Entre ellas ha señalado las referidas a los planes locales de cremas agrícolas, reguladas "ampliamente" en este documento que ha calificado de "esencial".
La organización ha indicado, en un comunicado, que la «idea general» de sus aportaciones es,
Que se aproveche este reglamento para establecer la transitoriedad de estas quemas, una materia obligada por la colisión con normativas superiores.
También, ha destacado la obligatoriedad de la administración.
A tener terminada y muy organizada, en un máximo de 3 años, una opción alternativa que no suponga ni gastos económicos, ni molestias de ningún género a los labradores ni en los pequeños municipios de regiones forestales.
Entre las alegaciones hay otras referidas «a la circulación de vehículos por caminos forestales«. Agró estima que «la circulación de vehículos a motor, de cualquier clase», debe «estar prohibida» por rutas forestales y solicita que esta,
Se limite a la circulación por pistas, excluyendo aquellas donde se limite por motivos de protección ambiental o por peligro de incendio.
Del mismo modo, la organización ecologista plantea que las bicicletas «solo deberían poder circular en aquellas rutas que explícitamente se autorizan, teniendo presente los graves peligros de erosión del terreno y de la colisión con el uso de las rutas por personas que andan a pie», como «los peligros propios para la salud de los corredores en aquellas rutas con elevada pendiente» u otras circunstancias «que hacen muy posible tener accidentes».
A esto suma «los daños ambientales» y «el riesgo para los senderistas». Las alegaciones mencionan asimismo «al arduo problema que suponen los tendidos eléctricos de alta tensión y con cableado desnudo (sin recubrimiento)» que atraviesan áreas forestales. Acció Ecologista Agró solicita al respecto que «de ningún modo» se sostengan «basándonos en quitar extensas áreas de flora próxima con fundamentales impactos ambientales» y demanda un cambio de trazado «por fuera del bosque» o «que se fuerce a alterar su recubrimiento».
Recordamos que ciertos incendios, de los más graves de este siglo se han producido por instalaciones eléctricas deficientes.
Ha añadido la entidad, que pide asimismo,
Las titulaciones universitarias requeridas para firmar diferentes proyectos forestales no sean solamente de ingenieros de montes, como pretende el boceto de decreto, sino estén abiertas a otros titulaciones sin exclusiones infundadas, sectarias y corporativistas.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Otras alegaciones solicitan acrecentar la participación ciudadana, la información y la trasparencia. Así, demandan,
Acrecentar los plazos para hacer alegaciones, progresar en el acceso a documentos o eludir recortes en la representación social en la Mesa Forestal, órgano de participación pública relativo a la administración forestal.
Además de esto, la organización plantea que las zonas de actuación urgente (ZAU) «se puedan emplear de forma eficaz y real por el conjunto de supuestos que las crearon y no solamente por una sola finalidad, muy controvertible».
Al respecto a expuesto que hasta el momento se han empleado «de forma muy restrictiva y sesgada, solo para hacer grandes cortafuegos que ni aparecen explícitamente convocados en el artículo 24 de la ley forestal que creó esta figura».
Jamás se utilizan para resguardar terrenos amenazados, con peligros erosivos o para restauración ecológica.
Ha criticado.
Agró pide asimismo que «no se considere de necesidad pública cualquier actividad o trabajo forestal amparado por las ZAU, a no ser que se presente una conveniente justificación de los objetivos de los trabajos, su supuesta eficiencia y los impactos indeseables que produzcan para poder sostener objetivamente» la «declaración de necesidad pública».
PLANES DE PREVENCIÓN
A estas demandas suma que «los contenidos de los planes de prevención de incendios no se consideren de manera automática como de interés público de primera importancia, excluyendo aquellos que sean rigurosamente precautorios». Aseveran desde la asociación ecologista.
El resto deberían precisar una conveniente concreción, definición y justificación, para poder tener las repercusiones que implica esta fuerte figura legal que puede obligar a la realización forzosa de ciertos trabajos o a la ejecución subsidiaria por la parte de la administración, cargando los gastos a los dueños.
Ha expuesto la entidad, que ha agregado que «las justificaciones deben ser clarísimas y concluyentes para poder emplear esta herramienta legal».
Acció Ecologista Agró ha comentado que la intención, «manifiesta en el proyecto de decreto» de que los contenidos de los planes de prevención de incendios «se imponen sobre toda normativa territorial o de protección ambiental (como por poner un ejemplo la protección de parques naturales) no solo resulta desmedida sino puede ser de manera directa ilegal y de manera fácil recurrible». «Requeriría considerablemente más argumentaciones y precauciones», ha precisado.
En lo referente a las repoblaciones forestales, ha pedido,
Se incluyan ciertos criterios básicos orientadores como la diversidad de especies a emplear, incluyendo las arborescentes, siempre y cuando sean autóctonas, y el uso preferente de especies rebrotadores, que se regeneren velozmente y de forma gratuita, tras un incendio.
FAUNA Y REPOBLACIÓN FORESTAL
Entre las reclamaciones de Agró está asimismo el uso de «técnicas respetuosas con la fauna, la flora preexistente y el suelo fértil de las zonas a repoblar». En lo que se refiere a las actuaciones en áreas que han sufrido incendios, solicita que «se atiendan de forma más clara las recomendaciones de los informes técnico-científicos elaborados por el CEAM tras cada gran incendio, como principio orientador general».
En investigación forestal demanda,
Se tenga más en cuenta a universidades y centros públicos de investigación de las propias administraciones implicadas por ser organismos punteros sobre ecología forestal a nivel estatal y europeo.
Acció Ecologista Agró aplaude «los sacrificios al fortalecer el voluntariado, la custodia del territorio, el desarrollo rural sostenible y el mecanismo de pago por servicios ambientales» si bien solicita «más implicación, concreción y avances más efectivos».
Han zanjado.
