Reforma concursal con exoneraciones de 10.000 euros con Hacienda y Seguridad Social

La ley va a ser remitida al Senado justo cuando termina la moratoria concursal, aprobada en el mes de marzo del año 2020 al manifestarse la pandemia.

 

El Congreso aprobará este jueves la nueva reforma concursal, que contemplará exenciones del crédito público para las personas físicas de hasta diez mil euros con Hacienda y 1.000 euros con la Seguridad Social, delante de los mil euros que contemplaba para las dos instancias en un comienzo el proyecto remitido por el Gobierno.

Para sacarlo adelante en la Comisión de Justicia de la semana pasada, Partido Socialista y Unidas Podemos se apoyaron en PNV y PDeCAT, con los que han pactado una buena parte de las enmiendas. Vox votó en contra, al tiempo que el PP y Ciudadanos se abstuvieron.

La data de la aprobación va a coincidir con el fin de la moratoria concursal aprobada por el Gobierno en el tercer mes del año de dos mil veinte en el paquete de medidas económicas de emergencia para encarar la crisis desencadenada por la pandemia de Covid-19, ya que expira este jueves treinta de junio.

La reforma, que viene a transponer la directiva sobre procedimientos de insolvencia, reestructuración y exoneración de deudas, se aprobará al lado de otra reforma de los Juzgados de lo Mercantil para readaptar el reparto de materias y trasladar a los Juzgados de Primera Instancia las protestas de usuarios, usuarios y viajantes.

A pesar de lamentar el texto como una ocasión perdida, los conjuntos de la oposición resaltan que la reforma que va a salir cara el Senado este jueves supera sobradamente el proyecto remitido por el Gobierno el pasado enero.

Por poner un ejemplo, en materia de exoneración del crédito público para las personas físicas, con exenciones de hasta diez mil euros en frente de los mil euros previstos en un inicio, facilitando una segunda ocasión.

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA PYMES

Asimismo en el procedimiento especial para pequeñas y medianas empresas, simplificado y concebido para casos singulares cuando, por sus peculiaridades, iba a ser el propio para la enorme mayoría de empresas españolas. Con los cambios,

Solamente van a poder acogerse al mismo, empresas que no alcancen una facturación de setecientos mil euros, un pasivo de trescientos cincuenta mil euros o cuenten con menos de diez empleados.

Además, en este procedimiento concreto la Administración va a estar obligada a admitir aquellas propuestas de acuerdo en las que no se exceda el quince por ciento en la rebaja del crédito público.

FACILITAR EL RESCATE DE LAS EMPRESAS POR LOS TRABAJADORES

Otras de las novedades que contemplará la reforma son las comodidades a fin de que los trabajadores puedan salvar en sociedades cooperativas, participadas o laborales su empresa, priorizando su oferta en el caso de que sea igual o superior al resto.

Asimismo se habilita a capitalizar sus cotizaciones, esto es, dejar que los trabajadores puedan usar como capital para adquirir la compañía las prestaciones que les correspondiese por desempleo.

ENMIENDA PARA LIBRARSE DEL EXAMEN A ADMINISTRADOR

Por otra parte, la reforma asimismo incluirá una modificación para recoger exenciones al examen de administrador concursal que prevé la reforma ya que, conforme ha conocido Castellón Diario por fuentes parlamentarias, el Gobierno ha pactado con PDeCAT una enmienda que de forma previsible se aprobará en el Pleno de este jueves.

En concreto, se exonerará de este examen a aquellos abogados, economistas, titulados mercantiles y auditores que hayan estado ejercitando, conforme a condiciones establecidas reglamentariamente.

SISTEMAS DE ALERTA Y MEDIACIÓN

Entre las críticas de los conjuntos está la carencia de desarrollo del sistema de alertas, advirtiendo formaciones como PP, ERC o Ciudadanos de que no contemple una detección temprana de las contrariedades de las compañías, a pesar de las posibilidades que podía presentar.

Los ‘populares‘ asimismo echan en falta más ambición en la exoneración del crédito público, que piensan que debería haber perdido su condición de privilegio en valoraciones económicas orientativas y habilitar que una persona que buscase financiación en un concurso pudiese pedir el borrado de su nombre en un registro de impagos.

ERC asimismo incide en el escaso margen dado a los sistemas de mediación y arbitraje, al paso que en Vox han advertido asimismo de la rotura del principio de retroactividad, al cambiar de procedimiento concursos en vigor y que se reactivarán tras el fin de la moratoria.