consideran que tampoco se avisó con suficiente antelación a la población acerca de estos desagües.
La asociación remarca en su escrito que ambas administraciones, tanto la autonómica como la estatal, comparten responsabilidades. Estas se derivan de lo establecido en la Constitución Española (art. 149 CE y la Ley 17/2015).
Ambas administraciones son responsables porque coexisten obligaciones por mandato constitucional y reserva de ley (art. 149 CE y la Ley 17/2015). Excluir a una de las Administraciones hace un flaco favor a las víctimas, criminaliza únicamente a una Administración y produce un efecto salvífico en otra que, en puridad en derecho, no le corresponde.
En este contexto, argumentan que dejar fuera del proceso a una de las administraciones supone desproteger a las víctimas, centrar la culpa en una sola parte y eximir injustamente a otra, lo que no se ajusta al marco legal vigente. Concluyen.
Fotografía portada: Archivo DANA – Reunión Cecopi GVA.
