La Ley de Costa Valenciana se aprueba en Les Corts entre la defensa de PP y Vox y las críticas de PSPV y Compromís por el “retorno del ladrillazo”.
En una sesión plenaria marcada por la polarización, Les Corts Valencianes han dado luz verde al Proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, impulsado por el Consell de la Generalitat, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo frontal de PSPV-PSOE y Compromís. La norma, que culmina su tramitación parlamentaria tras meses de intenso debate, ha sido defendida por los partidos de derecha como un instrumento para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico y turístico, mientras que la izquierda la tacha de “negacionista” y advierte que abrirá la puerta a un nuevo “ladrillazo” en el litoral valenciano.
Una ley polémica con tres figuras de protección y cambios en el Pativel
El proyecto, aprobado inicialmente por el Consell en enero de 2025, introduce tres figuras de protección para ofrecer alternativas a los propietarios afectados por los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. Además, reformula el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), impulsado por el anterior gobierno del Botànic para proteger los últimos tramos de costa sin urbanizar. Entre sus medidas, la ley prohíbe el fondeo de embarcaciones sobre la posidonia oceánica, una planta marina clave para los ecosistemas costeros. Según el Consell, la norma busca “garantizar la protección de la costa compatibilizando los valores naturales con la actividad económica”.
Sin embargo, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) expresó reparos durante la tramitación, advirtiendo,
El texto no puede suponer una marcha atrás en la protección del litoral desde el punto de vista medioambiental.
Señalando la falta de estudios previos que justifiquen su impacto en el territorio. El CJC también criticó que la ley establece un nuevo régimen jurídico para el litoral, con una anchura general de 500 metros, ampliable a 2.000 metros, lo que podría alterar la zonificación del Pativel.
PP y Vox: defensa del “sentido común” y el desarrollo económico
En el debate final, el diputado del PP Wenceslao Alós defendió la ley como un cumplimiento de los compromisos electorales de su partido, asegurando que protege “el patrimonio medioambiental, pero también el turístico y el económico”. Alós destacó que la norma introduce por primera vez la protección explícita de la posidonia y aboga por un “sentido común” en la ordenación del territorio. Además, criticó la paralización de la ley estatal de costas en el Congreso, que lleva más de un año sin avances, según afirmó.
Por su parte, Vox, a través de la diputada Ana Bellver, respaldó la ley argumentando que equilibra la protección ambiental sin perjudicar a los propietarios ni a la economía.
No vamos a permitir que un grupo de iluminados nos lleve de vuelta a la época de las cavernas en nombre del planeta.
Afirmó Bellver, quien ironizó sobre las restricciones ambientales: “Al final tendremos que ir a la playa con cita previa”. Vox logró que el PP aceptara sus 17 enmiendas al texto, consolidando su influencia en la redacción final.
PSPV y Compromís: “Una agresión al litoral” y “motivaciones inconfesables”
La oposición de izquierda no escatimó críticas. Rosario Navalón, del PSPV, calificó la ley de “tramposa” y “claramente mejorable”, acusándola de eliminar cualquier referencia al cambio climático, lo que interpreta como una concesión a las posturas negacionistas de Vox. Navalón denunció “motivaciones inconfesables” detrás de la norma, señalando que el informe de la Abogacía de la Generalitat no justificaba la urgencia de su tramitación. La socialista apuntó que el debate de enmiendas se convocó el 29 de abril, tras un apagón el día anterior, sin posibilidad de aplazamiento, lo que relacionó con presiones de “los amigos promotores” del president Carlos Mazón.
Se lo han debido pedir para que su pelotazo prometido no quede pendiente.
Espetó.
Compromís, representado por Paula Espinosa, fue igualmente contundente, afirmando que la ley no protege ni ordena el litoral, sino que supone “una agresión directa” contra su resiliencia frente al cambio climático. Espinosa criticó que la norma no contemple, por ejemplo, el impacto de la ampliación norte del puerto de València en las playas del sur de la ciudad. Además, alertó sobre la regresión de las playas valencianas y el hecho de que el 74% de la fachada litoral ya está “cubierto de hormigón”.
No podemos permitir que la costa valenciana se convierta en una muralla china de cemento.
Exigió, subrayando los riesgos de más proyectos urbanísticos tras desastres como la reciente DANA.
Tramitación y tensiones parlamentarias
La ley llega a su aprobación tras un proceso parlamentario en el que el PP aceptó todas las enmiendas de Vox, pero rechazó las presentadas por PSPV y Compromís. Para el pleno final, queda pendiente una enmienda del PP no apoyada por Vox y todas las de la izquierda, lo que evidencia la fractura entre los bloques políticos. La Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, presidida por la popular María Gómez, revisó 104 enmiendas parciales, aprobando solo las de PP y Vox.
El debate se enmarca en un contexto de creciente tensión en Les Corts. PSPV y Compromís, liderados por sus síndics José Muñoz y Joan Baldoví, acusaron a PP y Vox de “asfixiar” y “amordazar” su labor de oposición mediante “censura y opacidad”. En un acto simbólico antes del pleno, los diputados de izquierda exhibieron carteles con lemas como “No a la opacidad” y “No a la censura” en el jardín de Les Corts.
Muñoz denunció que la mayoría de PP y Vox en la Mesa de la Cámara impide el acceso a información, como los detalles sobre la actuación de Mazón durante la DANA del 29 de octubre de 2024, y criticó maniobras parlamentarias para evitar confrontaciones con Vox. Baldoví, por su parte, lamentó que los 46 escaños de la izquierda “no merecen respeto” para la derecha, acusándola de tratar Les Corts como “un coto privativo”.
El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, rechazó estas acusaciones, calificándolas de “treta” del PSPV por su frustración ante la aprobación de los presupuestos autonómicos, y defendió que no hay opacidad en el funcionamiento de la Cámara. Pérez atribuyó las críticas a una estrategia socialista para obstaculizar la actividad del Consell, especialmente tras la “marginación” del Gobierno central en la gestión de la DANA.
Contexto y reacciones externas
La Ley de Costa ha generado controversia más allá de Les Corts. Expertos que comparecieron en la Comisión de Medio Ambiente señalaron que el texto es “claramente mejorable”, y el CJC alertó sobre sus imprecisiones y la falta de estudios previos. Organizaciones ecologistas y asociaciones vecinales han expresado su preocupación por el riesgo de urbanización descontrolada, recordando que el litoral valenciano ya sufre una alta presión urbanística y los efectos del cambio climático, como la regresión de las playas y los temporales.
La aprobación de la ley coincide con un momento de fragilidad política para el Consell de Carlos Mazón, tras las críticas por su gestión de la DANA. La oposición insiste en que la urgencia por aprobar la norma responde a intereses económicos antes que a necesidades ambientales o sociales, mientras PP y Vox defienden que responde a una visión de desarrollo sostenible.
