Uno de los tres detenidos, utilizaba una consola de videojuegos para guardar imágenes de pornografía infantil.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 35 personas en 21 provincias españolas por almacenar e intercambiar pornografía infantil a través de aplicaciones de mensajería instantánea. La operación, iniciada tras una alerta ciudadana, también ha permitido identificar a siete personas más que están siendo investigadas por el uso de servicios de almacenamiento en la nube para distribuir este tipo de contenido.
Durante la operación se han llevado a cabo 42 registros domiciliarios en los que se han incautado 112 dispositivos de almacenamiento, incluyendo discos duros, tarjetas de memoria, teléfonos móviles, ordenadores, consolas de videojuegos y material documental.
Uno de los casos más graves ha sido el de un detenido en Salamanca, quien presuntamente abusó sexualmente de dos niñas de corta edad. En Castellón, otro de los implicados utilizaba una consola de videojuegos para guardar imágenes de pornografía infantil. En Vizcaya, un arrestado almacenaba 48 de los 50 GB disponibles en su cuenta en la nube con imágenes de agresiones sexuales a menores.
Los arrestos se han producido en diversas provincias: Madrid (5), Alicante (4), Barcelona (4), Castellón (3), Valencia (3), Málaga (2), Salamanca (1), Asturias (1), Cáceres (1), La Rioja (1), Pontevedra (1), Huelva (1), León (1), Cádiz (1), Albacete (1), Vizcaya (1), Navarra (1), Las Palmas (1), Sevilla (1), Orense (1). En Madrid, uno de los detenidos utilizaba 14 cuentas distintas en la nube para ocultar el material ilícito.
La investigación comenzó tras recibir un correo ciudadano que alertaba sobre un enlace sospechoso con contenido de explotación sexual infantil. Gracias a la colaboración con empresas tecnológicas proveedoras de almacenamiento en la nube y al análisis de datos cruzados con las autoridades, fue posible identificar a los sospechosos.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia ha liderado esta operación, destacando la importancia de la colaboración entre entidades privadas y cuerpos policiales para frenar la difusión de pornografía infantil.
