Pradas se ha exculpado de responsabilidad en la gestión de la DANA, asegurando entre lágrimas que "no dirigía nada" y que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias.
La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha comparecido hoy ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja para declarar como investigada por su gestión durante la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 228 víctimas mortales y miles de afectados en la Comunidad Valenciana. En su declaración, Pradas ha defendido el papel del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asegurando,
El envío tardío de la alerta ES-Alert a las 20:11 horas no se retarsó por él.
Pradas, quien asumió el cargo en julio de 2024, ha insistido en que ella estaba presente en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) durante la emergencia y que no esperó a Mazón, quien «llegó al centro a las 20:28, según consta en los registros oficiales». La exconsellera ha afirmado que la demora en el envío del mensaje de alerta, cuando ya había personas atrapadas y numerosos municipios inundados, se debió a que «se siguieron estrictamente las indicaciones de los técnicos en todo momento».
No se retrasó por Mazón, sino porque siguieron las indicaciones que les dieron los técnicos, en todo momento.
Ha subrayado.
Además, Pradas se ha desvinculado de cualquier responsabilidad directa en la gestión de la catástrofe, alegando entre sollozos que «ella no dirigía nada, no tenía experiencia ni conocimientos previos en emergencias».
Además, ha detallado quiénes formaban parte del Cecopi, cuáles son sus funciones y los planes que siguen, y luego ha señalado que no tenía experiencia ni conocimientos sobre emergencias. También ha afirmado que «no dirigía nada».
Era la primera vez que enfrentaba una emergencia de este tipo.
Agregó.
Asimismo, la exconsellera, quien entregó a la jueza una lista con cerca de un centenar de llamadas realizadas y recibidas el día de la riada, explicó que «en este tipo de emergencias deben coordinarse muchos técnicos, tanto autonómicos como del Gobierno central». Añadió que el director del Puesto de Mando Avanzado (PMA) era José Miguel Basset, exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos.
La declaración, que comenzó a las 10:15 y aún sigue en curso, ha sido marcada por una solicitud de la defensa de la exconsellera para que no se grabaran las palabras de Pradas, una petición a la que la jueza no accedió. Finalmente, se decidió que la grabación de la declaración de la exconsellera estará disponible únicamente de forma presencial para las partes involucradas.
Pradas está respondiendo exclusivamente a las preguntas planteadas por su abogado, Eduardo de Urbano, de la misma manera en que lo hará el otro investigado citado para las 12:30, Emilio Argüeso. Las preguntas se están enfocando en los eventos ocurridos el 29 de octubre en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que se constituyó a partir de las 17 horas en l’Eliana (Valencia).
Contexto judicial y reacciones
La investigación, liderada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, se centra en determinar si hubo negligencias en la gestión de la DANA que pudieron contribuir a las trágicas consecuencias. Pradas y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, son los primeros cargos políticos citados como investigados por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. La jueza ha destacado en autos anteriores que el envío de la alerta ES-Alert fue «tardío y erróneo» y que la convocatoria del CECOPI, realizada a las 17:00 horas del 29 de octubre, se llevó a cabo con una «gran demora», cuando las previsiones meteorológicas de la AEMET ya advertían de la gravedad del fenómeno desde la mañana.
Por su parte, la Generalitat Valenciana ha mantenido en sus informes que la responsabilidad del envío de la alerta recayó en el CECOPI, dirigido por Pradas, aunque ha señalado también la presencia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como parte del comité de dirección. Sin embargo, la jueza ha descartado la tesis de un supuesto «apagón informativo» por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y ha enfatizado que «la Generalitat tenía información suficiente para actuar antes», incluyendo datos del sistema SAIH y las llamadas de emergencia al 112.
La declaración de Pradas ha generado reacciones entre las víctimas y familiares, muchos de los cuales se congregaron a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se escucharon gritos de «asesinos» y «Mazón dimisión» a su llegada. La Asociación de Damnificados Horta Sud, que presentó la querella que derivó en la imputación de Pradas y Argüeso, ha insistido en la necesidad de esclarecer todas las responsabilidades, mientras que otras organizaciones, como SOS Desaparecidos, han formalizado su personación en la causa para representar a los afectados.
Fuentes oficiales y próximas diligencias
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la investigación continúa con nuevas diligencias previstas. El próximo 14 de abril, la jueza tomará declaración como testigos a Pilar Bernabé y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, mientras que el 29 de abril comparecerán dos técnicos de emergencias.
La magistrada ha rechazado, por el momento, citar al presidente Carlos Mazón como investigado, debido a su condición de aforado, aunque le ha ofrecido la posibilidad de declarar voluntariamente.
El auto de la jueza subraya que la DANA «no fue un fenómeno meteorológico imprevisto» y que las autoridades autonómicas tenían la competencia exclusiva para adoptar medidas de protección civil. Además, se han solicitado informes adicionales a la AEMET y al servicio de emergencias 112 para precisar las comunicaciones recibidas el día de la tragedia.
La investigación sigue abierta, con múltiples acusaciones particulares y populares, incluyendo a Podemos y el sindicato CGT, que buscan esclarecer las circunstancias que rodearon una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Comunidad Valenciana.
Fotografía portada: Archivo. El president de la Generalitat, Carlos Mazón/GVA.
