La coalición valencianista estudia personarse como acusación en el recurso para "reclamar los 33.000 euros que el PP ha perdonado a una empresa de Castelló".
Compromís por Castelló ha anunciado su intención de personarse como acusación en el recurso presentado contra la caducidad del expediente que obligaba al Ayuntamiento a reclamar 33.000 euros a una discoteca por incumplimientos recurrentes de los límites de sonido establecidos por la normativa.
El portavoz de Compromís, Ignaci Garcia, ha criticado que sea la ciudadanía quien deba acudir a la justicia para evitar la caducidad de estos expedientes y poder cobrar las sanciones, lo que, según él, evidencia que el Partido Popular trata a los vecinos de manera desigual. Garcia ha señalado que esta situación revela que «para el Partido Popular hay vecinos de primera y vecinos de segunda».
La coalición valencianista había denunciado anteriormente que el PP dejó caducar una sanción de 33.000 euros a una discoteca en Castelló por no respetar el derecho al descanso y violar la normativa de manera reiterada. Garcia ha lamentado que el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, perdonara esta cantidad a una empresa que afecta constantemente el descanso de los vecinos.
Mientras el gobierno persigue los movimientos sociales e impide charlas feministas alegando que hay un micrófono y un altavoz a mediodía, perdona sanciones a quienes no respetan el descanso.
Ha afirmado.
Garcia ha subrayado que «el derecho al descanso de los vecinos, para este gobierno, va por barrios». Esta denuncia se inició gracias a un vecino que recopiló informes que evidenciaban el incumplimiento de la discoteca, afectando gravemente a los residentes de la zona. Desde Compromís, han expresado su expectativa de que el gobierno municipal explique los motivos de la caducidad de la sanción y el momento en que ocurrió.
