Publicado en okdiario por Carlos Cuesta 18/10/2020
La propuesta implica cambiar dos leyes para que una de cada tres plazas se cubran por concurso por parte del CGPJ.
Isabel Díaz Ayuso acaba de dar el paso más decidido en la erradicación de la politización de la Justicia. El control político no sólo existe sobre el CGPJ, tal y como quiere ejercerlo el Gobierno de Pedro Sánchez, también por parte de las comunidades autónomas y sobre los tribunales superiores de justicia de cada región española. La Comunidad acaba de impulsar en su Consejo de Gobierno la proposición de ley para eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid a la hora de proponer el nombramiento de jueces.
Actualmente, parte de los magistrados de las salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de ternas presentadas por los parlamentos autonómicos. Este sistema permite, de este modo, influir desde la capa política en la designación final de los jueces en organismos tan relevantes para infinidad de causas como los Superiores. De hecho, y por ejemplo, los gobernantes o diputados autonómicos están aforados ante estas salas de Justicia.
La propuesta del Ejecutivo madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso implica cambiar dos leyes para que una de cada tres plazas se cubran por concurso por parte del CGPJ y desaparezca la intoxicación política autonómica. En abril el Consejo General del Poder Judicial avaló el anteproyecto presentado a iniciativa de la Comunidad. Y ahora la Comunidad de Madrid, a través del Consejo de Gobierno, ha aprobado la proposición de ley con la que se pretende eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid para proponer una de cada tres plazas de juez de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El objetivo de esta modificación legislativa es permitir que los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un compromiso del Gobierno regional que profundiza en el proceso de despolitización, imparcialidad e independencia de la Justicia, como señala el texto impulsado por la Comunidad de Madrid.
A propuesta de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, dicha Proposición de Ley conlleva la modificación de dos artículos: el 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el 13.2 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
Ya en abril el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por mayoría el informe del anteproyecto de proposición de ley para modificar ambas leyes. En el primero de ellos se propone que en las salas de lo Civil y lo Penal de los tribunales superiores de Justicia, el CGPJ sea el encargado de cubrir por concurso una de cada tres plazas por un jurista de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma. Hasta ahora la elección se ha realizado, a partir de una terna, a propuesta de la Asamblea de Madrid.
Con el cambio legislativo planteado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, las restantes plazas también serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del CGPJ entre los que lleven diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad, como ya se hace en la actualidad.
En el otro artículo que se modifica, se suprime la propuesta de nombramiento entre la terna promovida por la Asamblea de Madrid y, al igual que en el anterior punto, se sustituye por magistrados nombrados por juristas de reconocido prestigio, en la forma prevista en el artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tras la aprobación de esta Proposición de Ley en el Consejo de Gobierno, se remitirá a la Asamblea de Madrid para su tramitación por procedimiento legislativo común. Una vez que culmine la tramitación en la Asamblea, el Parlamento regional lo remitirá como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados.
Todo ello ocurre mientras el Gobierno de Pedro Sánchez pretende impulsar sin consenso exactamente lo contrario: una hiperpolitización del Poder Judicial: la designación de todos los vocales del CGPJ por mayoría absoluta, rebajando la actual mayoría cualificada de 3/5. Además, socialistas y comunistas quieren extender ese asalto también a la renovación del Tribunal Constitucional, que tiene pendiente desde noviembre de 2019 el recambio de cuatro magistrados, incluido su presidente, Juan José González Rivas, a elegir por el Congreso de los Diputados.
Fuentes gubernamentales insisten en que pretenden convencer al PP de la necesidad de desbloquear este órgano, pero que, en caso de prolongarse la situación de bloqueo como en el caso del CGPJ, Moncloa dará un paso al frente para forzar tal renovación en ambos organismos, dado que «las Cortes son soberanas», según las mismas fuentes.
