No puede ser concejal de Seguridad el que señala, difama y acusa sin pruebas a quienes tienen la piel más oscura.
Si Begoña Carrasco no cesa de inmediato al ultra Antonio Ortolá como concejal de Seguridad Pública y Emergencias, se convertirá en cómplice y colaboradora necesaria de los mensajes xenófobos y racistas que éste lleva un año propalando desde su atalaya de jefe político de la Policía Local.
Una actitud deleznable que alcanzó su episodio más bochornoso el domingo 18 de agosto a raíz del asesinato de un niño de once años en el municipio toledano de Mocejón, cuando el irresponsable concejal de Vox publicó en su cuenta de X un tuit con la siguiente falsedad: “Confirmado: el asesino es un magrebí”.
La verdad es que no resulta muy fiable, ni para ella misma, el ojo clínico de la alcaldesa al elegir compañeros de viaje intramuros y extramuros del PP, ya que sus malas decisiones le están acarreando importantes dolores de cabeza.
Como siga así se acabará convirtiendo en la alcaldesa bombera que continuamente, extintor en mano, se verá abocada a apagar los incendios políticos originados por el polimultado concejal 134 y el edil difusor de bulos xenófobos y racistas.
En lo referente al tuit ofensivo de Ortolá, la plataforma ciudadana Castelló per la Justícia y contra la Corrupció confía en que la Fiscalía realice las actuaciones pertinentes.
Porque justamente hablamos de esto, ya que la xenofobia consiste en mostrar odio, repugnancia y hostilidad hacia los extranjeros y el racismo sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, circunstancia que puede originar discriminación y persecución social.
Añado que hacia los extranjeros de tez oscura, porque dudo mucho que Abascal, Ortolá o García Albiol tengan algo contra los fornidos ciudadanos de piel blanca de Estados Unidos, los países nórdicos, Francia, Alemania o el Reino Unido.
Centrándonos en Ortolá, cabe preguntarse si la Fiscalía analizará su despiadado tuit, después de que el ministerio público haya anunciado la intención de estudiar si hay delito de odio en los mensajes que criminalizan a menores migrantes en redes sociales. En este sentido, conviene reseñar que el presidente de la plataforma ciudadana Castelló per la Justícia y contra la Corrupció, Antoni Porcar, ha expresado públicamente que confía en que la Fiscalía “hará las actuaciones pertinentes”.
También tengo interés por saber si el todavía concejal de Seguridad puede verse temporalmente excluido de las redes sociales, ahora que el fiscal de sala coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, propone la aplicación de semejante castigo a quienes cometan estos delitos por Internet.
Carrasco debe cesar a Ortolá, la historia enseña que en demasiadas ocasiones los señalamientos públicos han sido el prólogo de hechos muy graves que han costado muchas vidas humanas.
Haga lo que haga la Fiscalía, políticamente la pelota está en el tejado de Begoña Carrasco, que debería entender que ponerse de perfil no es una opción. No puede ser concejal de Seguridad quien señala, difama y acusa sin pruebas a quienes tienen otro color de piel. Recuerde la alcaldesa que a largo de la historia los señalamientos han sido el prólogo de hechos muy graves que han costado muchas vidas humanas.
No es de buen gusto decir que alguien tiene cara de culo, pero todos sabemos lo que se pretende al asegurar, siendo mentira, que el asesino de Mocejón fue un magrebí. Cuidado con estas cosas que, se sabe cómo empiezan, pero no cómo pueden terminar.
Por cierto, la mácula no se anula borrando el tuit ofensivo y pidiendo disculpas con la boca pequeña; si se determinara que ha habido delito, la sanción debe ser obligada.
Rafa García. Periodista
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