La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, defiende la libertad de las familias para escoger el modelo educativo y la enseñanza plurilingüe: castellano, valenciano e inglés. “Independientemente de lo que diga la ministra Celaá es un derecho constitucional que asiste a las familias”, señala.
“Hemos presentado una iniciativa plenaria instando, por un lado, al Gobierno de Sánchez a situar en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y, por otro, instando a la Generalitat a velar por los derechos lingüísticos de los alumnos, garantizando la suficiencia de plazas en las dos lenguas cooficiales y velando para que al menos un tercio de horas se impartan en inglés”, explica.
La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, defiende la libertad de las familias a la hora de escoger el modelo educativo que prefieren para sus hijos y la enseñanza plurilingüe: castellano, valenciano e inglés. “Independientemente de lo que diga la ministra de Educación, Isabel Celaá, este es un derecho constitucional que asiste a todas las familias”, indica. Así se ha pronunciado Carrasco ante las recientes declaraciones de la ministra asegurando que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”, que han causado un profundo malestar en la sociedad a cuenta de la libertad educativa.
En este sentido, los populares han registrado una iniciativa con la intención de que forme parte del próximo pleno, a celebrar el día 30 de enero, instando, por un lado, al Gobierno de Pedro Sánchez a situar en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y, por otro lado, instando a la Generalitat Valenciana a velar por los derechos lingüísticos de los alumnos, garantizando la suficiencia de plazas en las dos lenguas cooficiales y velando para que al menos un tercio de horas se impartan en inglés.
“La libertad educativa es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española de 1978 en su artículo 27, donde se puede leer: “Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Es indiscutible que los padres son los responsables de la educación de sus hijos y este papel no puede ser sustituido, ni condicionado por el Estado”, recuerda Carrasco.
La líder de los Populares en la ciudad de Castellón considera que las familias deben tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza sus derechos, “no solo de libertad, sino también de igualdad, que buena parte de la sociedad considera quebrados y en riesgo. Siempre hemos defendido y defenderemos que la educación debe pasar por la libertad de elección de las familias, sin imposiciones. Y son las administraciones las que deben garantizar la igualdad de elección entre todos”.
Por otro lado, los populares defienden un modelo plurilingüe, donde no se discrimine una lengua a costa de otra, “como pretende el conseller Marzà, su modelo impone que a más horas de valenciano, más horas de inglés, no siendo igual para quienes elijan más horas lectivas en castellano”, explica Carrasco.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece en su artículo 6 que la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano, que el idioma valenciano es el oficial de la Comunidad Valenciana, al igual que lo es el castellano. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos. La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. Además, en su apartado cuarto, el mencionado artículo señala que nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua.
El Partido Popular defiende la pluralidad y el derecho que tienen las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos, mostrando el completo rechazo a unas declaraciones de la ministra Celaá, que fueron “muy desafortunadas, aunque también clarificadoras sobre cuál es la postura del Gobierno respecto a la Educación”. El Estado no puede sustituir a las familias con el único objetivo de imponer un “modelo único”, sino que debe velar por la libertad de elección educativa, y, en consecuencia, la administración autonómica que tiene las competencias educativas delegadas, debe garantizar, según los populares, una enseñanza plurilingüe: castellano, valenciano e ingles, garantizando la suficiencia de plazas en las dos lenguas cooficiales y velando para que, al menos, un tercio de horas se impartan en inglés.
