Díaz: "La ley está en un 'punto de no retorno' y el proyecto de ley se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros".
El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, 6 de mayo, el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, una medida que beneficiará a más de 12 millones de trabajadores del sector privado, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó esta decisión tras el retraso de la norma la semana pasada debido a las consecuencias del apagón masivo del lunes, afirmando que la ley está en un “punto de no retorno” y que marcará un hito en la modernización de las relaciones laborales en España.
La aprobación del proyecto, que se tramitará por vía de urgencia, llega tras intensas negociaciones con los sindicatos CCOO y UGT, quienes firmaron el acuerdo en diciembre de 2024, aunque sin el respaldo de las patronales CEOE y Cepyme. Según Díaz, la reducción no solo busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino también aumentar la productividad y reducir el absentismo, además de incluir reformas como un registro horario digital obligatorio y el derecho a la desconexión digital para proteger la salud mental de los empleados.
No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Esta medida es un proyecto de país.
Destacó Díaz.
Un trámite parlamentario incierto
A pesar del optimismo del Gobierno, la norma enfrenta un complicado camino en el Congreso de los Diputados, donde no cuenta con los apoyos asegurados para su aprobación. Junts per Catalunya, un aliado clave en la investidura, ha advertido que se opondrá al proyecto si el Ejecutivo no acepta modificaciones. Fuentes de Junts han señalado que no han recibido propuestas concretas de negociación, y Carles Puigdemont, líder del partido, ha sido presionado por patronales catalanas como Foment del Treball para rechazar la medida, argumentando su impacto económico en las pymes.
Díaz, consciente de esta resistencia, ha centrado sus críticas en el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de “colocarse en contra de su país” si vota en contra.
Vamos a poder conocer para qué sirven los 137 diputados del PP: si sirven para mejorar la vida de 12 millones de españoles o van a volver a hacer lo que han hecho siempre.
Sentenció.
La vicepresidenta recordó el error estratégico del PP al oponerse a la reforma laboral de 2022, sugiriendo que un nuevo rechazo podría tener un alto coste político, especialmente dado el amplio apoyo ciudadano a la medida (dos de cada tres españoles, según encuestas citadas por el Ministerio).
Sobre Junts, Díaz se mostró más conciliadora, afirmando que “hay margen para la negociación” y destacando que Cataluña será una de las regiones más beneficiadas por la reforma. Sin embargo, el Gobierno necesitará el respaldo de Junts si el PP mantiene su oposición, lo que podría obligar a concesiones como ayudas a las pymes o plazos de implementación más flexibles, demandas clave de los independentistas y las patronales.
Reacciones y contexto político
La aprobación del proyecto coincide con las movilizaciones del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, donde CCOO y UGT han hecho de la reducción de la jornada una de sus principales reivindicaciones. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y Pepe Álvarez, de UGT, han instado al Gobierno a acelerar el trámite parlamentario, advirtiendo que no tolerarán más demoras.
Por su parte, las patronales han intensificado sus esfuerzos para frenar la norma. La CEOE, liderada por Antonio Garamendi, estima que la reducción podría costar hasta 23.000 millones de euros, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. En un comunicado reciente, la patronal calificó la medida de “oportunismo político” y pidió a los grupos parlamentarios que actúen con “responsabilidad” durante la tramitación.
El proyecto también ha generado tensiones internas en el Gobierno de coalición. A principios de 2025, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, expresó preocupaciones sobre el impacto económico de la medida, lo que llevó a un enfrentamiento público con Díaz. Sin embargo, ambos ministerios alcanzaron un acuerdo en enero para tramitar la norma por vía de urgencia, respetando el texto pactado con los sindicatos.
Próximos pasos
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el proyecto será remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria, que podría durar entre dos y cinco meses dependiendo de las negociaciones. Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos a la nueva jornada, aunque las patronales reclaman plazos más amplios.
El éxito de la norma dependerá de la capacidad del Gobierno para tejer alianzas en un contexto de frágil mayoría parlamentaria. Mientras Díaz apela al “sentido común” ciudadano y al respaldo mayoritario de la medida, el PP y Junts mantienen su postura ambigua, dejando en el aire el futuro de una reforma que el Gobierno presenta como “histórica”.
Fotografía portada: X/@Yolanda_Diaz_
