Las pesquisas arrancaron en dos mil catorce tras el descubrimiento de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la 'Púnica', en la que pueden leerse unas iniciales, que corresponderían a donantes, al lado de unas cantidades de dinero.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga si el Partido Popular de Madrid tenía una ‘caja b’ con la que financió campañas electorales que levante la imputación de la ex presidenta regional Esperanza Aguirre y de su sucesor Ignacio González, conforme han confirmado fuentes jurídicas.
Este informe del Ministerio Público era uno de los últimos trámites que quedaban por llenar para que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, decida a qué encausados procesa y para cuáles archiva esta pieza separada número 9 de ‘Púnica’, cuya investigación concluyó el pasado mes de enero de 2022.
La nueve es la pieza separada de mayor trascendencia de esta trama de corrupción por cuanto García Castellón procura determinar si existió una ‘caja b‘ en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de dos mil siete, dos mil ocho y dos mil once.
Las pesquisas arrancaron en dos mil catorce tras el descubrimiento de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla‘ de la ‘Púnica‘, en la que pueden leerse unas iniciales, que corresponderían a donantes, al lado de unas cantidades de dinero.
En el primer golpe de la ‘Operación Púnica‘, ese año, fueron detenidas más de cincuenta personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría concedido contratos públicos por un valor de doscientos cincuenta millones de euros cuando menos desde dos mil doce en la Comunidad de la villa de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones ‘a dedo‘ y, de otro, los empresarios favorecidos por este motivo les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un entramado societario, conforme con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco estudió los hechos como un todo hasta el momento en que en dos mil quince decidió cortar la causa para ahondar en los actos delictivos distinguidos que fue observando.
