Vivienda reclama por carta a los fondos buitre que acaben con los “abusos” en alquileres de Castellón

La Concejalía de María Jesús Garrido remite también a cuatro sociedades la moción de reprobación del Pleno Municipal

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón remite a los fondos buitre que operan en la ciudad una carta en la que reclama “que ponga fin a los abusos” a los inquilinos de alquiler y en la que adjunta la reprobación a su actuación aprobada por el Pleno Municipal.

La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, ha firmado este lunes la misiva que será remitida este martes a cuatro sociedades de inversión por los servicios municipales y ha destacado que el objetivo del Ayuntamiento “es evitar las prácticas abusivas que consideramos que practican los fondos buitre en Castellón, presionando a inquilinos para que rescindan el contrato o desatendiéndose de limpiar las zonas comunes”.  “La actuación de los fondos buitre provoca un aumento de un 50 % del precio del alquiler y ha causado la marcha de 60 familias de antiguas VPO del Raval Universitario”, afirma.

La carta incorpora la moción del Pleno y en la misma la Concejalía de Vivienda propone a los fondos cuatro medidas: Que nombren un mediador que se mantenga en permanente contacto con la Concejalía; que reinicie labores de mantenimiento en los edificios de su titularidad; que respete los contratos en vigor dejando las prácticas de presión que realiza para que los vecinos abandonen el inmueble y se eviten situaciones de viviendas vacías; que atienda las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinos y que abandone prácticas abusivas.

La moción aprobada por el Pleno reprueba las “prácticas abusivas” de los fondos buitre y refuerza la intermediación de la Concejalía en los conflictos entre los inquilinos de alquileres y la sociedad financiera.

Cabe recordar que la Concejalía de Vivienda ha preparado un informe, con el respaldo de una consultora externa experta en materia de vivienda, que trasladará esta semana a la Conselleria de Vivienda como órgano competente para que inicie un expediente sancionador contra seis fondos buitre e inmobiliarias de Castellón. En esta documentación menciona ocho supuestos indicios de acoso inmobiliario de las citadas sociedades de inversión.

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