Según la denuncia, los hechos son «delictivos de suma gravedad» ya que violan su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha comparecido este jueves de forma urgente para anunciar que ha interpuesto una denuncia contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado. La denuncia, que ha sido presentada por su defensa poco antes de las 13:00 horas, se refiere a la «interceptación de una correspondencia privada» en el contexto de la investigación del denominado ‘caso Koldo’. En el escrito, la defensa de Ábalos considera que los hechos constituyen un «delito de suma gravedad» y que se trata de una actuación «ilegal», dado que el exministro es aforado al ser diputado.
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Ábalos detalló que el «4 de noviembre de 2023 se interceptó una comunicación que iba dirigida» a él en el marco de la mencionada investigación. Aunque reconoció haber tenido dudas sobre si hacer pública su intervención, Ábalos afirmó que «su tranquilidad reside en que no tiene ningún enriquecimiento, todo el mundo lo sabe».
Este movimiento del exministro se produce un día después de que el Tribunal Supremo anunciara la emisión de un suplicatorio al Congreso al considerar que existen «indicios» de su implicación en cuatro delitos. Este procedimiento judicial busca pasar al contraataque, proporcionando así una base para que Ábalos reclame la nulidad de la causa en su contra.
El informe relacionado con la denuncia de Ábalos explica un viaje del hermano de Koldo García, Joseba García, quien trasladó documentación al exministro. En dicho informe, se incluye una imagen de Ábalos. Según la denuncia, los hechos son «delictivos de suma gravedad» ya que violan su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Ábalos subraya que «nunca consentí que se abriera dicha documentación, como tampoco al día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo (por ser Aforado) que motive la apertura de correspondencia», enfatizando que la actuación de la Guardia Civil carece de justificación legal.
Esta denuncia ha generado un nuevo giro en el ‘caso Koldo‘, añadiendo una capa de tensión a las investigaciones que siguen su curso.
