El Grupo Municipal Popular alegará contra la eliminación del topónimo en castellano y contra el derribo de la Cruz del Ribalta, homenaje a todas las víctimas de la violencia
“En lugar de mirar al futuro, el gobierno de Amparo Marco se ha dedicado a dinamitar los acuerdos de consenso alcanzados en la Transición”, defiende.
El Grupo Municipal Popular de la ciudad de Castellón anuncia alegaciones contra la eliminación del topónimo en castellano y contra el derribo de la Cruz del Ribalta. Dos decisiones unilaterales, impuestas por el gobierno municipal de PSOE y Compromís de espaldas a la mayoría social de castellonenses.
Para la portavoz popular, Begoña Carrasco, es urgente que la ciudad vuelva a la normalidad, “para poder mirar hacia el futuro hay acabar con las imposiciones y sectarismos de un gobierno municipal, el de Amparo Marco, que no mira por el interés general, sino sólo por el de los socios que la hicieron alcaldesa”.
Carrasco lamenta que “tanto en el caso del cambio de topónimo, como en el caso del derribo de la Cruz del Ribalta, lo que se ha hecho es dinamitar los consensos alcanzados en tiempo de la Transición democrática. Un gobierno enrocado en el pasado no puede avanzar, ni centrarse en lo que preocupa y ocupa a la ciudadanía, no atiende a sus prioridades”.
El principal argumento que defienden los populares para alegar contra el derribo de la Cruz del Ribalta se centra en el acuerdo municipal adoptado por la corporación de 1979 mediante el cual el monumento, obra del arquitecto Vicente Traver, fue desde entonces símbolo de reconciliación y en recuerdo a todas las víctimas de la violencia sin distinción.
“Por esta razón, no atenta contra la Ley de Memoria Histórica. El empeño de querer eliminarla es sólo del gobierno, porque nadie lo ha pedido ni es una prioridad para los castellonenses como sí lo es el paro, la falta de libertad en la educación o los continuos recortes en Sanidad que están relegando a Castellón a una capital de segunda, por detrás de Valencia y Alicante”, recuerda Carrasco.
En cuanto a la eliminación del topónimo bilingüe, la portavoz de los populares aboga por recuperar la cooficialidad en el nombre de la ciudad, y “que podamos utilizar indistintamente y con libertad Castellón de la Plana y Castelló de la Plana, siendo ambos nombres oficiales y reconocidos, como lo han sido durante 36 años”.
El reciente acuerdo que elimina la forma castellana del topónimo, imponiendo únicamente la forma valenciana, “solo ha traído malestar, crispación social y enfrentamientos entre la sociedad, porque no ha sido en ningún momento una demanda social. Castelló y Castellón, su forma oficial bilingüe lo ha sido desde el 19 de julio de 1982 cuando fue aprobado por el Ayuntamiento. Lo que ha intentado esconder el gobierno de PSOE y Compromís es un ata medida sectaria y de satisfacción a sus afiliados, que busca imponer una de nuestras dos lenguas oficiales sobre la otra”, señala.
