La Fiscalía sostiene que se prestaron a esa actividad “sin adoptar las más elementales cautelas para la comprobación de la licitud de la operación”.
La Audiencia Provincial de Castellón acogerá este miércoles, 9 de abril, una vista en la que la Fiscalía solicita penas de dos años de prisión para un hombre y una mujer acusados de un delito de blanqueo de capitales relacionado con una supuesta extorsión llevada a cabo a través de WhatsApp. El juicio, que se celebrará en la Sección Primera, pone el foco en unos hechos ocurridos el 9 de junio de 2022, cuando una víctima recibió un mensaje extorsivo exigiendo el pago de 1.500 euros bajo amenazas relacionadas con una organización que, según los autores del mensaje, controlaba a “varias chicas”, una de las cuales el perjudicado habría supuestamente “molestado”.
Según el escrito de la Fiscalía, los presuntos extorsionadores, cuya identidad no ha trascendido, facilitaron a la víctima un número de cuenta bancaria para realizar el ingreso. Finalmente, el afectado transfirió 600 euros a dicha cuenta, que había sido proporcionada previamente por los dos acusados a los desconocidos que llevaron a cabo la extorsión.
Tras el ingreso, los encausados retiraron el dinero, actuando, según el Ministerio Público, como colaboradores en la operación ilícita. La Fiscalía argumenta que ambos se prestaron a esta actividad “sin adoptar las más elementales cautelas para la comprobación de la licitud de la operación”, lo que fundamenta la acusación por blanqueo de capitales.
El caso refleja un modus operandi cada vez más habitual en delitos de extorsión digital, donde plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp son utilizadas para intimidar a las víctimas y exigir pagos bajo amenazas. En este tipo de tramas, es frecuente que los extorsionadores recurran a terceras personas, conocidas en el ámbito policial como “mulas”, para recibir y mover el dinero, dificultando así el rastreo de los principales responsables. En esta ocasión, los acusados habrían desempeñado ese papel, facilitando su cuenta bancaria y extrayendo posteriormente los fondos obtenidos de forma ilícita.
Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han confirmado que la vista está programada para mañana y que la Sección Primera de la Audiencia Provincial será la encargada de dirimir la responsabilidad de los acusados. La Fiscalía sostiene que su participación activa en la gestión del dinero constituye un delito de blanqueo de capitales, tipificado en el artículo 301 del Código Penal español. Este precepto castiga a quienes adquieran, posean, utilicen, conviertan o transmitan bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva, o realicen cualquier acto para ocultar o encubrir dicho origen.
Incremento de delitos cibernéticos en España
El caso también pone de relieve la creciente preocupación por los delitos cibernéticos en España. Según el último informe del Ministerio del Interior sobre cibercriminalidad, los delitos cometidos a través de plataformas digitales, como estafas y extorsiones, han experimentado un notable incremento en los últimos años.
En este contexto, la Guardia Civil y la Policía Nacional han intensificado sus esfuerzos para desarticular redes criminales que operan en el ámbito digital, animando a las víctimas a denunciar este tipo de hechos. De hecho, en operaciones recientes en la provincia de Castellón, como la desarticulación de una banda de blanqueo de capitales en enero de 2025, se han intervenido millones de euros en efectivo y criptomonedas, lo que evidencia la sofisticación de estas tramas.
La sentencia, que se conocerá en los próximos días tras el juicio, será dictada por los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.
Este caso subraya la importancia de la colaboración ciudadana y la diligencia en el manejo de operaciones financieras para evitar ser instrumentalizado en actividades criminales, un mensaje que las autoridades judiciales y policiales reiteran ante el auge de este tipo de delitos.
