En la imagen uno de los acusados, el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por 'La Vall ens Uneix' Jorge Rodríguez.
El conocido como caso Alquería se ha quedado con catorce acusados, entre ellos, el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual regidor de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, tras exculpar la Audiencia de Valencia a uno de los exdirectivos de Divalterra, empresa pública de la Diputación provincial ya cerrada y que había reemplazado a la antigua Imelsa.
Este lunes ha arrancado en la sección primera de la Audiencia de Valencia el juicio por el caso Alquería y al comienzo de la vista las acusaciones populares (PP y Acción Civil) han pedido la retirada de la acusación de Pau Pérez, uno de los ex altos cargos acusados en Divalterra.
El tribunal, al estar Pérez sentado en el banquillo de los acusados solamente a solicitud de las acusaciones populares, ha acordado dictar su absolución ‘in voice’, con lo que este ha abandonado el juicio al lado de su letrado.
Así, el procedimiento suma catorce acusados, entre ellos Rodríguez, para el que Fiscalía demanda 8 años de cárcel y veinte de inhabilitación. Exactamente la misma solicitud de prisión la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la empresa provincial, Ricard Gallego, y para el consultor Manuel Reguart (los dos por colaboración necesaria) y para los dos exgerentes de la compañía pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejercita la acusación, demanda dieciocho años de prisión para Rodríguez.
El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la compañía pública Divalterra que se cerró el mes pasado de junio, para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.
Rodríguez llegó a ser detenido el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, corporación de la que dimitió en el mes de julio, aunque se sostuvo como primer edil de Ontinyent, cargo que convalidó en las municipales de junio de dos mil diecinueve con La Vall Ens Uneix, tras dejar en el mes de abril de ese año el PSPV.
A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Además de esto, el fiscal solicita para las 7 personas contratadas como cargos de alta dirección 6 años de prisión: uno por falsedad documental y 5 más por malversación de caudales por colaboración necesaria; y otros 6 para el letrado-consultor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. Asimismo solicita el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.
