Varapalo urbanístico en Vila-real que pone en jaque el presupuesto de 2023

La necesidad de tener que cumplir con la Justicia y abonar los más de quinientos mil euros por el solar del CTD fuerza al equipo de gobierno a “recalcular” las previsiones del próximo año.

 

Desde el Consistorio de Vila-real ha llegado a la redacción de ‘Castellón Diario’ una información que conforme el alcalde, José Benlloch,

Se trata de una nueva resolución urbanística herencia de la administración del precedente gobierno del PP que pone en jaque la aprobación de las cuentas municipales de dos mil veintitrés.

«El Consistorio de Vila-real  tiene que abonar otro medio millón de euros por el solar de 5.556 metros cuadrados sobre el que el Partido Popular levantó el Centro de Tecnificación Deportiva (CTD) y por el que ya abonó ochocientos cincuenta y seis mil euros a su dueño».

El primer edil, José Benlloch expone,

El consistorio ha recibido esta semana la notificación de la desestimación del último recurso presentado frente al Tribunal Supremo para eludir este nuevo golpazo, por lo que por último esta cantidad; que resulta de la diferencia entre la valoración del Jurado Provincial de Expropiación y la valoración de los técnicos municipales, va a deber incluirse en el presupuesto del próximo año.

Conforme ha asegurado Benlloch, quien avanza que el equipo de gobierno ya trabaja a contrarreloj para readaptar el proyecto de presupuestos y hacer todo lo que resulta posible para aprobarlo antes que acabe el año.

El primer edil ha lamentado

La notificación de esta resolución judicial llega en el instante en que teníamos ya cuadrado el presupuesto de dos mil veintitrés y una vez más nuestros planes se ven perturbados por la losa que suponen los empastres del Partido Popular.

Así las cosas, la necesidad de tener que cumplir con la Justicia y abonar los más de quinientos mil euros por el solar del CTD, fuerza al equipo de gobierno a “recalcular” las previsiones del próximo año, si bien el primer edil acepta que “tenemos poco margen de maniobra”. “La difícil coyuntura económica municipal, lastrada por las 4 crisis que administramos por el urbanismo y la deuda del PP, las consecuencias de la covid-19 y la presente crisis de inflación y subida de costos energéticos, nos fuerza a la contención y la prudencia, y por eso presentamos el plan de ajuste y priorización presupuestaria, para centrar todos y cada uno de los sacrificios en las personas y el mantenimiento de los servicios públicos”, resalta Benlloch. ​

Con todo- asegura el alcalde- “vamos a continuar trabajando para solventar este incidente de la mejor forma y sin solicitar más esfuerzo a la ciudadanía, y vamos a hacer todo lo posible para aprobar el presupuesto en este año”, incide. Dada esta situación, Benlloch avanza que para poder hacer frente a este nuevo pago urbanístico sin desestabilizar las cuentas municipales,

No nos va a quedar más remedio que recurrir a un nuevo préstamo.

Benlloch lamenta que “una vez más, los empastres del PP nos llevan a tener que endeudarnos” y reconoce que su objetivo para dos mil veintitrés era,

Intentar amortizar unos cuatro millones de euros del endeudamiento que arrastramos para sanear lo máximo posible las cuentas e invertir los pocos recursos que tenemos en lo indispensable en estos momentos: las personas, asegurar los servicios públicos y proseguir ayudando a que nuestras empresas y autónomos, nuestra economía, prosiga avanzando para superar esta crisis y producir riqueza.

Una meta que ahora se ve perturbada por una nueva resolución judicial “que patentiza la deplorable administración del urbanismo que hizo el PP y que se ha traducido en más de treinta y tres millones de euros pagados desde 2011”.

Conforme explica el alcalde Benlloch, en el caso del solar del Centro de Tecnificación Deportiva, el PP expropió una superficie de cinco mil quinientos cincuenta y seis metros cuadrados para la construcción de esta infraestructura. El dueño pedía dos con ocho millones de euros y el Jurado Provincial de Expropiación fijó la valoración en uno con tres millones, si bien los técnicos municipales la rebajaron a ochocientos cincuenta y seis mil euros.

En el año dos mil diecinueve, el Tribunal Superior de Justicia forzó al Ayuntamiento a abonar esta cantidad concurrente mientras que el pleito se resolvía en los tribunales. El Ayuntamiento ha agotado todos y cada uno de los recursos posibles, apelando incluso frente al Tribunal Supremo para pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia aduciendo la grave situación económica del Consistorio,

Ya que nuestra prioridad ha sido proteger hasta el último euro de los y las vila-realenses.

Insiste Benlloch.

Por último, el alcalde detalla que «la inadmisión del último recurso no deja más margen al equipo de gobierno y fuerza a abonar la diferencia entre la cantidad ya pagada, ochocientos cincuenta y seis mil euros, y los más de uno con tres millones de la valoración del Jurado de Expropiación, lo que va a suponer un nuevo golpazo económico de quinientos mil de euros«.​ Ha zanjado.