Unides Podem Castellón aplaude la nueva Ley de Juego y destaca que impedirá “la sala de apuestas en el Raval Universitario”

El portavoz de la confluencia valora que la norma aprobada en Las Cortes prohíbe la instalación de salones de juegos a menos de 850 metros de centros educativos y es un paso importante para combatir la ludopatía

Unides Podem Castellón aplaude la nueva Ley Autonómica del Juego y Prevención de la Ludopatía aprobada este jueves como «una legislación pionera en nuestro país que empieza a dar respuesta a la ludopatía creciente» y destaca que impedirá la instalación de salas de juegos a menos de 850 metros de centros educativos. La Ley impedirá la apertura de una Casa de Apuestas en el barrio del Raval Universitario, a 200 metros de la UJI, a 350 del CEIP Vicent Marzà y a 600 del IES Boalar y del CEIP Manel Garcia Grau.

«La Ley del Juego es un paso muy importante para frenar y prevenir la ludopatía. El juego se ha convertido en la primera adicción no tóxica y cada vez afecta a gente más joven y golpea particularmente en los barrios más populares, con menos alternativas de ocio. Esta Ley nos da mecanismos para hacer frente a esta lacra social y proteger en la población ante una amenaza creciente», considera Fernando Navarro, que resalta que las restricciones que recoge la ley posarán freno a «una de las principales preocupaciones de las familias del barrio del Raval Universitario como era la construcción de un salón de juego en uno de sus calles. Es también un éxito de la movilización del vecindario de la zona, que con su tarea social situaron la problemática en la agenda municipal».

La licencia de la casa de apuestas del Raval Universitario se paralizó por parte de la Concejalía de Licencias y Actividades que ostenta Rafa Simó gracias a la moratoria de licencias que se incorporó provisionalmente en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana en diciembre, en vigor hasta la aprobación de la Ley.

Las Cortes Valencianas han refrendado una norma pionera en España que reemplaza a la de 1988. Con una serie de medidas para frenar la proliferación de casas de apuestas y contener la ludopatía, busca impedir el desarrollo de salas de juego a menos de 850 metros de centros educativos o 500 entre sí; imponiendo controles de acceso a los locales para evitar la entrada de personas adictas, prohibiendo a los bares las máquinas de apuestas y obligándolos a dotar de mando a distancia las máquinas tragaperras. También contempla una estrategia integral para prevenir la ludopatía.

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