Los propietarios de Torre la Sal, en Cabanes, comienzan a recibir las notificaciones que desestiman sus recursos contra la resolución de Costas de 2021.
La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha reafirmado su compromiso con la defensa de los intereses de los castellonenses, especialmente en lo que respecta a la protección de la costa. En sus declaraciones, Barrachina aseguró que “seguiremos defendiendo a los castellonenses y el futuro de nuestra costa frente a la nueva amenaza de derribos en Torre la Sal por parte del Gobierno central”.
Esta postura llega tras conocer que la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha comenzado a notificar a los propietarios del poblado de Torre la Sal, en Cabanes, la desestimación de los recursos de alzada presentados contra la resolución de Costas de 2021. En dicha resolución, se acordaba la recuperación posesoria de las viviendas levantadas en esa zona del litoral al encontrarse dentro del dominio público marítimo-terrestre.
Los propietarios afectados han comenzado a recibir las notificaciones oficiales de rechazo por parte del Gobierno de España, lo que pone fin a la vía administrativa, dejando a los propietarios con la opción de recurrir judicialmente para intentar evitar el desahucio.
La presidenta de la Diputación de Castellón expresó su rechazo a esta decisión, destacando que “es inaceptable que, tras años de incertidumbre, el Gobierno central cierre las puertas al diálogo y obligue a nuestros vecinos a enfrentarse a largos y costosos procesos judiciales para defender lo que legítimamente les pertenece”. Además, exigió al Ministerio para la Transición Ecológica que “retome el diálogo y busque soluciones consensuadas que no perjudiquen a las familias de Torre la Sal afectadas”.
Barrachina también subrayó la relevancia de la zona, afirmando que “Torre la Sal no es solo un conjunto de viviendas; es parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Su destrucción sería una pérdida irreparable para Castellón y para las generaciones futuras”.
Compromís reitera su defensa a los vecinos de Torre la Sal
Desde Compromís, la respuesta a esta situación no se ha hecho esperar. El alcalde de Cabanes, David Casanova, quien también es miembro de Compromís, mostró su rechazo a la desestimación de los recursos de alzada, asegurando que “los propietarios de las viviendas son sus legítimos propietarios y todo este lío no tiene absolutamente ningún sentido”. Casanova añadió que “continuaremos trabajando como hemos hecho hasta ahora para que toda esta pesadilla acabe cuanto antes mejor” y alertó sobre los riesgos de que, con la nueva ley de costas, el PP continúe con un modelo urbanístico depredador, favoreciendo la construcción de grandes complejos en la costa.
Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación de Castelló, David Guardiola, expresó su solidaridad con los vecinos afectados, destacando que han vivido “una situación de incertidumbre y desamparo durante años”. Guardiola criticó la desatención del Gobierno de España, señalando que “es evidente que el gobierno de España ha desoído los clamores unánimes del Ayuntamiento de Cabanes, de la Diputación y de les Corts Valencianes que reclamaban la paralización de este proceso expropiatorio”.
En este sentido, Guardiola afirmó que Compromís continuará presentando propuestas en todas las instituciones para “defender los derechos legítimos de los vecinos y las vecinas de Torre la Sal”. Aseguró también que “la situación en Torre la Sal no puede ser tratada como un mero asunto administrativo; detrás de cada vivienda hay historias de vida y un profundo arraigo a la tierra”. Por ello, afirmó que Compromís seguirá trabajando para garantizar que “se respetan los derechos de los propietarios y se buscan soluciones que protejan nuestro litoral sin dejar a nadie atrás”.
Próximos pasos
Como respuesta a esta amenaza de derribos, la Diputación Provincial de Castellón presentará una moción en el pleno del mes de enero, en defensa de los afectados de Torre la Sal, instando al Gobierno central a escuchar las demandas de los vecinos y encontrar una solución que respete tanto los derechos de los propietarios como la preservación del litoral castellonense.
