La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, reitera su petición de bajar la presión fiscal a los castellonenses. “Los datos de ejecución presupuestaria del tercer trimestre del año, dan margen suficiente para que el Ayuntamiento baje impuestos y tasas al contribuyente, sin castigar a los vecinos con nuevas subidas en 2020”.
“El gobierno municipal prefiere destinar el dinero presupuestado y no invertido en la ciudad de Castellón a los bancos y aprueba una nueva subida de la tarifa del agua, que puede ser de hasta 210 euros más, y de los gastos del servicio de cementerio, de manera que morirse resultará todavía más caro a los castellonenses”, critica.
La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, reitera su petición al gobierno municipal de Amparo Marco de bajar la presión fiscal a los castellonenses, “porque la pobre ejecución del presupuesto correspondiente al tercer trimestre del año 2019, de apenas un 50%, que ha sido ratificada en el pleno, deja margen suficiente para hacerlo”. “Ya anticipamos que el gobierno municipal trabaja poco y así lo demuestran los resultados oficiales de su gestión, extraídos del órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad”, añade.
Del presupuesto municipal de 2019 apenas se han ejecutado un 53% de las partidas, es decir, prácticamente la mitad, mientras un 47% está intacto. Prácticamente sin tocar están las partidas de Vivienda, Empleo, Igualdad o Presupuestos Participativos. En materia de inversiones solo hay ejecutado un 28%. Mientras que por el contrario, el presupuesto de publicidad se ha gastado prácticamente en su totalidad y se contemplan otros 70.000 euros adicionales antes de finalizar el año.
A las vista de esta “incapacidad de gestión”, porque “el gobierno municipal no invierte lo que prometió a los castellonenses”, Carrasco señala además que, “los 10,46 millones de remanente que les han sobrado suponen una cantidad más que suficiente para bajar impuestos, que siguen siendo de los más elevados de toda España. Castellón es la segunda ciudad española que más IBI cobra, por detrás de Madrid, y la cuarta con mayor presión fiscal a sus vecinos, según el informe Panorama de la Fiscalidad Local 2018”.
Carrasco recuerda que desde el cambio de gobierno municipal, la presión fiscal por habitante “no ha hecho más que subir”. Si en el 2013 la presión fiscal por habitante era de 663 euros, según datos oficiales del organismo de gestión presupuestaria del Ayuntamiento, en 2015, estos mismos datos confirman que la presión fiscal por castellonense ya era de 698 euros y en el año 2017 de 757,09 euros.
Y la tendencia sigue al alza, “a falta de concretar el número definitivo de habitantes en 2019 nos vamos a ir a una presión fiscal por habitante de más de 740 euros”, advierte Carrasco. “Una forma de gestionar que se aleja mucho de las promesas de este gobierno, que decía trabajar por las personas, pero que, cada vez más, exprime los bolsillos de los castellonenses con políticas presupuestarias que no revierten ni en más inversiones para la ciudad ni en mejorar la calidad de vida de los castellonenses”, añade.
La portavoz de los populares reprocha al gobierno municipal que prefiera destinar el dinero presupuestado y no invertido en la ciudad de Castellón, a los bancos, como ha hecho al dedicar 9 millones de euros del remanente, una situación que es así porque la alcaldesa Amparo Marco no hace lo que aprueba en su presupuesto. “Mientras, el gobierno municipal aprueba una nueva subida de la tarifa del agua que puede ser de hasta 210 euros más en algunas viviendas, y de los gastos del servicio de cementerio, que aprovechando la obligatoriedad de redactar una ordenanza reguladora, el Ayuntamiento ha aprobado una subida de los gastos derivados de sepelio, de manera que morirse resultará todavía más caro en la ciudad de Castellón”, critica.
Dicha ordenanza recoge una subida del 2,9% con respecto a las tarifas actualmente en vigor, de manera que el entierro en un nicho o en sepultura verá incrementado su coste, también las incineraciones o el traslado de restos de un cementerio a otro. Carrasco insiste, “no cuestionamos que la nueva ley obligue a activar una ordenanza, ni los legítimos derechos de la empresa concesionaria, lo que no compartimos es que el aumento del coste del servicio vaya a cuenta de de los usuarios y no de las arcas públicas, a pesar de tener unos excedentes de remanente de tesorería que superan los 10 millones de euros”.
Y lo mismo ocurre con la tarifa del agua. En el 2020 los castellonenses pagarán más tras ser aprobada una subida de esta cuota que afectará de manera muy notable a las nuevas altas, con incrementos que llegan hasta los 210 euros. Las nuevas tarifas recién aprobadas por el equipo de gobierno, el pasado 31 de octubre, implican un incremento sobre todas las cuotas del 0,27% sobre los precios actuales. A esto se sumarán otras subidas, como las relacionadas con los derechos de enganche, que pasan de 89,4 euros a 134,5 euros en el casco urbano, es decir pagarán 45 euros más; de 176,6 a 265,6 euros en el ensanche, suponiendo un incremento de 89 euros más, y de 420,1 a 631,9 euros en la Playa del Pinar.
El Grupo Municipal Popular insta, de nuevo, al gobierno de Amparo Marco a realizar un esfuerzo para bajar los elevados impuestos a los castellonenses. Y lo hace ahora que se están confeccionando los presupuestos para 2020. “Ya lo pedimos en el Pleno de octubre -vía moción, que fue rechazada por los partidos de l’Acord de Fadrell-, proponiendo ajustar la recaudación en materia de impuestos y tasas a los gastos reales de funcionamiento del Ayuntamiento, porque de nada sirve recaudar más si el dinero no revierte en mejorar la calidad de vida de los vecinos de Castellón”, concluye Carrasco.
