La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, registra una declaración institucional para que el consistorio exija al Gobierno de España que “no utilice el estado de alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de los castellonenses”.
El PP lamenta que, “además de negar injustificadamente a los ayuntamientos el pago del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017, con un absoluto desprecio hacia nuestra Constitución y las leyes que regulan la organización, competencias y Hacienda de las entidades locales, el Gobierno de España esté estudiando confiscar el superávit de 2019, así como los recursos que éstos tienen en entidades bancarias”.
La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, reclama a Pedro Sánchez que “ni se plantee ‘confiscar’ el dinero de los castellonenses para salvar las nefastas políticas que está desarrollando desde el Gobierno de España, y que son “una fábrica de parados y creación de pobreza. Los ayuntamientos no podemos pagar los platos rotos de la debacle a la que está arrastrando a todos los ciudadanos. Ese dinero ha de servir para ayudar a paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 en la ciudad de Castellón, porque ha salido directamente de sus impuestos”.
Por este motivo, el Grupo Municipal Popular ha registrado para su aprobación en el próximo pleno municipal una declaración institucional en la que solicita al Gobierno que “respete y garantice la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus propios recursos, siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado”.
Según ha denunciado la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, “el Gobierno de España está estudiando ‘confiscar’ el superávit generado en 2019 por las entidades locales, así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias, unos 28.000 millones de euros, según se deduce de las declaraciones realizadas por los miembros del consejo de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez”. Una noticia que, según ha lamentado Carrasco, “se ha visto ratificada por las declaraciones que la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realizó el pasado 30 de abril en el Congreso de los Diputados, en las que hizo alusión a la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para emplear el superávit municipal para cubrir aquello que el resto de administraciones no pueden llegar. Superávit que, precisamente, han permitido reducir el nivel de endeudamiento de las entidades locales a lo largo de los últimos ejercicios”.
Por todo ello, los populares reclamarán en el próximo pleno el apoyo unánime de los grupos que conforman la corporación municipal castellonense para exigir al Gobierno que “no utilice los poderes excepcionales que le confiere el Estado de Alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de los castellonenses. Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y ya han demostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada, como es el caso del Ayuntamiento de Castellón”.
“Esos fondos son de vital importancia para muchas familias, pymes y autónomos que en estos momentos se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, por lo que no vamos a permitir que se destinen a paliar la incompetencia del Gobierno en la gestión de esta crisis en lugar de servir para ayudar a nuestros ciudadanos”, ha asegurado la concejala del PP.
En ese sentido, ha reiterado la “necesidad” de que el Ejecutivo “flexibilice las reglas para que las entidades locales puedan utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia y contribuyan a frenar sus devastadores efectos sanitarios, sociales y económicos”.
“Si el Gobierno se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales, deben validar dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados, ante los representantes de todos los españoles, dado que la declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes del Estado”, ha incidido la portavoz municipal del PP, que también ha instado al Ejecutivo a “cumplir lo acordado por la FEMP y el Gobierno de España en la reunión celebrada el pasado 20 de abril y en la que estuvo presente el propio presidente del Gobierno para que no se planteasen cambios en el Congreso sin estar previamente consensuados con las entidades locales”.
“Las entidades locales no pueden ser la tabla de salvación para un Gobierno que, desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles”, ha aseverado Carrasco que, al respecto, ha recordado que ha sido precisamente el Gobierno quien “ha negado a las corporaciones locales y comunidades autónomas los ingresos que les corresponden por ley, como el IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017, que continúa impagado”.
