Castellón aplaza este año 76 desahucios de familias vulnerables y adjudica 6 viviendas públicas en las situaciones más extremas
El Ayuntamiento propone aplazar a los jugados en los hogares con dificultades económicas de acuerdo al Protocolo Municipal
La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón continúa realizando esfuerzos para reducir el impacto de los desahucios y garantizar el acceso a la vivienda en las familias más vulnerables. Así, este año ha pedido a los juzgados que suspendan 76 lanzamientos de acuerdo con el Protocolo Municipal Antidesahucios por estar en situación de dificultades económicas y ha adjudicado 6 viviendas públicas a en las situaciones más extremas.
“Desde la Oficina Municipal de Vivienda priorizamos nuestra gestión en ofrecer alternativas habitacionales las personas que más padecen los problemas económicos. Contamos con un protocolo firmado en 2015 con la Audiencia Provincial y el Colegio de Procuradores que permite aplaza entre uno a tres meses los casos de desahucios en hogares vulnerables, y trabajamos, al mismo tiempo, para facilitar vivienda pública de la Generalitat o Ayuntamiento en las situaciones más graves. Aún es insuficiente y nuestro objetivo en esta legislatura es incrementar la cifra de alquileres sociales y seguir colaborando con el Consell en la gestión de las ayudas al alquiler para atender a las personas que tienen problemas para acceder a una vivienda”, afirma la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.
Así, la Concejalía ha enviado este año 76 informes a los juzgados solicitando el aplazamiento de las notificaciones recibidas de desahucio, siendo la mayoría por cuestión de impagos en alquiler. El Protocolo firmado en 2015 entre el Ayuntamiento, Audiencia provincial y Colegio de Procuradores establece la suspensión del procedimiento de entre uno a tres meses de hogares vulnerables.
Por otra parte, ha propuesto a la Generalitat la adjudicación de cinco viviendas de su parque público y ha cubierto a otra familia con una vivienda municipal en casos de mayor gravedad y sin alternativa habitacional. El año pasado 6 familias fueron alojadas en pisos de la Administración Autonómica y 3 del Ayuntamiento.
La concejala destaca, además, que hasta el 31 de octubre se mantiene la suspensión de desahucios aprobada por el Gobierno en las situaciones sin alternativa habitacional.
