En el Pleno de Les Corts, el PP y Vox también rechazan las propuestas del PSPV y Compromís sobre vivienda y la turistificación.
El pleno de Les Corts Valencianes ha votado en contra este jueves a la propuesta de Compromís, que buscaba establecer una comisión de investigación sobre las denominadas «terapias de conversión» dirigidas a la orientación sexual en ciertos centros vinculados a la diócesis. Esta iniciativa recibió el respaldo del PSPV, pero fue rechazada por los votos en contra del PP y Vox.
Desde Compromís, se ha denunciado la existencia de una red de «ataques y torturas homófobas» dirigidas a adolescentes en instituciones educativas asociadas al Arzobispado. Por su parte, el PP ha argumentado que estos incidentes corresponden a hechos ocurridos hace siete años que, según ellos, no fueron objeto de investigación por parte del Botànic, a pesar de que tenían conocimiento de la situación desde 2022.
Pruebas médicas a menores migrantes no acompañados
El Partido Popular y Vox han conseguido avanzar en Les Corts, con un total de 52 votos a favor y 45 en contra, una proposición no de ley presentada por Vox que solicita la realización de pruebas periciales a los menores no acompañados que han llegado a España para establecer su edad, lo cual consideran una medida de «sentido común».
Durante la discusión de la propuesta, el PSPV-PSOE y Compromís, que se manifestaron en contra, calificaron la medida de «racista» y acusaron a Vox de «promover el odio y el miedo» hacia las personas migrantes. «Van a acabar castigados en el infierno», advirtieron.
En representación de Vox, José María Llanos defendió que se trataba de una propuesta «de sentido común» y destacó su «suma importancia», ya que establece «el ámbito de los derechos» de aquellas personas que «ingresan ilegalmente en el territorio nacional».
Llanos se cuestionó sobre cómo se puede estar en contra de conocer la edad de estos individuos para poder actuar de acuerdo con la ley. También señaló que el «problema de la inmigración ilegal es muy grave» y que «todos los ciudadanos lo entienden».
Queremos saber cuál es el propósito de aquellos que, al hacerse pasar por menores, en realidad son mayores.
Aseguró.
Además, criticó a los partidos de izquierda por su «demagogia» y expresó su indignación por destinar «del bolsillo de los valencianos» una «astronómica» suma de 6.565 euros diarios para cada menor no acompañado, mientras que «nuestros menores se encuentran en una situación cada vez más precaria». «¿Cuántas familias de niños nacionales y legales podrían sobrevivir con esa cantidad?», se preguntó.
El pleno ha dado luz verde a una propuesta de Vox, respaldada por el PP, que establece que todos los menores migrantes no acompañados bajo la tutela de la Generalitat se sometan a pruebas médicas. El objetivo es determinar si son mayores de edad y, en consecuencia, qué legislación debe aplicarse en su caso. Esta iniciativa ha encontrado la oposición de los socialistas y Compromís.
Vox argumentó que «a los valencianos les interesa saber si quienes llegan y reciben más de 6.000 euros al mes» pueden ser sujetos del «Código Penal». El PP ha apoyado esta medida, señalando que podría mejorar la gestión de los recursos disponibles.
CASTIGADOS EN EL INFIERNO
La diputada del PSPV, Alicia Andújar, se refirió a la «enorme capacidad de superación» de Vox al presentar esta proposición no de ley, la cual considera que únicamente sirve para «ratificar» que los miembros de esta formación son «racistas». En un tono de advertencia, Andújar expresó: «Van a acabar castigados en el infierno».
Andújar explicó que el proceso de identificación de los menores no acompañados está regulado por el marco normativo del Convenio sobre los Derechos del Niño y por la Ley de Extranjería. En respuesta, José María Llanos criticó a Andújar, alegando que los menores que llegan a España «le importan un pimiento», a lo que ella replicó preguntándole «qué trauma tienen» con respecto a los migrantes.
NO SON MERAMENTE CIFRAS
Por su parte, Lucía Peral del PP, quien felicitó a José María Llanos por haber logrado que la izquierda «venga a evangelizarnos», señaló que España es «el único país que no cuenta con una política migratoria» y que no actúa contra la inmigración irregular. Además, criticó al Gobierno de España por el «despropósito» de «enviar menores como si fueran adultos o viceversa».
Peral destacó que el tratamiento que se debe dar a los menores no es el mismo que el de los adultos, ya que los primeros necesitan ser tutelados por la Administración. Sin embargo, se comprometió a que la Generalitat «no los abandonará» y cumplirá con la legalidad por «humanidad», al tiempo que exigió al Gobierno de España recursos para afrontar la llegada de migrantes.
En este contexto, consideró fundamental realizar pruebas a los menores no acompañados para determinar su edad y argumentó que esta medida «contribuirá a una mejor gestión». Por ello, anunció que su grupo apoyará esta proposición no de ley, subrayando que «los menores no son meramente cifras» y que estas pruebas deben llevarse a cabo siempre con las debidas garantías legales.
Avances en la ley de simplificación administrativa
En otro orden de cosas, el proyecto de ley de simplificación administrativa avanza tras el rechazo de la enmienda de totalidad presentada por el PSPV. Este partido sostiene que la norma favorece a «los especuladores» y pone en peligro la costa valenciana. El PP defiende que la ley tiene como objetivo facilitar la interacción entre la ciudadanía y la Administración mediante una reducción en los procedimientos democráticos. Además, se encuentra en negociaciones con Vox para modificar un artículo que ha disminuido de 500 a 100 metros la distancia mínima de la costa para la construcción de edificaciones.
Asimismo, avanza la tramitación de la proposición de ley de Compromís, que exige un fondo de nivelación de la financiación autonómica y la regularización de la deuda histórica de las comunidades. Esta propuesta ha quedado sola, con Vox siendo el único partido que votó a favor de su enmienda de totalidad.
Por otro lado, el pleno ha aprobado una propuesta del PP, con el apoyo de Vox y en contra de la izquierda, que solicita al Gobierno de Pedro Sánchez la cogestión de las prestaciones sociales, como el ingreso mínimo vital, ante los «incumplimientos» del Ejecutivo central en este ámbito.
Finalmente, el mayor consenso en esta sesión ha sido el decreto ley que destina 17 millones de euros en ayudas directas a agricultores y ganaderos, en respuesta al empeoramiento de las condiciones en el sector primario debido al conflicto en Ucrania y las adversas condiciones climáticas. Esta medida se ha convalidado por unanimidad.
Sin acuerdos en políticas de vivienda
El pleno ha decidido rechazar, con los votos en contra del PP y Vox, una iniciativa presentada por el PSPV que contaba con el apoyo de Compromís en relación a la vivienda. Esta propuesta solicitaba que el Consell destine a políticas públicas de vivienda una cantidad similar a la que invierte el Estado en la Comunidad Valenciana. El PP, en respuesta, ha defendido su Plan Vive, que busca construir viviendas, acusando al Botànic de «inacción» en este ámbito.
Asimismo, no se aprobó una propuesta de Compromís que pretendía «frenar» el aumento de apartamentos turísticos en la Comunidad. En este caso, el PP argumentó que, durante su mandato, se generó un problema que no supieron resolver, mientras que Vox manifestó que «imponer más restricciones no solucionará el problema».
Fotografía portada: Archivo X @cortsval
