El nuevo decreto endurece las sanciones, prohíbe los cajetines para llaves, obliga a ofrecer servicio de recepción y otorga una "mayor autonomía" a los ayuntamientos.
El nuevo decreto para regular las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana introduce una mayor autonomía para los ayuntamientos en la decisión del modelo de ciudad y en la limitación del uso de estos inmuebles. Además, establece sanciones más estrictas y novedades como la prohibición de cajetines para llaves y la obligación de ofrecer servicio de recepción.
Durante la presentación de esta norma, que será aprobada este viernes por el pleno del Consell, en el Centre del Carme Cultura Contemporánea (CCCC), estuvieron presentes el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, la consellera de Turismo e Innovación, Nuria Montes, así como representantes del sector, sindicatos y ayuntamientos.
Este nuevo decreto reemplaza al anterior y permite a los municipios decidir el modelo de ciudad que desean, pudiendo limitar el uso de viviendas como alojamientos turísticos según sus necesidades específicas.
Asimismo, todas las viviendas de uso turístico tendrán hasta el 31 de agosto para comunicar la referencia catastral de la vivienda o serán dadas de baja del Registro, ya que el plazo es «improrrogable».
Entre las novedades, también se incluye la renovación cada cinco años de las declaraciones responsables presentadas ante la Generalitat para obtener autorización, lo que permitirá una adaptación constante a la evolución del sector.
Para las nuevas viviendas de uso turístico, se deberá certificar en la declaración responsable que la comunidad de propietarios donde se ubica la vivienda no prohíbe el establecimiento de viviendas turísticas, según lo permite la Ley de Propiedad Horizontal.
Con los cambios en la titularidad de las viviendas de uso turístico, será obligatorio renovar la licencia, la cual estará vinculada al titular y no al inmueble, con el fin de evitar la especulación con estas licencias.
Además, se habilita la posibilidad de que la competencia para «incoar, instruir y resolver» los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en su ámbito territorial pueda ser delegada a los ayuntamientos que lo soliciten y cumplan los requisitos generales establecidos en la legislación reguladora del régimen local.
De esta manera, se incorporan dos nuevas infracciones: una grave (la negativa de los propietarios a facilitar la identidad de los titulares o la documentación) y otra muy grave (el alquiler por habitaciones), con multas de hasta 600.000 euros.
Se aumenta también la gravedad de dos infracciones: una leve pasa a ser grave (la falta de comunicación reglamentaria del cambio de titular), y una grave se convierte en muy grave (la sobreventa de plazas y el incumplimiento del régimen de reservas o cancelaciones).
Asimismo, los propietarios de las viviendas serán responsables subsidiarios de las infracciones que se cometan, ya que actualmente solo es responsable quien comercializa la vivienda, que no siempre es el propietario.
Todas las viviendas que se comercialicen deberán cumplir con la normativa de habitabilidad y los códigos de edificación vigentes, y se les exigirá algunos elementos adicionales para mejorar la calidad del servicio que ofrecen a los turistas.
MEJORA EN LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN
El nuevo decreto establece la obligación de identificar a las personas que se alojarán en las viviendas de uso turístico, y se permitirá desalojar a los usuarios que incumplan las normas de la vivienda sin derecho a reembolso.
Además, este decreto busca mejorar los servicios de inspección mediante el uso de inteligencia artificial para detectar apartamentos ilegales y realizará campañas de sensibilización para que los propietarios registren sus propiedades.
Se profundizará en la colaboración público-privada con plataformas de reservas, en coordinación con los ayuntamientos, la Policía de la Generalitat y los cuerpos de policía local, para identificar viviendas irregulares.
Nuria Montes ha señalado que se establecerán tres escenarios para los diferentes regímenes transitorios. En primer lugar, las viviendas de uso turístico utilizadas antes del 1 de julio de 2018 mantendrán su inscripción en los términos originales.
El segundo régimen transitorio se aplicará a las viviendas autorizadas entre el 7 de julio de 2018 y la entrada en vigor de este decreto ley. Estas mantendrán su inscripción, pero tendrán un plazo de cinco años para adaptarse a los requisitos de calidad de servicio, y en 2030 deberán renovar la declaración responsable con un nuevo informe de compatibilidad urbanística.
El tercer régimen será para las viviendas autorizadas a partir de la entrada en vigor de este nuevo decreto ley, «que será el día siguiente de su publicación en el DOGV, posiblemente la próxima semana», indicó la consellera.
Estas viviendas quedarán sujetas al nuevo régimen y deberán renovar su declaración responsable cada cinco años, aprobando el informe de compatibilidad urbanística y presentando un certificado vigente de su comunidad de propietarios.
Montes explicó que, si durante este periodo de cinco años la comunidad de vecinos decide cambiar sus estatutos en relación con el uso turístico, el inmueble podría quedar excluido del uso turístico.
Un decreto consensuado
El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha destacado «el diálogo y el consenso alcanzado con todos los actores para ordenar, aportar rigor y dar seguridad a la gestión adecuada del mercado de las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana».
Ha explicado que este acuerdo normativo, denominado «‘decreto Montes‘», se ha elaborado en colaboración con el sector, sindicatos, asociaciones de consumidores, operadores, plataformas de reservas y 71 municipios turísticos.
Con este marco legal aportamos seguridad y certeza, y avanzamos en nuestro modelo de turismo sostenible que no renuncia a nada ni condena a nadie.
Ha afirmado.
Asimismo, ha reiterado su compromiso con el sector para que «nuestro turismo siga siendo el mejor en oferta, sostenibilidad medioambiental, impacto económico y social». Ha recordado que la industria turística representa casi el 16% del PIB y del empleo en la Comunitat Valenciana, y contribuye con el 12% al total del sector en España.
Para el ‘president’, este decreto «pone orden, sensatez, diálogo y verdad a un sector estratégico para la Comunitat Valenciana frente a los últimos ocho años de desorden, ocurrencias e imposiciones».
Ha señalado que «mientras una parte del anterior Consell fomentaba la turismofobia y ponía trabas al sector, otra permitía que el número de viviendas turísticas aumentara desordenadamente en un 160%». Según datos de la administración, el número de viviendas turísticas registradas ha pasado de 38.319 en 2015 a 105.111 a fecha de 15 de julio.
En este sentido, ha indicado que «ese crecimiento desordenado genera efectos nocivos» y ha asegurado que con este decreto «llegamos a tiempo para evitar que las disfunciones sociales y de convivencia se conviertan en problemas graves».
Además, ha señalado que el incremento desordenado de apartamentos turísticos afecta a todas las autonomías, por lo que ha reclamado al Gobierno central que convoque la conferencia sectorial de turismo.
Hay que buscar una respuesta unitaria y una estrategia común que recoja lo que establece la normativa europea y que permita luchar contra la oferta irregular.
Ha concluido.
