En el pleno del ayuntamiento de Cabanes de ayer, se aprobó por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal de Units pel Poble-Compromís
En ella se exige pedir en el Gobierno central asumir el coste del canon de construcción de la desaladora y eximir el ayuntamiento de esta obligación y al mismo tiempo modificar el convenio firmado entre el ayuntamiento y Acuamed, mantener los acuerdos actuales, y empezar a trabajar con otro que contemple un nuevo estudio de viabilidad que valore los posibles usos, aprovechamientos, de la desaladora y renegociar los acuerdo teniendo en cuenta la nueva realidad, y elaborar un plan para analizar los posibles usos alternativos de estas.
Tal y como ha explicado el portavoz de Units pel Poble-Compromís, David Casanova “ En plena época del boom inmobiliario, y a petición del ayuntamiento gobernado por el PP pero con el beneplácito del PSOE, el Gobierno central de Zapatero, aprobó la creación de desaladoras en los municipios de Cabanes y Moncofa para permitir y promover grandes actuaciones urbanísticas en el litoral de Castellón y, en teoría, mejorar el suministro actual. El ayuntamiento de Cabanes, regaló gratuitamente suelo público de gran valor económico por esta infraestructura. A pesar de esto, la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterrráneas, S.A. ha venido empleando el nombre de desaladora de Oropesa del Mar. En cambio, en Moncofa se expropiaron los terrenos necesarios”
La exposición de motivos de esta moción recuerda como Acuamed promovió la actuación dentro del Programa AGUA y firmó convenios con los ayuntamientos afectados; Cabanes, Oropesa del Mar, y, más tarde, Benicasim.
Pasados los años, esta infraestructura se ha posado parcialmente en funcionamiento, firmante con Oropesa del Mar y Benicasim convenios temporales para salir del paso, pero con un horizonte en el cual serán los ayuntamientos quienes acaban haciéndose cargo del coste no subvencionado de la construcción,
La desaladora de Cabanes recibió de fondo Feder europeos 17,2 millones de euros y está todavía para resolver como se financian el total de 34,8 millones de euros además del coste de mantenimiento de las instalaciones y de producción del agua desalada que es, obviamente, cara. Esta actuación vergonzosa se impulsó, para favorecer grandes operaciones urbanísticas, que finalmente no salieron adelante.
Casanova va defendido que “ Hay que apostar porque se firman nuevos convenios donde el Estado asuma su coste, pero también donde se determinan los derechos de uso en el cuales se contemplan usos ambientales para recuperar pozos y aguas subterráneas, usos de adaptación al cambio climático (momentos de sequía), usos agrícolas, humanos y de desarrollo económico con premisas de sostenibilidad. Hacen falta nuevos acuerdos entre administraciones dónde, además de resolver ese coste, se analizan prioritariamente cuestiones sociales, ambientales y de desarrollo sostenible. Nosotros fuimos el único grupo municipal que en su día se opuso a esta desaladora, a regalar el suelo a ACUAMED mientras en Moncofa se expropiaba”
